El Instituto Médico Legal (IML, por sus siglas en francés), la única institución encargada de realizar autopsias al servicio de la Justicia en Haití, se acerca a los dos años sin operar ante la falta de presupuesto y equipos especializados.

En Haití, en cuanto a los casos penales y de homicidio, para que la Justicia pueda investigar correctamente y tomar una decisión objetiva, necesita obligatoriamente fe una investigación forense.

«La justicia penal no puede funcionar sin la medicina forense. Sea quien sea el criminal, este saldrá en libertad si el tribunal no dispone de información clara que demuestre que esa persona no solo está muerta, sino quién la mató», afirmó el director del instituto, Jean Armel Demorcy, en declaraciones a EFE.

Sin embargo, esa institución ha dejado de existir en realidad desde hace casi dos años, ante la total indiferencia de las autoridades estatales.

Al servicio de una justicia que no sirve a nadie

«En 20 años de autopsias periódicas, la justicia nunca me ha llamado para preguntarme qué he encontrado», aseguró Demorcy, quien señala que desde que se creó el organismo solo ha habido un juicio en el que se haya recurrido al instituto. Y ni siquiera fueron los tribunales, sino organizaciones de mujeres.

Para 11 millones de haitianos, solo hay dos médicos forenses. Uno vive en Haití. La otra persona es una doctora que reside entre Haití y Estados Unidos tras escapar de un intento de secuestro en la nación caribeña.

En 20 años se han realizado entre 2,000 y 3,000 autopsias. El último caso emblemático tratado por el instituto antes de que cayera en el abandono fue la autopsia del presidente haitiano, Jovenel Moise, asesinado en su residencia privada en julio de 2021.

Herramienta fundamental para la justicia

La sociedad va un poco por delante del Estado en este tema. Rara vez la Fiscalía, a través de un juez de la Instrucción, exige una autopsia en el marco de una investigación que está llevando a cabo, criticó el experto.

Esto causa un gran impacto entre la población, porque hay muchos casos de muertes sospechosas. La gente (afectada) te llama, pero no encuentra la respuesta que necesita, porque no hay autopsia, dijo Demorcy.

«Entonces, es el reino de la impunidad porque no puedes dar explicaciones a la gente. Esto refleja una disfunción total del sistema judicial, que no puede desempeñar su papel», afirmó.

Sin embargo, según la ley haitiana, en cualquier caso de muerte sospechosa o violenta, es necesario una autopsia para determinar las causas y las circunstancias.

En la mentalidad haitiana, ninguna muerte es natural. De ahí la importancia de una herramienta como el Instituto Médico Legal.

«No se debe enterrar a alguien que ha muerto de forma sospechosa o violenta sin una autopsia», dijo Demorcy, calificando de violación flagrante de la ley la abrumadora mayoría de casos de personas que han muerto de forma sospechosa o violenta enterradas sin autopsia.

La medicina forense deja de existir

«Esto significa que el Estado no existe. Esta es una de las oportunidades que tiene el Estado de manifestarse. Esto es para garantizar el orden social. De lo contrario, es el reino de la impunidad, es el reino del ajuste de cuentas», se lamentó.

Advirtió, a manera de ejemplo, que «cuando matan a tu familia y el Estado no puede garantizar el esclarecimiento de las circunstancias para condenar al agresor, cuando conoces al agresor, la venganza parece inevitable».

Sin laboratorio, sin personal, sin material y sin presupuesto, la medicina forense en Haití está colapsada. Las consecuencias de su inexistencia son investigaciones que se prolongan indefinidamente y la prolongada detención preventiva que domina el sistema judicial haitiano desde hace al menos dos décadas.

Desde 2002 hasta hoy, apenas se han nombrado dos empleados. Un secretario y un administrador. El resto del personal técnico que se espera que dirija el instituto forense nunca es de la incumbencia del Estado.

Un instituto totalmente disfuncional

«La gota que colmó el vaso se produjo a finales de 2021, el instituto se encuentra en una situación totalmente disfuncional», afirmó Demorcy. El último dinero que se recibió del Ministerio de Justicia fue en 2021. Después, nada.

En 2012, el órgano de investigación criminal fue dotado de un marco jurídico mediante un decreto que lo sitúa bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia, que debe garantizar su funcionamiento, incluso dotándolo de material, y del Ministerio de Salud Pública, que debe nombrar a su personal.

