El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, se reservó el fallo de conocimiento de medida de coerción contra los implicados en la operación Gavilán, una red que según el ministerio público, se dedicaba a borrar antecedentes penales.
El magistrado dará a conocer la decisión hoy a las 6:00 de la tarde, al considerar que en este caso existe una gran cantidad de elementos de prueba que deben ser valorados.
El abogado Ángel Grullón, adelantó que siete de los 12 implicados colaboraron con los fiscales, por lo que le fue variado el pedimento de medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva a arresto domiciliario y otras medidas más leves.
Grullón sostuvo que su defendido, Luis Alfredo Astacio, no colaboró con el órgano fiscalizador y que le fue solicitada la prisión preventiva de un año y seis meses.
“Los seis que colaboraron admitieron los hechos e inmediatamente el ministerio público subió y cambió su postura de prisión preventiva, solicitando otras medidas de coerción”, explicó.
Mientras que el jurista Carlos Mesa, declaró que sus defendidos aceptaron culpabilidad, por lo que Pilar Medina Trinidad, le fue solicitada arresto domiciliario y contra Romanski Dotel Medina, se pidió una garantía económica y vigilancia.
El ministerio público, representado por Sourelly Jáquez, informó que investigarán las personas que fueron beneficiados por esta red.
“El ministerio público investiga todo, todo lo que en este caso, ya sea fiscal, ya sea empleado, persona beneficiada con retiro de ficha se va a investigar cada alegato y cada elemento de prueba o evidencia de que una persona fue beneficiada”, explicó la fiscal.
Manifestó que el órgano persecutor está trabajando en restablecer la base de datos y en “una segunda fase mucho de ellos (los beneficiados) van a estar siendo sometidos por pagar los sobornos”.
Asimismo, confirmaron que uno de los imputados mencionó al influencer Cristian Casablanca como uno de los beneficiados de este entramado al borrársele supuestamente un impedimento de salida.
En este caso están involucrados Mártires Rosario Reyes, soporte del sistema de justicia de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Procuraduría General de la República.
También, Alfredo Mirambeaux Villalona, Rubén Darío Morbán Santana, encargado de la división de tecnología de la Fiscalía de Santo Domingo Este y su esposa Laudelina Esther Reyes Silva.
Los empleados de la Procuraduría General de la República Pilar Yrenes Medina Trinidad y Domingo Julio Santana Sánchez, así como a los coimputados Yokaira Elizabeth Carmona, al ex policía Luis Alfredo Astacio Polanco, Ashley Darleni Morbán Reyes, el sargento de la Policia Nacional Antony Vicente Ferrer Monegro, Romanski Alexander Dotel Medina y Dilcia Argentina Núñez Santos.
Con la Operación Gavilán, el Ministerio Público también investiga a por lo menos siete fiscales contra los que procederá a solicitar ante las jurisdicciones correspondientes la designación de un juez especial, en cumplimiento del procedimiento particular establecido en el marco jurídico para la persecución penal contra servidores del sistema de justicia.
Asimismo, puso en marcha el debido proceso disciplinario a cargo de la Inspectoría General del Ministerio Público.
Los 12 encartados por el ministerio público por formar parte de un entramado de corrupción desarticulado en la “Operación Gavilán”, acusados de eliminar y adulterar registros penales a cambio de sobornos, habrían favorecido a más de 16,000 personas con las adulteraciones.
Según la procuradora fiscal Sourelly Jáquez, representante del Ministerio Público en este caso, las adulteraciones ascienden a 16,958 personas y no 8 mil, como se había informado anteriormente en la solicitud de medida de coerción del órgano acusador.
“No solamente se indicaban las 8,000 y pico de personas que aparecían con registros alterados o borrados, sino 16,958 personas que conforme al peritaje técnico le fueron eliminados o borrados los antecedentes penales”, declaró la fiscal a la salida del conocimiento de medida de coerción el pasado lunes.
Entre las acciones ilícitas que habrían eliminado los señalados por el Ministerio Público, entre ellos fiscales de ese órgano, figuran antecedentes penales ligados al narcotráfico, violencia de género, secuestro, homicidio, adulteración de alcohol, lavado de activos, entre otros delitos graves.
El proceso para los miembros de la Procuraduría proceder a la eliminación se realizaba de la siguiente manera: solicitud de eliminación de antecedentes, consulta, precio, pago en efectivo o transferencia, eliminación de antecedente, consulta de comprobación, expedición de certificado de no antecedes penales y, por último, “franqueo” para salir del país.
El pedido de los fiscales
Ante los hechos, el ministerio público solicitó al juez de la Oficina de Atención Permanente, Rigoberto Sena, quien conoce el caso, que este sea declarado complejo y los imputados cumplan 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción.
