La portavoz de la Cancillería china, Hua Chunying, rechazó las declaraciones de algunos miembros del Grupo de los Siete (G7) de que Pekín representa «la amenaza mayor a la seguridad y prosperidad global» y defendió el papel que desempeña su país en la economía y la seguridad mundial.

«China es el motor número 1 de la economía mundial (contribuye a un mayor crecimiento que los miembros del G7 combinados), el principal socio comercial de más de 140 países y el segundo mayor contribuyente a la financiación de las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU», escribió la vocera en Twitter.

Acentuando que «al mundo real no se le lavará el cerebro ni se le engañará», Hua planteó que «si China es una amenaza, ¿entonces qué son algunos miembros del G7 que van a la guerra contra Estados soberanos, derrocan gobiernos extranjeros legítimos, abandonan tratados multilaterales y coaccionan a otros países para que rompan las cadenas de suministro?».

CUESTIONA A LOS ESTADOS UNIDOS

Citando a dos autores estadounidenses, la portavoz recordó que EE.UU. protagonizó decenas de operaciones de cambio de régimen en otros países a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado.

«Las cifras preliminares muestran que entre el final de la Segunda Guerra Mundial y 2001 hubo 248 conflictos armados en 153 regiones del mundo, de los cuales 201 fueron iniciados por Estados Unidos», sostuvo.

Asimismo, la vocera china publicó una imagen que muestra la proporción real de los países del G7 en el mundo y que, según ella, evidencia que no tienen el derecho moral de hablar en nombre de toda la humanidad.

Al final de la cumbre del G7 celebrada en Japón el pasado fin de semana, los líderes del grupo, incluidos el presidente estadounidense Joe Biden, el francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Rishi Sunak, declararon que no están dispuestos a tolerar la «coerción económica» y el expansionismo militar de China.

«China plantea el mayor desafío de nuestra era a la seguridad y la prosperidad mundiales, son cada vez más autoritarios en el interior y asertivos en el exterior», afirmó Sunak.

Puerto Príncipe, 21 may.- Las celebraciones por el Día de la Bandera y el atentado contra el juez Jean Wilner Morin que investiga casos de corrupción, destacan en la semana que culmina en Haití.

Por primera vez el Gobierno trasladó los festejos por el aniversario 20 de la bicolor a la ciudad de Cabo Haitiano, en el extremo norte del país, ante la inseguridad y violencia que sufre la capital y los accesos a Arcahaie donde la enfermera y revolucionaria Catherine Flon cosió la insignia nacional el 18 de mayo de 1803.

La decisión provocó numerosas críticas al primer ministro Ariel Henry, quien en el discurso central insistió nuevamente en la necesidad de diálogo y unión ante la grave crisis que atraviesa la nación caribeña y reiteró la urgencia de celebrar elecciones.

El titular señaló que 2023 es un año decisivo para la nación y reiteró que es hora de reforzar las instituciones estatales para que puedan desempeñar su papel y dar a los ciudadanos la confianza en el futuro.

Es importante hoy invitar a todos a sentarse a discutir, a dialogar, debemos escuchar las necesidades de nuestros compatriotas que quieren vivir en paz, que quieren restituir los derechos de las personas mayores, de elegir, libremente quienes lo dirigirán, dijo Henry.

Mientras el Gobierno trasladó la ceremonia por preocupaciones con la seguridad, en la capital individuos armados abrieron fuego contra el vehículo del juez Jean Wilner Morin, quien actualmente investiga casos sensibles relacionados con la Administración General de Aduanas y el Fondo de Asistencia Social.

El magistrado y su chofer salieron ilesos, confirmó luego la Asociación Profesional de Jueces y condenó el «odioso» atentado, al tiempo que instó a las autoridades competentes asumir sus responsabilidades y garantizar a los ciudadanos el derecho a la seguridad.

Por su parte, la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití expresó preocupación por las amenazas, intimidaciones y actos violentos contra agentes de policía, jueces encargados de casos delicados y actores judiciales.

El organismo instó a las autoridades a tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los magistrados y agentes judiciales que trabajan en condiciones difíciles.