Según la información disponible en su portal web, solo en los primeros diez meses de 2024, la entidad estatal registró 9,545 reportes de estos casos, de los cuales 6,592 involucraban motocicletas.
Según datos de la Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDRM), el país registró aproximadamente 40 mil accidentes y enfermedades laborales durante el último año.
Esta cifra, que incluye un alarmante incremento en los accidentes de trayecto, representa un alto costo económico y una amenaza preocupante para la productividad nacional.
Un accidente de trayecto es un tipo de accidente laboral que ocurre cuando un trabajador se desplaza en el camino de ida o de regreso entre su casa (su domicilio habitual) y su lugar de trabajo.
Laura Peña Izquierdo, presidenta de COPARDRM, destacó que el fenómeno de los accidentes de trayecto es «más común de lo esperado» y se sumará a los temas que la confederación abordará en su próximo congreso.
Por esta razón, COPARDRM celebrará los días 14 y 15 de octubre un congreso sobre prevención de riesgos laborales bajo el lema “¡Seguridad, Salud y Bienestar!”, donde se compartirán enfoques, herramientas y experiencias para fortalecer la gestión de riesgos laborales y mejorar el bienestar en el ambiente de trabajo.
“Entendemos que la seguridad y la salud en el trabajo no son un gasto, sino una inversión inteligente, que se traduce en mayor productividad, reducción de costos y en entornos más sostenibles y competitivos”, subrayó Peña.
La actividad busca dotar a las empresas de pautas para priorizar el bienestar de sus empleados a través de buenas prácticas en seguridad, comunicación asertiva, y una cultura que cuide la salud física y mental de sus colaboradores.
La directiva invitó a los sectores público y privado a unirse para favorecer la cultura preventiva con un diálogo «franco, constructivo y de propósito», enfatizando que solo con la participación activa de todos los involucrados será posible lograr una cultura de prevención.
“Nuestra intención es que los aprendizajes de este espacio trasciendan más allá de los salones de conferencia, y se conviertan en acciones concretas en cada empresa.
Solo así podremos avanzar hacia un país que coloque la salud y seguridad de sus trabajadores en el centro de su desarrollo económico y social”, manifestó Peña.
Estadísticas de accidentes en motos
A finales del año pasado, el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril) informó que un 40% de los accidentes laborales son de trayecto, y de este porcentaje, el 63% ocurre a bordo de motocicletas.
Según la información disponible en su portal web, solo en los primeros diez meses de 2024, la entidad estatal registró 9,545 reportes de estos casos, de los cuales 6,592 involucraban motocicletas.
Además, el Idoppril reportó que, desde 2020 hasta octubre de 2024, se registraron 48,293 reportes de accidentes de trayecto, generando pagos a los afiliados por un monto total de RD$ 5, 121, 429,581.29.
La mayoría de estos reportes (30,346 casos) pertenecían a accidentes de motocicletas, lo que implicó desembolsos por RD$ 3, 370, 634,664.98 para cubrir gastos de hospitalización, medicamentos, indemnizaciones y pensiones a afiliados y beneficiarios.
Por su parte, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) sostiene en su portal web que, desde el 1 de enero hasta el 26 de septiembre de 2025 (asumiendo que los datos se refieren al año en curso), se han reportado 38,271 accidentes de trabajo y 311 enfermedades profesionales, sumando un total de 38,582 casos.
El tratamiento de Dalissa Delgadillo es de uso continuo y su costo sin cobertura del seguro asciende a RD$30,000 mensuales, una suma que la paciente afirma no puede asumir.
Pacientes con trasplante de riñón acudieron este lunes a la Dirección del Programa de Medicamentos de Alto Costo (DMAC) en reclamo del fármaco que utilizan para evitar el rechazo del órgano, el cual, aseguran, llevan dos meses sin recibir.
Dalissa Delgadillo, trasplantada renal desde hace 12 años, explicó que no ha podido acceder al medicamento Myfortic 360 mg, utilizado para prevenir el rechazo del órgano, ya que en el Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (Incart) le informan que no está disponible.
El tratamiento es de uso continuo y su costo sin cobertura del seguro asciende a RD$30,000 mensuales, una suma que la paciente afirma no puede asumir.
“Ya agoté la cobertura del seguro. No podemos comprarlo”, señaló con preocupación, mientras recordó que la falta del medicamento pone en riesgo su salud: “Es un órgano extraño, trasplantado, pero no es nuestro”.