A pesar de las peticiones para el aumento del personal, nunca se ha hecho. Por ello, en 2021 se constató que el instituto ya no funcionaba. «Ya no realizamos autopsias. Somos totalmente disfuncionales. En estos momentos no podemos realizar ninguna pericia», sentenció Demorcy.

Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, se ha defendido este domingo, negando las acusaciones de corrupción que han denunciado medios locales y por las que se encuentra actualmente investigado.

«Frente a los señalamientos que se han hecho en mi contra en los últimos días me permito informar de que me encuentro en total disposición de comparecer ante los entes de control y ratificar mi inocencia», ha indicado, según se puede leer en un comunicado difundido por sus redes sociales.

Petro, que también es diputado en la Asamblea del departamento de Atlántico, ha querido «aclarar a la opinión pública y medios de comunicado que los dineros en cuestión no tienen procedencia ni de la mafia, ni de la corrupción, ni de ninguna actividad ilícita»: «Eso lo corroboraré ante la Justicia, como corresponde», ha aseverado.

Además, ha criticado a los medios de comunicación que han «vulnerado» su «espacio de residencia, sin autorización o previa conversación», ya que «raya el acoso». «Siempre estaré abierto a atender las solicitudes de prensa», ha agregado.

Nicolás Petro también ha anunciado que ha decidido abstenerse «de participar en cualquier tipo de actividad política relacionada con la contienda electoral venidera», así como en las campañas políticas, «hasta ratificar» su inocencia, continúa la misiva.

«En estos días he recibido un linchamiento social y mediático sin precedentes, donde se me ha juzgado y condenado, vulnerado mis derechos fundamentales como la presunción de inocencia y el debido proceso, donde personas que consideré amigos y amigas, a quienes tendí la mano, me han dado la espalda. Confío en la justicia y sé que ratificaré mi inocencia ante la misma», ha declarado.

La Procuraduría de Colombia anunció el viernes la apertura de una investigación contra Nicolás Petro, después de que su padre, el presidente del país, solicitara la entrada de la Fiscalía por los rumores de que tanto él como su hermano Juan Fernando Petro Urrego habrían cobrando sobornos para incluir a delincuentes en los procesos de paz que adelanta el Gobierno.

La procuradora general, Margarita Cabello, explicó que tan pronto como supo de las demandas del presidente, decidió abrir una investigación contra el primogénito de este al tratarse de «un servidor público». «Nos corresponde abrir la investigación correspondiente para, después del debate probatorio, tomar la decisión que corresponda», recogió RCN.

El jueves, el presidente Petro sorprendió al emitir un comunicado pidiendo a la Fiscalía que investigara tanto a su hijo mayor como a su hermano ante los rumores de que estarían cobrando sobornos a miembros de grupos armados y narcotraficantes para acogerse al plan de paz total del Gobierno.

Según la que fuera su antigua pareja sentimental, Daysuris Vásquez, Nicolás Petro recibió dinero para su campaña del narcotraficante Samuel Santander, alias ‘El hombre Marlboro’, y dle empresario Alfonso Hilsaca, quien también ha salido al paso negando que hubiera financiado asunto alguno y que por ello presentará una denuncia por difamación ante la Fiscalía.

Cientos de personas se han manifestado este domingo en frente a la base militar francesa de Kamboinsin para reclamar su salida del territorio burkinés.

«Los soldados franceses se resignan a marcharse. ¿Pero qué diablos quiere (el presidente de Francia, Emmanuel) Macron?», ha declarado Ramdé, secretario general del colectivo de líderes panafricanos, antes de invitar a «acelerar la salida sin demora de los soldados franceses», según ha informado el portal de noticias Koaci.

«Salimos a decirle al presidente Macron que llame a sus soldados sin demora para preservar las relaciones fraternales que siempre han caracterizado a los pueblos francés y burkinés (…) Su terquedad en quedarse en nuestro país en contra de la voluntad popular inevitablemente traerá consecuencias lamentables«, ha manifestado.

Asimismo, el grupo de líderes panafricanos ha condenado la actitud de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao), ya que considera que está «fuera de sintonía con los nuevos vientos de independencia y soberanía que soplan en el continente africano».

«Mientras Burkina Faso y Malí sufren los horrores del terrorismo y los ataques imperialistas, la Cedeao no ha encontrado nada mejor que hacer que querer aislar y matar de hambre a los pueblos de estos países que no piden otra cosa que vivir en paz», ha explicado Ramdé.

