La justicia ecuatoriana ordenó este domingo la presentación periódica del expresidente Lenín Moreno (2017-2021) en la Corte Nacional de Justicia, en el marco de las investigaciones en el caso Sinohydro, que gira en torno a presuntos sobornos recibidos por la construcción de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair.
El juez Adrian Rojas dispuso la presentación cada 15 días en la Secretaría de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador para Moreno, así como su esposa Rocío y Xavier M.
El resto de los procesados deberán presentarse cada ocho días en la misma institución, además de pesar sobre ellos la prohibición de salida del país y uso de dispositivos de vigilancia, excepto para Wu Y. para quien se dictó prisión preventiva.
La Fiscalía General del Estado recordó que procesa a 37 personas, entre ellas Moreno, por «su presunta participación en el delito de cohecho: habrían recibido alrededor de 76 millones de dólares -entre 2009 y 2018 en coimas provenientes de la empresa Sinohydro, constructora del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair».
El pasado viernes, la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, solicitó el arresto domiciliario para Moreno al formular su acusación por el caso Sinohydro.
En la audiencia de presentación de la acusación por cohecho, Salazar consideró necesaria la prisión preventiva para los 37 imputados en el caso, pero la Constitución impide esa medida para los mayores de 65 años, como es el caso de Moreno, su mujer y otros 12 investigados, para quienes pidió el arresto domiciliario.
La fiscal también requirió al juez Rojas, de la Corte Nacional de Justicia, retener e inmovilizar las cuentas de todos los imputados, incluidas las de aquellos que residen en el extranjero, como es el caso de Moreno, que ejerce en Paraguay de comisionado de la Organización de Estados Americanos para Asuntos de Discapacidad.
SUPUESTOS SOBORNOS
Salazar sostuvo que la empresa estatal china Sinohydro pagó supuestamente sobornos que rondaron los 76 millones de dólares, lo que hicieron que la obra de la mayor central hidroeléctrica de Ecuador se encareciese de los 1.979 millones de dólares a los 2.245 millones de dólares.
En el caso del expresidente y su familia, cifró en 660.000 dólares el supuesto dinero ilícito recibido, de los que 220.000 corresponderían presuntamente a Moreno y a su mujer en forma de una vivienda y muebles.
La fiscal asignó los otros 440.000 dólares restantes a los hermanos de Moreno, Edwin (350.000 dólares) y Guillermo (10.000 dólares), a su hija Irina (50.000 dólares), a sus cuñadas Jacqueline (10.000 dólares) y Martha (15.000 dólares), y a su suegra Aída Graciela (5.000 dólares).
De acuerdo con la tesis defendida por Salazar, el grueso de los supuestos sobornos tuvieron, presuntamente como beneficiarios, a Conto Patiño, amigo del expresidente Moreno, y su familia, con un valor ascendente a los 44 millones de dólares.
La acusación de la fiscal también incluye a dos gerentes de Coca Codo Sinclair y al exembajador de China en Ecuador Cai Runguo, quien en su momento ejercía de representante legal de Sinohydro.
El caso Sinohydro estalló en 2019, cuando el portal periodístico La Fuente publicó una investigación en la que se involucra a uno de los hermanos de Moreno con supuestas cuentas en paraísos fiscales y una lujosa propiedad en Alicante (España), en una aparente triangulación de una empresa opaca.
En ese informe periodístico se reveló una serie de nexos y supuestas irregularidades que vinculaban a Moreno con la empresa «offshore» INA Investment, que llevaron a una investigación inicial de la Fiscalía sobre supuestos sobornos cobrados cuando ocupó la Vicepresidencia de Ecuador, durante el mandato presidencial de Rafael Correa (2007-2017).
Sin embargo, el exgobernante ha negado tajantemente esa denuncia y ha sugerido que esta obedece a una estrategia política de Correa, su principal detractor, quien reside en Bélgica y que ha sido condenado por la Justicia ecuatoriana por cohecho en otro caso de corrupción.
Con una potencia de 1.500 megavatios, la central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair está en el río Coca, entre las provincias amazónicas de Napo y Sucumbíos, y su infraestructura está en entredicho ante la aparición de fisuras en su estructura, incluso antes de que se pusiese en funcionamiento en 2016.
