Guayubín.- El Tribunal Constitucional ordenó al ayuntamiento de este municipio entregar la información relacionada con el cobro de arbitrios por uso de suelo a compañías eléctricas.
La normativa fue acogida mediante una acción de amparo interpuesta por los ciudadanos Luis M. Jiménez y Ángel Marzán Zacarías, quienes denunciaron la negativa de la institución municipal a suministrar los datos solicitados.
La decisión está contenida en la sentencia TC-0573-26, emitida el pasado 16 de julio, mediante la cual el alto tribunal revocó una sentencia de la Cámara Civil del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Montecristi al concluir que se vulneró el derecho fundamental de acceso a la información pública de los accionantes.
Como parte del fallo, el Tribunal Constitucional ordenó al ...
Guayubín.- El Tribunal Constitucional ordenó al ayuntamiento de este municipio entregar la información relacionada con el cobro de arbitrios por uso de suelo a compañías eléctricas.
La normativa fue acogida mediante una acción de amparo interpuesta por los ciudadanos Luis M. Jiménez y Ángel Marzán Zacarías, quienes denunciaron la negativa de la institución municipal a suministrar los datos solicitados.
La decisión está contenida en la sentencia TC-0573-26, emitida el pasado 16 de julio, mediante la cual el alto tribunal revocó una sentencia de la Cámara Civil del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Montecristi al concluir que se vulneró el derecho fundamental de acceso a la información pública de los accionantes.
Como parte del fallo, el Tribunal Constitucional ordenó al alcalde de Guayubín, César Molina Estévez, y al presidente del Concejo de Regidores, Jorge Luis Chávez, entregar de manera inmediata la documentación requerida, la cual está vinculada a los arbitrios cobrados a empresas del sector eléctrico que operan en ese municipio.
Además, la alta corte impuso un astreinte de RD$5,000 diarios por cada día de incumplimiento de la sentencia, una vez esta haya sido debidamente notificada.
Tras conocerse la decisión, Luis M. Jiménez y Ángel Marzán afirmaron que el objetivo de la acción judicial siempre fue garantizar que la población de Guayubín tenga acceso a información sobre el cálculo y destino de los recursos que recibe el cabildo, en procura de una mayor transparencia en la gestión municipal.
En tanto, el abogado de los accionantes, Luis Peña Sosa, destacó que la sentencia constituye un precedente en materia de acceso a la información pública y recordó que las instituciones municipales están obligadas a garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, conforme a lo establecido en el artículo 49 de la Constitución dominicana.-