La junta militar de Burkina Faso dio un mes de plazo para la retirada del país de todo el personal militar del país europeo, tras denunciar un acuerdo de asistencia militar firmado en 1961 entre ambos países, durante la etapa colonial francesa.

La ruptura del acuerdo de 1961, que permitía a Francia dar apoyo financiero, militar y formación al Ejército burkinés, lo que incluía la presencia de instructores militares, ha llegado en un momento de tensiones entre la junta y las autoridades francesas.

La operación militar francesa en Burkina Faso concluyó oficialmente el 19 de febrero tras la extinción del acuerdo firmado entre ambos países para la lucha contra el yihadismo en el Sahel, en medio de un distanciamiento de la junta de París y un acercamiento a Moscú.

Burkina Faso está encabezada por Ibrahim Traoré, quien protagonizó en septiembre una asonada que fue considerada un ‘golpe palaciego’ contra el hasta entonces líder, Paul-Henri Sandaogo Damiba. El deterioro de la seguridad en su territorio ha empeorado debido a los ataques tanto de la filial de Al Qaeda como de la de Estado Islámico en la región, la violencia intercomunitaria y los grupos de autodefensa.

El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, ha afirmado este domingo que los envenenamientos sufridos por alumnas de varios colegios del país, que considera que son «un complot de los enemigos para provocar malestar entre la población, son un crimen de lesa humanidad.

«La nueva conspiración del enemigo para crear miedo en los corazones de los estudiantes, queridos niños y sus padres es un crimen y un acto de lesa humanidad», ha manifestado Raisi en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Irna.

Raisi, que ha enfatizado en la necesidad de investigar los casos y brindar información veraz, ha reiterado que «esta acción es un eslabón más en la cadena de conspiraciones enemigas, que tiene como objetivo crear inflamación en la sociedad e infundir miedo entre los menores».

AUMENTAN LOS CASOS DE NIÑAS ENVENENADAS

Los casos de envenenamiento de alumnas en escuelas iraníes han aumentado, después de que este domingo decenas de estudiantes de la ciudad de Urmía hayan sido ingresadas en el hospital tras reconocer olor amargo y sentir náuseas y mareos, según ha informado el diario ‘Sharq’.

Las personas presentes en el centro educativo, ubicado en el noroeste del país, han explicado que escucharon una breve explosión. «Luego nos sentimos asfixiados (…) Nos dijeron que no era nada grave, pero sentimos que nos estábamos muriendo», han explicado testigos al citado medio.

Por otra parte, el vicepresidente de la Universidad de Ciencias Médicas Ahvaz, en el sur del país, ha anunciado que son 770 las estudiantes que han sido envenenadas en la provincia de Juzestán, de las cuales 500 han recibido el alta tras el tratamiento, 200 están en observación, y el resto han sido recién ingresadas.

Los primeros envenenamientos se denunciaron hace más de dos meses en una escuela ubicada en Qom, capital de la provincia homónima, donde al menos 51 estudiantes tuvieron que ser hospitalizadas por una posible intoxicación por inhalación. Estos casos se han registrado también en otros puntos del país.

Un jefe de estación señalado de provocar el peor desastre ferroviario en la historia de Grecia fue acusado el domingo de homicidio negligente y encarcelado hasta que se lleve a cabo su juicio, y a su vez el primer ministro Kyriakos Mitsotakis se disculpó por cualquier responsabilidad que el gobierno pudiese tener en la tragedia.

Un juez examinador y un fiscal acordaron que debían presentarse varios cargos de homicidio y de lesiones corporales, al igual que de riesgos a la seguridad en el transporte en contra del empleado ferroviario.

Al menos 57 personas, muchas de ellas adolescentes o de poco más de 20 años, murieron cuando un tren de pasajeros que viajaba en dirección norte chocó el martes por la noche con un tren de carga que circulaba en dirección opuesta al norte de la ciudad de Larissa, en el centro de Grecia.

El jefe de estación, de 59 años, supuestamente dio paso a la misma vía a los dos trenes que viajaban en sentidos opuestos. El domingo testificó durante 7 horas y media acerca de los eventos que dieron pie al choque antes de que se le presentaran cargos y se le ordenara que permaneciera detenido.

