De acuerdo con sus estimaciones, actualmente cerca del 80 % de la carne de cerdo consumida en República Dominicana proviene del exterior.

Las recientes declaraciones del ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Bencosme Espaillat, sobre el control de los focos de peste porcina africana (PPA) han reabierto el debate sobre la situación real del sector porcino dominicano, afectado por una enfermedad que permanece en el país desde 2021 y que fue declarada endémica en 2024.

Durante un encuentro con Listín Diario, el funcionario aseguró que las autoridades mantienen bajo control los focos activos de la enfermedad y trabajan en medidas para recuperar la producción nacional.

Sin embargo, el médico veterinario especialista en bioseguridad y consultor de la FAO Europa, Carlos Trincado, considera que la situación continúa siendo crítica y que las acciones implementadas hasta ahora resultan insuficientes para erradicar el virus.

Según explicó, uno de los principales obstáculos es la amplia presencia de crianzas de traspatio y la falta de controles efectivos de bioseguridad en gran parte de las explotaciones porcinas del país.

«El problema no es solamente el virus. Hemos destruido el concepto de bioseguridad y eso hace mucho más difícil cualquier intento de control”, sostuvo.

Trincado afirmó que la expansión de la enfermedad ha provocado una reducción significativa de la producción nacional, obligando al país a depender cada vez más de las importaciones para satisfacer la demanda interna.

De acuerdo con sus estimaciones, actualmente cerca del 80 % de la carne de cerdo consumida en República Dominicana proviene del exterior, con importaciones que superan los 300 millones de dólares anuales.

Asimismo, señaló que la crisis ha provocado la desaparición de una gran parte de las granjas comerciales dedicadas a la producción porcina.

“Se ha perdido una parte importante de la capacidad productiva nacional y eso tiene consecuencias económicas y también en materia de seguridad alimentaria”, indicó.

Cuestiona zonas libres

Uno de los aspectos que más preocupa al especialista es la posibilidad de que la estrategia oficial se concentre en la creación de zonas libres de PPA como principal herramienta de control.

A su juicio, esa medida resulta insuficiente si no va acompañada de un programa integral que incluya bioseguridad, vigilancia epidemiológica, control de movilización animal y apoyo a los productores.

“Basar el control de la peste porcina africana en un solo factor, como la creación de zonas libres, es una estrategia destinada al fracaso”, advirtió.

En ese sentido, explicó que el país enfrenta dificultades para controlar el movimiento de animales y que el crecimiento constante de crianzas de traspatio complica aún más cualquier esfuerzo de contención.

Según detalló, la enfermedad posee características que hacen particularmente difícil su erradicación, debido a su alta resistencia en distintos ambientes y a su elevado nivel de contagio.

“El virus tiene una mortalidad superior al 90 % y requiere una cantidad mínima de partículas virales para infectar un animal”, explicó.

Llamado a escuchar expertos

El especialista consideró que el ministro de Agricultura tiene la oportunidad de impulsar una recuperación del sector, pero entiende que las decisiones deben construirse tomando en cuenta la experiencia de técnicos, productores y especialistas en bioseguridad.

“Con buenas intenciones no basta. Hay que escuchar a los expertos en PPA y a los productores para tomar las decisiones correctas que permitan el resurgir de la industria porcina dominicana”, afirmó.

La peste porcina africana fue erradicada del país durante la década de 1980 tras un amplio programa de sacrificio animal.

Sin embargo, el virus reapareció en 2021 y desde entonces continúa afectando la producción porcina nacional, generando pérdidas económicas millonarias y reduciendo la capacidad de abastecimiento local.

Estados Unidos define el trabajo forzoso como “todo trabajo o servicio que se exige a cualquier persona bajo la amenaza de una sanción por su incumplimiento y para el cual el trabajador no se ofrece voluntariamente”.

República Dominicana forma parte de una de las 54 economías, de 60 países, que “no han impuesto ni aplicado eficazmente una prohibición a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso”, de acuerdo a un informe publicado por los Estados Unidos.

El documento elaborado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) incluyó al país dentro de aquellos que violan la Sección 307 de la Ley Arancelaria de 1930.

Estados Unidos define el trabajo forzoso como “todo trabajo o servicio que se exige a cualquier persona bajo la amenaza de una sanción por su incumplimiento y para el cual el trabajador no se ofrece voluntariamente”.

“En las secciones III.A.7 y III.B.7, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) determinó que la República Dominicana no ha logrado imponer ni hacer cumplir eficazmente la prohibición de importación de productos elaborados con trabajo forzoso. En la sección IV, determinamos que la falta de imposición y cumplimiento efectivo de dicha prohibición es irrazonable”, dice el informe.

De igual forma, determinaron que la falta de imposición y cumplimiento efectivo de la prohibición de importación de productos elaborados con trabajo forzoso perjudica o restringe el comercio de Estados Unidos.

“Por las razones expuestas, los resultados de esta investigación indican que los actos, políticas y prácticas de la República Dominicana relacionados con la falta de imposición y cumplimiento efectivo de la prohibición de importación de productos elaborados con trabajo forzoso son irrazonables y perjudican o restringen el comercio de Estados Unidos”, dice el párrafo del informe dedicado al país.

Aunque no se especifica de manera puntual cuáles productos con trabajo forzoso son enviados a Estados Unidos, se nombra al país dentro de aquellos que forman parte del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Estados Unidos.

Esta investigación iniciada el 12 de marzo de este año establece que para las economías que imponen una prohibición a la importación de productos elaborados con trabajo forzoso, el Representante Comercial propone un arancel adicional del 10 %, mientras que para todas las demás economías, se propone un arancel adicional del 12,5 %.