La Segunda Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional impuso una medida de coerción real ascendente a 5 millones de dólares contra las sociedades Dynex Energy Group, Dynex Energy RD, S.R.L. y su representante local, Carlos Matamoros Bregni, entidades vinculadas a la operación de la central eléctrica flotante Karpowership, en Puerto Viejo, Azua.
La decisión fue adoptada por la jueza Clara Luz Almonte, quien autorizó a la firma Transcaribbean Energy Partners & Consulting (TEPC) a ejecutar embargos retentivos, conservatorios e hipotecas judiciales provisionales sobre los bienes muebles e inmuebles de los imputados.
Aunque el tribunal acogió la totalidad de las medidas cautelares reales (económicas), la jueza rechazó la solicitud de impedimento de salida del país formulada contra Carlos Matamoros Bregni.
El tribunal estimó que su condición de extranjero no constituye por sí sola una presunción de peligro de fuga, ni se aportaron elementos suficientes para justificar dicha restricción personal.
La magistrada Almonte fundamentó la decisión en la existencia de un “crédito justificado en principio” y en la necesidad de “evitar la insolvencia inminente del imputado”.
Los abogados de la parte querellante, Jorge Lora Castillo y Jorge Lora Olivares, explicaron que el embargo retentivo alcanza no solo los bienes de Dynex y Matamoros Bregni, sino también las sumas de dinero que terceros les adeudaren o tuvieren que desembolsar por la operación de las barcazas en Azua, los cuales quedan congelados hasta saldar el monto autorizado.
De acuerdo con los documentos presentados en el tribunal, la disputa surge de un acuerdo suscrito el 25 de mayo de 2018, en el cual Dynex designó con carácter de exclusividad a TEPC como socio local para desarrollar el proyecto de generación térmica en el país. El contrato establecía una distribución de fondos de un 55% para TEPC y un 45% para Dynex.
Pese a que las barcazas de 188 megavatios ya se encuentran operando y generando ingresos, la parte querellante denuncia que no ha recibido el porcentaje pactado tras más de seis años de trabajo e inversión en estudios técnicos, gestión de permisos y contactos institucionales.
De acuerdo con los abogados de los querellantes, un auxilio judicial tramitado vía la Superintendencia de Bancos constató 18 transferencias de Karpowership a Dynex entre marzo y abril de 2025. Los imputados habrían recibido RD15,098,459.04 y US3,098,396.71 derivados del proyecto, sobre los cuales no se habría pagado el 55% correspondiente a TEPC.
“Las barcazas están en Azua generando y cobrando todos los meses. Nuestro representado puso seis años de trabajo y recursos propios, y lo que recibió fue silencio. La única vía para detener estos embargos es pagar”, afirmaron los juristas.
