El especialista ambiental Luis Carvajal aseguró que la oposición en la provincia San Juan a la actividad minera trasciende el rechazo a un proyecto puntual y responde a una preocupación mayor: la transformación progresiva del territorio en un distrito minero.

Según explicó, la movilización cívica registrada en la región del Valle no debe interpretarse como una reacción emocional o aislada, sino como una toma de conciencia colectiva frente a un proceso de reordenamiento territorial que, a su juicio, es incompatible con la vocación agrícola, hídrica y ecológica de la zona.

“El debate no es sobre un proyecto específico, sino sobre el modelo de desarrollo que se pretende imponer en una región estratégica del país”, planteó.

Carvajal sostuvo que los datos oficiales del Catastro Minero y de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI-RD) evidencian que una parte significativa del territorio nacional se encuentra bajo concesiones mineras, tanto en fase de exploración como de explotación.

En el caso de San Juan, indicó que existen al menos 17 concesiones de exploración metálica, de las cuales 13 pertenecen a la empresa GoldQuest. Estas, junto a otras autorizaciones, abarcan más de 16,000 hectáreas en distintas zonas, con una concentración importante en el Valle.

A su juicio, estas cifras desmontan la narrativa de que se trata de un proyecto aislado, como el denominado Proyecto Romero, y revelan un entramado de iniciativas que podrían integrarse en un sistema minero de mayor escala.

El ambientalista explicó que cuando múltiples concesiones se concentran en una misma área geográfica, el resultado no es una suma de proyectos independientes, sino la configuración de un distrito minero.

Este escenario, advirtió, implica transformaciones estructurales, como la subordinación del uso del suelo a la actividad extractiva, la incompatibilidad con otras actividades productivas y la acumulación de impactos ambientales.

En particular, alertó sobre los efectos en los recursos hídricos, al señalar que la minería, incluso bajo esquemas modernos o subterráneos, puede generar presiones significativas sobre las fuentes de agua.

Carvajal destacó que el Valle de San Juan es una zona estratégica para la República Dominicana, no solo por su capacidad agrícola, sino por su importancia en la recarga hídrica de la Cordillera Central.

Además, recordó que el río San Juan y su conexión con el Yaque del Sur alimentan infraestructuras fundamentales como la presa de Sabaneta, de la que dependen miles de personas.

En ese sentido, advirtió que cualquier intervención que altere estos sistemas podría tener consecuencias a largo plazo en el abastecimiento de agua y la seguridad alimentaria.

Frente a este panorama, sectores sociales, académicos y productivos han planteado la necesidad de realizar una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), que permita analizar el impacto acumulativo de las concesiones en el territorio.

Carvajal criticó que los proyectos se evalúen de manera individual, lo que, según afirmó, fragmenta el análisis y limita la comprensión real de los riesgos.

“No es rechazo a la ciencia, es exigencia de mejor ciencia”, subrayó, al abogar por estudios que incorporen variables como el cambio climático, el estrés hídrico y los efectos a largo plazo.

El análisis también advierte sobre los posibles efectos del marco legal vigente, en particular la Ley 146-71, que permite declarar de utilidad pública los terrenos bajo concesión minera.

Esto, explicó, podría abrir la puerta a procesos de expropiación, generando tensiones sociales, desplazamientos y conflictos en las comunidades.

A su entender, en un escenario de distrito minero, la población corre el riesgo de perder control sobre su territorio y convertirse en un elemento subordinado a la actividad extractiva.

Carvajal valoró la movilización en San Juan como un ejercicio de responsabilidad colectiva, en el que distintos sectores, productores, iglesias, autoridades locales, cooperativas y organizaciones sociales, se unieron en defensa del territorio.

Afirmó que la protesta no es un rechazo al desarrollo, sino una defensa del agua, la producción agrícola, la salud y la sostenibilidad del Valle.

“El futuro de esta región no puede decidirse proyecto por proyecto, sino a partir de una visión de país”, expresó.

Finalmente, advirtió que los efectos de la minería pueden ser temporales en términos económicos, pero sus impactos ambientales y territoriales pueden extenderse por generaciones.