Delgadillo aseguró que no es la primera vez que enfrenta dificultades para retirar el fármaco en las farmacias habilitadas por el programa.
Los pacientes se presentaron a las oficinas del organismo para manifestar su preocupación por el retraso de dos meses que tienen en la entrega del mismo.
La respuesta del director
Ante los reclamos, el director del DMAC, doctor Carlos Sánchez, insistió en que dentro del programa “siempre hay medicamentos” y que, una vez ingresados, los pacientes reciben sus tratamientos sin inconvenientes en cualquiera de las 9 farmacias disponibles en el país.
Explicó que la demanda de estos fármacos ha aumentado debido a la mayor esperanza de vida y a los avances en los diagnósticos médicos. En ese sentido, citó que el presupuesto asignado al programa pasó de RD$2,786 millones en 2020 a RD$7,313 millones en 2024, y que la cantidad de beneficiarios subió de 2,500 a 7,400 pacientes.
No obstante, admitió que existe una lista de espera, aunque “pequeña”, de personas que aguardan ser ingresadas.
“Como en todos los programas del mundo, no somos la excepción. Pero todos nuestros pacientes en espera recibirán sus medicamentos”, afirmó.
Proceso para ingresar al programa
Sánchez detalló que, tras un diagnóstico de enfermedad de alto costo —como cáncer, esclerosis múltiple, enfermedad de Crohn, psoriasis o patologías inflamatorias intestinales—, el paciente debe acudir a su Administradora de Riesgos de Salud (ARS). Si la ARS no cubre el medicamento o ya agotó el tope de cobertura, se solicita la inclusión en el DMAC.
El expediente debe contener copia de la cédula, indicación médica del fármaco, historial clínico de la enfermedad, carta de no cobertura emitida por la ARS. La documentación se deposita en la sede del programa, ubicada en la Plaza Metropolitana. “Depositar no significa estar dentro; es el inicio del proceso”, aclaró el director.
El director del DMAC, doctor Carlos Sánchez, explicó, que las solicitudes para recibir medicamentos de alto costo, se evalúan en función del tiempo de depósito, la gravedad y el tipo de enfermedad. Una vez aprobadas, los pacientes reciben el medicamento en las farmacias autorizadas de manera continua.
“El programa es el mejor seguro para los pacientes de alto costo: no hay que pagar diferencias y siempre tendrán sus medicamentos”, concluyó Sánchez.
El juez decidió convocar una audiencia el próximo 24 de octubre a las 9:00 de la mañana.
Los hermanos Antonio y Maribel Espaillat acudieron este lunes al Palacio de Justicia del Distrito Nacional para pedir al Tercer Juzgado de Instrucción que se autorice un nuevo peritaje sobre el colapso de la discoteca Jet Set, tragedia que dejó 236 muertos y más de 180 heridos el pasado 8 de abril.
La petición incluye que el análisis sea realizado por el ingeniero José Lockward, quien según dijeron, es especialista en comportamiento de suelos, riesgos estructurales y evaluaciones de eventos de impacto social.
Los imputados pidieron que se ejecutaran pruebas de carga a las vigas que no cayeron y otros estudios o análisis sobre la composición del suelo.
Harold Aybar, abogado de algunas víctimas, explicó que la solicitud se enmarca en lo permitido por la ley procesal penal, aunque alegó que los imputados buscan reforzar su defensa.
“Quitando al tribunal que lleva a cargo el control de las investigaciones, en este caso serían unos peritos internacionales, hasta el momento, para que estos hagan una evaluación también de las estructuras de lo que ocurrió en el siniestro en la discoteca”, indicó.
De igual forma, Aybar sostuvo que la estrategia legal de los hermanos Espaillat busca “robustecer su derecho de defensa”.
Por otra parte, el abogado Osiri Disla cuestionó la capacidad técnica de los peritos que han intervenido hasta ahora. Señaló que ninguno ha demostrado «títulos habilitantes» para realizar este tipo de investigaciones.
“Si la gente quiere hacer un peritaje a una explosión o a una caída de un edificio, lo menos que pudo hacer es haber participado previamente en un edificio que se cayó y ellos no han participado en nada de eso” , afirmó.
Disla agregó que los actuales peritos “están mintiendo a la República Dominicana” y, en consecuencia, cree necesario que se ordene el nuevo peritaje, siempre y cuando se garantice la participación de expertos calificados.
