El trasfondo de esta crisis es un abandono institucional sistemático que ha calado tan hondo que, hoy en día, trabajar en la justicia de Santiago es una cruda batalla por la supervivencia.
Los pasillos del Palacio de Justicia de Santiago de los Caballeros albergan hoy una silenciosa pero contundente marea de indignación.
El descontento soterrado por la falta de personal administrativo, las vacantes de jueces que permanecen vacías, la carrera judicial estancada y la asfixia de una plataforma digital impuesta sin personal para ejecutarla terminó por detonar un movimiento gremial sin precedentes.
El trasfondo de esta crisis es un abandono institucional sistemático que ha calado tan hondo que, hoy en día, trabajar en la justicia de Santiago es una cruda batalla por la supervivencia.
Las voces desde adentro son claras, firmes y fulminantes. Una de las magistradas consultadas, bajo estricta condición de reserva para evitar represalias, define el panorama con crudeza:
«El Poder Judicial está quebrado por dentro, con fisuras desde hace muchos años. Tiene como base y fundamento principal el abandono de la institución, como tal, a las necesidades y a todas las cuestiones que se requieren para una sana y buena administración de justicia. Se ha hecho todo lo posible, de manera individual y conjunta; se escribe, se manda correo, se llama… y lo que hemos obtenido en todo momento es la indiferencia de parte de la institución, además de una marcada orientación e intención de hacer las cosas como ellos disponen, aunque eso nos esté ocasionando un perjuicio mayúsculo».
El Despacho Penal la «lata de sardinas» y la denuncia de explotación
La crisis se evidencia con ribetes dramáticos en el despacho penal de Santiago, un área donde el hacinamiento físico y la escasez de personal técnico han convertido la labor diaria en un entorno intolerable para la dignidad humana.
“Los empleados están aglomerados, básicamente uno encima de otro, parecen sardinas en una lata de sardinas. Las situaciones de presión a la que los someten son sencillamente inaceptables, son intolerables y, desde mi óptica, la forma en cómo se está laborando en el Poder Judicial, y específicamente en el área administrativa, cae en el rango de lo que es la explotación laboral”, explica Juan de Dios Hiraldo, abogado penalista.
La métrica de trabajo del tribunal es matemáticamente inviable. Tomando como ejemplo la Unidad de Soporte a Juez, que es la encargada de que los abogados ayudantes monten los proyectos de sentencia, tramiten fijaciones de audiencia, excepciones e incidentes para los 18 tribunales de la demarcación, que incluye cuatro tribunales colegiados y dos unipersonales:
El personal requerido por métrica operativa son un mínimo de 22 abogados ayudantes, dos por cada tribunal colegiado y uno por cada tribunal unipersonal, para responder adecuadamente al flujo de lo que entra y sale. Sin embargo actualmente en el área solo trabajan 6 personas, de los cuales uno se encuentra de licencia médica y otra está asignada permanentemente a las labores de sala en los tribunales unipersonales. Es decir, que son apenas 4 abogados para sostener la carga de toda la primera instancia penal de Santiago.
Las estadísticas de solicitudes a la unidad de soporte a juez, en los primeros meses del año son brutales: 207 solicitudes en enero, 575 en febrero, 789 en marzo y 569 en abril. Cada número representa un proyecto que debe ser montado minuciosamente antes de que el juez proceda a la motivación de la sentencia.
Para empeorar el panorama, la precarización contractual impera en la misma unidad: de las seis personas que operan en este colapso, solo tres están designadas formalmente como abogados ayudantes. Las otras tres son oficinistas que realizan las complejas labores de redactar proyectos de sentencia, pero cobrando un sueldo normal de oficinista que ronda los RD$ 26,000, frente a los RD$ 51,000 que devenga un abogado ayudante.
«Los tienes haciendo las funciones avanzadas, pero pagándoles como oficinistas», denuncian de forma unánime.
Uno de los magistrados consultados nos explicó que la abogada ayudante asignada a los dos tribunales unipersonales, en el año 2022, ella sola podía dar abasto para la carga laboral, sin embargo el incremento exponencial de las solicitudes, las modificaciones a las leyes y la ampliación de las competencias de estos tribunales han triplicado el trabajo, y sigue siendo una sola persona.
La justicia de los números
A nivel macro, los jueces señalan que la actual administración del Poder Judicial opera bajo una lógica corporativa y publicitaria orientada a la venta de cifras de rendimiento, dejando de lado el rigor jurídico en una materia donde se ventilan libertades y patrimonios.
