Amnistía Internacional ha iniciado una campana de rechazo a las políticas migratorias implementadas por el gobierno dominicano.
A través de las plataformas digitales y su sitio web, la organización ha emitido una carta dirigida al presidente Abinader donde resaltan que la República Dominicana debe cumplir sus obligaciones de derechos humanos y debe proteger la dignidad y los derechos de todas las personas, independientemente de su nacionalidad.
Di igual forma instan a los ciudadanos de todas partes del mundo a utilizar la carta como platilla y dirigirla al gobierno dominicano como mecanismo de protesta ante las políticas migratorias implementadas por le gobierno dominicano desde el pasado 6 de abril del presente año 2025.
🚨 En la República Dominicana, si eres una persona migrante sin documentos, ir al hospital puede terminar en deportación.
Más de 180,000 personas han sido deportadas sin respetar sus derechos humanos desde octubre de 2024.
Exigimos al presidente @luisabinader detener las… pic.twitter.com/p0pJSlpdyx
— Amnistía Internacional Américas (@AmnistiaOnline) May 19, 2025
En la página web de Amnistía Internacional se encuentra publicada la carta en la que expresa que, el 2 de octubre de 2024, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, anunció la implementación de un plan, dirigido contra personas de origen haitiano, para deportar a hasta 10.000 personas migrantes a la semana. A principios de abril de 2025, según la Dirección General de Migración, más de 180.000 personas habían sido ya deportadas en virtud de este plan. Las expulsiones colectivas se están llevando a cabo a pesar del deterioro de la crisis humanitaria y de seguridad que azota Haití, lo que pone a las personas refugiadas en grave peligro y socava el principio de no devolución (non-refoulement).
El 6 de abril de 2025, el gobierno dominicano anunció 15 nuevas medidas sobre migración que aumentan aún más la alarma. Una de ellas es la implementación de un nuevo protocolo en los hospitales públicos que requiere que el personal sanitario deje registro de la situación migratoria de todos los pacientes y que notifique a las autoridades cuando se presten servicios a personas migrantes indocumentadas. Según el anuncio del gobierno, estas personas serán deportadas inmediatamente después de recibir atención médica. Esta práctica amenaza el derecho a la salud, la privacidad y la integridad física, y podría disuadir a personas en situación de riesgo —especialmente mujeres embarazadas, niños, niñas y sobrevivientes de violencia— de buscar la atención médica que necesitan urgentemente.
Además, el gobierno no ha introducido garantías adecuadas para impedir el establecimiento de perfiles raciales o la discriminación racial, y tampoco ha reconocido ni abordado el nocivo impacto de sus políticas migratorias. En lugar de eso, las autoridades siguen negando los indicios de violaciones de derechos presentados por las organizaciones de la sociedad civil y los organismos internacionales. Esta negativa viene acompañada por discursos estigmatizadores contra personas migrantes haitianas, mujeres embarazadas, niños y niñas que intentan acceder a servicios públicos, lo que refuerza los estereotipos raciales y crea un entorno hostil.
Los defensores y defensoras de los derechos humanos y las organizaciones que apoyan a las personas migrantes se enfrentan a amenazas y estigmatización cada vez mayores. A pesar de los llamamientos para que protejan el espacio de la sociedad civil, las autoridades dominicanas no han adoptado medidas específicas para salvaguardar a quienes defienden los derechos de las personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana. Esta falta de acción contribuye a crear un entorno de miedo más amplio, que desalienta la documentación de abusos y el ejercicio de derechos fundamentales.
Amnistía Internacional reitera su llamamiento a las autoridades dominicanas para que pongan fin a la práctica sistémica de las expulsiones colectivas y adopte políticas integrales de migración basadas en los derechos humanos. Estas medidas incluyen evaluaciones individualizadas de las necesidades de protección, la protección del acceso a la atención médica y los servicios públicos sin discriminación, y la prevención de la criminalización y la estigmatización de personas migrantes y defensores y defensoras de los derechos humanos.
