El traslado a la cárcel preventiva de Ciudad Nueva de siete exfuncionarios del pasado gobierno de Danilo Medina y otras 12 personas arrestadas en la operación Calamar, puesta en marcha ayer por el ministerio público, cambió la rutina del Palacio de Justicia del Distrito Nacional durante el fin de semana.
Un movimiento inusual imperó allí, aunque similar a cuando se produjeron otros arrestos de exfuncionarios del pasado gobierno, mediante operaciones para desmantelar presuntas redes de corrupción administrativa.
Una constante entrada y salida de abogados y familiares de los detenidos en la cárcel preventiva fue el ambiente que se observó este domingo, día que por lo general no frecuentan muchas personas a ese Palacio de Justicia, porque solo funciona el tribunal de atención permanente y se conocen pocas medidas de coerción. La preocupación y tristeza de parientes era notoria, pero de parte de ellos no hubo declaraciones, sino de algunos abogados.
Desde las primeras horas de la mañana, parientes de los detenidos acudieron con fundas y bolsos en manos, para llevar principalmente artículos de aseo personal, preguntar por sus familiares o por las cosas que les pueden llevar.
Con frecuencia, abogados ingresaban y salían de la cárcel, ubicada en el cuarto nivel de la edificación, sin dar muchos detalles sobre las imputaciones individuales de sus clientes, a espera que el ministerio público presente la solicitud de medida de coerción.
Según un comunicado enviado por la Procuraduría, mediante allanamientos realizados el sábado en la noche por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), fueron arrestados el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; el exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta; el exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; el ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
También fueron apresados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación y Ana Linda Fernández.
Más tarde, acudieron a la Procuraduría el abogado Ángel Lockward y el señor Miguel David Hernández, quienes fueron arrestados y trasladados a la preventiva del Palacio de Justicia.
Acusaciones
Asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno, financiamiento ilícito de campaña y lavado de activos son los delitos imputados a este grupo, vinculado presuntamente al pago irregular de expropiaciones de inmuebles a través de Hacienda, durante la gestión de Guerrero.
La Procuraduría informó que la operación implicó 40 allanamientos ejecutados en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana, en los que participaron 40 fiscales, decenas de técnicos de diferentes unidades de investigación, 300 miembros de la Policía Nacional y un amplio equipo de apoyo administrativo.
Defensas legales
Por la vía telefónica, el abogado Eduardo Núñez, representante legal de Donald Guerrero, dijo que no tienen información sobre las imputaciones al exministro de Hacienda, debido a que no han recibido las copias de las órdenes de allanamiento y de arresto.
Indicó que aunque el ministerio público le comunicó que los documentos estaban listos ayer en la tarde, acordaron que irían a recogerlos hoy en mañana.
“La defensa se está preparando para la medida de coerción, que es lo que corresponde en este tipo de proceso”, acotó Núñez ayer en la tarde. En la mañana, prefirió no hablar en el Palacio de Justicia.
Mientras, la abogada del exdirector del CEA, Luis Miguel Piccirilo, dijo que su cliente está tranquilo y confiado de que podrá demostrar su inocencia.
Al salir de la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, Wendy Lora expresó que Piccirilo fue apresado alrededor de las 11:30 de la noche del sábado. “Él está tranquilo y confiado que con los elementos que tenemos va a poder demostrar que no ha cometido ningún delito”, expuso Lora, quien agregó que estar detenido no es un proceso agradable.
Sostuvo que esperarán la solicitud de medida de coerción y que para ello el ministerio público está en plazo todavía.
Destacó que no tiene ningún antecedente penal, por lo que consideró innecesario arrestarlo mediante un allanamiento, con armas largas, habiendo niños en la casa, porque siempre estuvo dispuesto a comparecer en caso de haber sido citado.
Sostuvo que pudo haber sido de otra forma, aunque señaló que no podía decir que se incurrió en violación de derechos, sino que el protocolo debe ser revisado.
Norberto Rondón, abogado de Lockward, dijo que previo a su arresto cuando se presentó voluntariamente, éste conversó con la directora nacional de Persecución de la Procuraduría, Yeni Berenice Reinoso, quien le informó sobre la orden de arresto en su contra.
“Fue una conversación con la magistrada Yeni Berenice, muy cordial”, acotó Norberto Rondón tras abandonar la cárcel preventiva.
Informó que antes de arrestarlo, le permitieron comer, debido a que es diabético.
Enfatizó que fue una conversación amable y con mucha altura. Señaló que en la orden de arresto solo se enumeraron tipos penales que son genéricos para todos los imputados, sin darle detalles sobre las imputaciones individuales de su cliente.
Dijo que no sabe cómo el ministerio público pretenderá probar vinculación de Lockward con Guerrero, Peralta, Castillo y otros.
La abogada de Peralta dijo que se referirán al caso en su momento, después que el ministerio público presente la medida de coerción y conozcan los elementos que contiene la solicitud.
Emery Rodríguez expresó que no tenían detalles sobre las imputaciones, por lo cual no podían avanzar información. Algunas defensas de los detenidos rehusaron hablar, en espera de la medida de coerción.
Investigaciones
En agosto del 2022, la jueza Kenya Romero, coordinadora de los juzgados de la instrucción, autorizó a la PEPCA a obtener informes financieros respecto a una investigación abierta contra Guerrero, otros exfuncionarios y particulares, sobre procesos irregulares e ilegales de deuda pública, para desfalcar al patrimonio del Estado.
Según los fiscales, se realizaron maniobras fraudulentas con el objetivo de sustraer del erario RD$19,653,871,513.80 por concepto de acuerdos transnacionales, y que lograron sustraer RD$17,300,642,051.07, por operaciones de pago de expropiaciones de terrenos en áreas protegidas y la simulación de compra y venta de terrenos bajo la modalidad de deudas administrativas.
CIFRAS
Demanda nulidad
El pasado viernes, la tercera sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) dejó en estado de fallo un recurso contencioso que interpuso Angel Lockward, en demanda de la nulidad del informe preparado por auditores de la Contraloría General de la República sobre el pago de expropiaciones, que sirvió de base a los fiscales para las investigaciones a los arrestados.
En ese informe de la Unidad Antifraude de Contraloría, de septiembre del 2021, se establece que los investigados estafaron al Estado con más de 17,000 millones de pesos.