«A nivel de administración dentro del Poder Judicial, todo el mundo está muy ocupado en los números, en vender noticias. Salimos con que salieron 700, 800 o 900 sentencias; se fallaron tantas aquí y tantas allí. Pero no hay una sola cabeza, dentro de la estructura del Poder Judicial, dedicada a verificar la calidad de lo que sale. La calidad, y yo me atrevo a asegurar eso, está muy por encima de la cantidad. Porque aquí no se cosen pantalones ni se pegan botones. Aquí se hace un trabajo que es extremadamente delicado, en donde se está decidiendo sobre derechos fundamentales de personas. Una decisión cambia por completo la vida de una persona, de sus familiares y de su patrimonio”, explica otro de los jueces consultados.
Esta presión estadística se cruza con una digitalización atropellada. La plataforma virtual, descrita como «el gran boom» de la gestión, sufre modificaciones de interfaz frecuentemente. En lugar de incorporar técnicos especializados para implementar los cambios, la institución obliga al mismo personal desbordado a descifrar el sistema sobre la marcha.
Las «flotas» institucionales y los teléfonos personales se han convertido en grilletes virtuales: los empleados y jueces reportan estar en grupos de WhatsApp o comisiones donde departamentos de la Suprema Corte desde Santo Domingo exigen «tickets», respuestas inmediatas y reportes de plataformas, aunque el personal no es suficiente para las labores prioritarias que deben realizar.
El desmantelamiento de la carrera y el viacrucis de las suplencias horizontales
“El desbalance en la gestión de recursos humanos ha provocado una fuga de cerebros sin precedentes. Empleados de larga data renuncian en masa ante la imposibilidad de ascender, pues el nuevo Manual de Salarios igualó los ingresos de los oficinistas de Paz con los de Primera Instancia, eliminando el incentivo jerárquico. Las vacantes de los jueces tampoco se suplen”, explica Hiraldo.
En Santiago, las ausencias definitivas por jubilación o fallecimiento se cubren mediante parches procesales, es decir mecanismos de suplencia horizontal no contemplados formalmente en la ley. En Santiago hay 4 tribunales colegiados y cada uno presenta una situación particular, por ejemplo:
El Primer Tribunal Colegiado opera incompleto desde mayo de 2023 tras la jubilación de su presidente, el magistrado Sergio Furcal, completándose con jueces de paz que no reciben compensación de primera instancia y ven su carrera detenida. Además de que su salario es el de un juez de paz y no el de un juez de primera instancia.
El Segundo Tribunal Colegiado lleva 10 meses operando con solo dos jueces titulares tras el retiro en agosto del año pasado del magistrado Osvaldo Castillo.
Para que este último tribunal pueda sesionar, los jueces de otros despachos deben suspender sus propios calendarios de audiencias para subir a estrado en calidad de suplentes, provocando que imputados, abogados que viajan desde el extranjero y ciudadanos de escasos recursos pasen jornadas enteras esperando una respuesta que a veces llega a las 4:00 p.m. con un aplazamiento forzoso.
Apenas recientemente, los tribunales han tenido que reorganizarse para dejar un día libre sin audiencias a la semana con el único fin de poder completar el tribunal vecino, lo que obliga a compactar agendas de 12 audiencias en jornadas extenuantes de hasta 18 casos por día.
El «Niágara en bicicleta» del traslado a Mao
“La situación de los jueces de paz de Santiago que deben suplir las carencias del municipio de Mao, jurisdicción que lleva más de tres años en total abandono de plazas fijas, y antes de partir deben haber cumplido con las funciones en los tribunales a los que están asignados en Santiago, describe un sistema burocrático diseñado para el desgaste, asegura el abogado.
Aunque los jueces viajan en sus vehículos privados para cubrir estas audiencias lejanas, el reembolso de combustibles y viáticos está sujeto a un laberinto de formularios, autorizaciones de consejeros y secretarios deliberadamente engorroso: «Está sujeto a un sinnúmero de pasos burocráticos destinados a que tú dejes eso botado».
La institución cuenta con un solo vehículo para cubrir todas las necesidades de transporte de Santiago, por lo que, si el vehículo está ocupado llevando materiales gastables o reparando un aire acondicionado, los magistrados deben conducir por su cuenta y riesgo por autopistas peligrosas, sin chofer y sin personal de seguridad judicial.
