De acuerdo con las declaraciones del abogado de los parceleros, que se identificó como Casimiro, los terrenos forman parte de un asentamiento agrario realizado en 1994, mediante el cual varias familias recibieron parcelas para desarrollar actividades agrícolas y garantizar el sustento de sus hogares.
Unos 27 parceleros denunciaron que fueron desalojados de los terrenos que ocupaban y cultivaban desde hace décadas en la comunidad de La Luisa Blanca, municipio de Monte Plata, por parte de miembros de la familia Vázquez Santana.
“Nunca hemos visto una posesión de esos señores. Yo creo que se está haciendo un abuso con la gente quiere trabajar, con la gente que quiere estar en su comunidad y con todo el que quiere apoyar el medio ambiente”, indicó Juana Mercedes, una mujer que es parte de la Asociación de Mujeres Campesinas de Monte Plata.
De acuerdo con las declaraciones del abogado de los parceleros, que se identificó como Casimiro, los terrenos forman parte de un asentamiento agrario realizado en 1994, mediante el cual varias familias recibieron parcelas para desarrollar actividades agrícolas y garantizar el sustento de sus hogares.
Explicó que el conflicto comenzó en 2021, cuando Fellito Santana presentó un título de propiedad sobre los terrenos, dando inicio a una batalla legal que actualmente mantiene varios procesos abiertos en los tribunales.
El jurista indicó que existen cuatro procesos ante el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, en Santo Domingo, además de otro proceso en Monte Plata, mediante el cual buscan la nulidad de actuaciones que, según afirma, se realizaron sin cumplir con los procedimientos legales de notificación y publicidad establecidos en la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario.
Por su parte, el abogado Orlando Pegasso Moreno denunció que durante los desalojos también fueron afectadas personas que, según sostiene, nunca fueron parte de los procesos judiciales ni figuran en las decisiones que se ejecutaron.
Entre los afectados mencionó una iglesia cristiana que tenía más de 15 años establecida en el lugar, cuyos miembros aseguran que fueron desalojados y que sus pertenencias y mobiliarios fueron retirados.
Los parceleros también expresaron su indignación por la situación. Victoriano Moreno, ocupante de la parcela número 17, manifestó que lleva aproximadamente 32 años trabajando esas tierras, donde cultiva plátanos, yuca y otros productos agrícolas, además de criar animales, actividades con las que ha sostenido a sus siete hijos.
Asimismo, Juan Morales, representante de la iglesia Movimiento de Celebración Divina, pidió la intervención de las autoridades para que se investigue el conflicto y se busque una solución que permita recuperar la tranquilidad de las familias afectadas.
Mientras que Lucrecia Jorge afirmó que los terrenos fueron entregados durante el asentamiento agrario de 1994 y cuestionó que ahora se estén reclamando parcelas que, según explicó, han sido ocupadas y trabajadas por campesinos durante muchos años.
LLAMADO A LAS AUTORIDADES
Ante esta situación, los abogados y parceleros hicieron un llamado a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y al director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, para que investiguen las circunstancias en que se obtuvo el título de propiedad y las actuaciones relacionadas con los desalojos.
También solicitaron que se investigue la participación de abogados vinculados al Estado en los procesos judiciales, alegando que algunos estarían defendiendo los intereses de particulares en lugar de los parceleros beneficiarios de la reforma agraria.
Los afectados aseguran que no buscan conflictos, sino que se respeten sus derechos y se les permita continuar trabajando las tierras que durante décadas han representado el sustento de sus familias.
El conflicto permanece bajo conocimiento de los tribunales, por lo que los parceleros esperan que las autoridades competentes intervengan y se encuentre una solución conforme a la ley.