“Mi cliente testificó con sinceridad, sin temor de que hacerlo lo incriminaría”, declaró Stephanos Pantzartzidis, abogado del jefe de estación. “La decisión (de detenerlo) ya se preveía, dada la importancia del caso”.

Pantzartzidis dejó entrever que otras personas además de su cliente compartían la culpa, señalando que los jueces deberían investigar si más de un jefe de estación debería haber estado trabajando en Larissa al momento del choque.

“Durante 20 minutos, él estuvo a cargo de la seguridad (ferroviaria) en todo el centro de Grecia”, dijo el abogado acerca de su cliente.

La prensa de Grecia ha informado que el sistema automatizado de señalizaciones en la zona del choque no estaba funcionando, lo cual favoreció el error del jefe de estación. Los jefes de estación de esa parte de la línea central de Grecia se comunican entre sí y con los operadores de trenes con radios de dos vías, y los cambios de vías se operan de forma manual.

El primer ministro prometió una pronta investigación sobre el choque, y dijo que el nuevo ministro de Transporte de Grecia presentaría un nuevo plan para mejorar la seguridad. Una vez que se establezca un nuevo Parlamento, se creará una comisión para investigar las malas gestiones de décadas en el sistema ferroviario del país, añadió Mitsotakis.

En una declaración inicial el miércoles, Mitsotakis había dicho que el choque había sido resultado de un “trágico error humano”. Los partidos de oposición criticaron dicha declaración, acusando al premier de intentar encubrir la participación del Estado y de tratar de convertir al inexperto jefe de estación en un chivo expiatorio.

“Les debo a todos, en particular a los familiares de las víctimas, una enorme disculpa, personal y en nombre de todos los que gobernaron el país durante tantos años”, escribió Mitsotakis en Facebook el domingo. “En 2023 es inconcebible que dos trenes circulen en direcciones opuestas sobre la misma vía y nadie se dé cuenta. No podemos, no queremos y no debemos ocultarnos detrás del error humano”.

La policía y los fiscales no han dado a conocer el nombre del jefe de estación, según ordena la ley griega. Sin embargo, Hellenic Railways, también conocida como OSE, reveló su nombre el sábado en un anuncio en el que suspendió al inspector de la compañía que lo nombró al puesto. El jefe de estación también ha sido suspendido.

Medios de comunicación griegos han reportado que el jefe de estación, exmaletero de la compañía ferroviaria, fue transferido a un puesto de oficina del Ministerio de Educación en 2011, cuando los acreedores de Grecia exigieron reducciones en el número de empleados públicos. El funcionario fue transferido de vuelta a la compañía ferroviaria a mediados de 2022 e inició un curso de 5 meses para convertirse en jefe de estación.

Tras concluir el curso se le asignó a Larissa el 23 de enero, según una publicación que efectuó en Facebook. Sin embargo, durante el siguiente mes estuvo rotando entre otras estaciones antes de regresar a la de Larissa a fines de febrero, unos días antes del choque del 28 de ese mes, reportaron medios griegos.

Sindicatos ferroviarios organizaron una protesta el domingo en el centro de Atenas, a la que acudieron unas 12.000 personas, según las autoridades.

Cinco personas fueron arrestadas y siete policías resultaron heridos cuando un grupo de más de 200 individuos enmascarados y vestidos de negro comenzaron a arrojar trozos de mármol, piedras, botellas y bombas incendiarias a los agentes, que iniciaron una persecución a lo largo de una avenida céntrica, lanzando gases lacrimógenos y granadas aturdidoras.

En Salónica, unas 3.000 personas asistieron a dos manifestaciones. Varias de las víctimas de los choques eran estudiantes de la Universidad Aristóteles, la mayor de Grecia, la cual cuenta con más de 50.000 alumnos.

La protesta de mayor tamaño, organizada por activistas de izquierda, avanzó hasta llegar a un edificio gubernamental. En ese evento no se reportaron incidentes.

En la otra, organizada por miembros del Partido Comunista en la Torre Blanca, el monumento distintivo de la ciudad, hubo un breve forcejeo con la policía cuando los inconformes intentaron colocar una manta sobre el monumento.

“El Partido Comunista organizó una protesta simbólica hoy frente a la Torre Blanca con el fin de denunciar el crimen de Tempe, porque es un crimen premeditado, un crimen cometido por la compañía y el Estado burgués que respalda a estas compañías”, le dijo Giannis Delis, un legislador comunista, a The Associated Press.