Gonell Franco

Bajo un alegado pacto y por medio de un ante proyecto de ley del que la población no está bien informada y documentada, porque ni lo ha hecho el Gabinete del Agua, ni particularmente el Presidente de la República, Luis Abinader, se pretende la privatización del agua en República Dominicana.

Gran parte de la población escucha hablar de la privatización del agua y que el gobierno, sutilmente, lo promueve como otra cosa, piensa que se trata solo de la que se sirve por medio de los acueductos, por cierto, con mucha deficiencia, pero no, es la privatización de toda el agua.

Es decir, estamos hablando de todas las fuentes de agua, ríos, arroyos, cañadas, lagunas (humedales), y todas las cuencas y subcuencas hidrográficas e hidrológicas que las integran.

Esa sería una verdadera tragedia para la República Dominicana, y es una intención malsana del gobierno dominicano, a partir de que en otros países ya hay grandes bancos que han reservado grandes cantidades de millones de dólares en la Bolsa de Valores y otras líneas, para los negocios de privatización del agua.

La privatización del agua a nivel mundial, significaría mayores precios que los del oro y el petróleo, porque sin esos dos elementos tendríamos retrocesos, pero la vida sería posible, no así sin el agua, que se convertiría, por esa razón, en el bien común de consumo local y exportación, más demandado en toda la historia de la humanidad, e, incluso, no se descarta que por ser imprescindible para la vida, traiga conflictos de guerras en distintas latitudes del planeta tierra.

En el caso particular de la República Dominicana y de otros países del mundo, hay que agregarle todas las terribles consecuencias del cambio climático, producto del calentamiento global, todo ello como resultado de los grandes crímenes ecológicos en contra de la naturaleza y todos los recursos que la integran, provocados por la mano del hombre, y muy especialmente desde aquellos grandes emporios políticos y de poder económico.

En torno al proyecto de ley que someterá el Poder Ejecutivo de República Dominicana, el próximo día 22 de este mes de marzo (día mundial del agua), nos queda la esperanza de que de ser aprobado, lo que sería un golpe mortal a la población dominicana, por parte de los legisladores, convertido en ley, con su promulgación por parte del Presidente Abinader, esta, por alguna vía, llegaría a conocerse en el Tribunal Constitucional, y el mismo no le quedaría de otra que declararlo “inconstitucional”.

No le quedaría de otra, porque el artículo 15 de la Carta Magna, establece que el agua es un bien público común, por lo que cualquier postulado contrario, sería inconstitucional.

No obstante, y de todas maneras, es necesario un empoderamiento por parte de las organizaciones ambientales, sociales, religiosas, en fin, de la sociedad civil en toda su dimensión, para evitar el más terrible crimen contra la población dominicana.-