Miguel Surun Hernández, la atribuye al rechazo de recibir nuevos internos en las cárceles de San Luis, Las Parras y La Victoria, alegando sobrepoblación carcelaria.
Decenas de personas detenidas de manera preventiva en los destacamentos policiales de Santo Domingo Este no están siendo trasladadas al Juzgado de Atención Permanente, en violación al plazo constitucional de 48 horas para el conocimiento de medidas de coerción.
Así lo denunció este miércoles Miguel Surún Hernández, presidente de la Fundación Primero Justicia y ex presidente del Colegio de Abogados.
Dijo que los detenidos se mantienen en condiciones de hacinamiento extremo en las dependencias policiales, sin acceso a la justicia oportuna, pese a que la Constitución dominicana garantiza el derecho a ser presentado ante un juez dentro de las primeras dos jornadas tras su arresto.
Surun Hernández atribuyó esta crisis al rechazo del sistema penitenciario a recibir nuevos internos en las cárceles de San Luis, Las Parras y La Victoria, alegando sobrepoblación carcelaria.
“El Ministerio Público culpa al Ministerio de Justicia, y este al sistema penitenciario, mientras los detenidos permanecen en los destacamentos sin audiencia, como si fueran objetos de traspaso y no personas con derechos”, afirmó.
Calificó la situación como “anómala, peligrosa e inconstitucional”, y advirtió que recuerda “los tiempos oscuros en que las personas eran detenidas sin orden judicial ni plazos definidos”, lo que atenta directamente contra el Estado de Derecho.
Surun destacó que, pese a la existencia de la llamada “Carcelita” en la Ciudad Judicial de Sabana Larga, un centro diseñado para albergar detenidos temporalmente mientras son presentados ante el juez, esta no ha sido puesta en funcionamiento de manera efectiva.
“Es inconcebible que no se active un espacio que podría resolver, al menos parcialmente, este colapso. No hay excusa para no garantizar el derecho a la audiencia dentro del plazo constitucional”, sostuvo.
El jurista exhortó al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia a asumir sus responsabilidades y coordinar una solución inmediata.
Criticó la postura de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), cuyo director, Roberto Santana, mantiene la política de “un preso por cama”, lo que, según Surun, “no puede convertirse en una excusa para paralizar el sistema”.