Además, los imputados solicitaron que el ingeniero Nicolás Sanz sea designado como consultor técnico para supervisar el proceso. Argumentaron que este cuenta con más de dos décadas de experiencia en análisis, diseño y evaluación de ingeniería estructural.
El juez decidió convocar una audiencia el próximo 24 de octubre a las 9:00 de la mañana.
Luis Valdez Veras participó como expositor en el Segundo Congreso CICI 2025, organizado por el Consejo Nacional de Consultores Impositivos (Conaci), en Punta Cana, el sábado pasado.
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII), se ha amparado en una nueva herramienta tecnológica basada en inteligencia artificial, que facilitará detectar operaciones irregulares, como simulaciones o volúmenes inusuales de facturas electrónicas.
Además, identificará patrones inusuales de riesgos fiscales dentro de la facturación, se propone ampliar el centro de datos ( Data Center), y también implementará una Base de Datos No Relacional para Documentos No Estructurados, lo que permite el manejo de grandes volúmenes de información, y aplicará herramientas para medir riesgos de lavado de activos.
“Contamos con un centro de respaldo alterno y hemos iniciado un proceso de migración gradual a plataformas en la nube, basándonos en la modificación del artículo 56 del Código Tributario que autoriza esta medida”, dijo Luis Valdez Veras, director general de la DGII, durante el cierre del Segundo Congreso Congreso Internacional de Consultores Impositivos CICI 2025, realizado por el Consejo Nacional de Consultores Impositivos (Conaci).
Indicó que DGII y Aduanas intercambian informaciones como parte del proceso de transformación digital orientado a facilitar el cumplimiento tributario. Mientras que con el Registro Inmobiliario (RI) la DGII han establecido un acuerdo de interoperabilidad, para eficientizar la gestión de los impuestos inmobiliarios y aumentar la seguridad jurídica.
Valdez Veras dijo que desde agosto de 2024 se encuentra disponible la Interconexión con DGA para Operaciones de Primera Placa, la cual permite que los contribuyentes puedan cargar sus declaraciones de Aduanas en la Oficina Virtual (OFV) y seleccionar los vehículos para sus trámites sin necesidad de digitar datos.
El funcionario reveló que la reciente misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que visitó el país en septiembre de este año proyectó un crecimiento del PIB real cerca del 3% en 2025, respaldado por las medidas de liquidez del Banco Central y estímulo fiscal, lo que evidencia que los riesgos estructurales se mantienen.
Este año, señaló que el país recibió asistencia técnica del FMI, dentro del Programa de Análisis de Brechas Tributarias, para la estimación de la brecha de cumplimiento del ITBIS en el período 2018-2023. Los resultados oscilan entre 36.5% y 41.6% del ITBIS potencial, registrando el valor más bajo en el año 2023. En adición, como parte del cumplimiento de compromisos internacionales, en julio 2024 se recibió la comisión de la OCDE para la Evaluación in situ respecto de Confidencialidad y Salvaguarda de la Información.
Sostuvo que la presión tributaria aumentó de 13.9% del PIB en 2016 a 16.4% en 2024, reflejando los avances en la administración tributaria.
Valdez Veras asegura que la DGII es una administración tributaria moderna, eficiente y su orientación al servicio es irreversible.
Facturación Electrónica
La DGII ha recibido más de 1,000 millones de Comprobantes Fiscales Electrónicos (e-CF) desde que inició sistema en el país.
Actualmente, más de 10,888 contribuyentes operando como emisores y receptores electrónicos. De estos, el 31.09% usa el Facturador Gratuito, una plataforma creada por la DGII para facilitar la emisión de facturas.
Además, 7,941 contribuyentes están en proceso de certificación, mientras que 98 Proveedores de Servicios Autorizados respaldan la operatividad del sistema.
En coherencia con nuestro compromiso con la modernidad y el aumento del cumplimiento voluntario, anunciamos recientemente la entrega gratuita de 30,000 certificados digitales a los usuarios del Facturador Gratuito, iniciativa que estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2025. Todo esto constituye los pasos hacia la tributación del futuro, dijo Valdez Veras.
Rol de auditores
Indicó que dentro de la Administración Tributaria los auditores han evolucionado de la fiscalización estricta a una responsabilidad estratégica vinculada al cumplimiento cooperativo, la prevención de riesgos, la modernización digital y la auditoría internacional.
Expuso que en Brasil y Perú los auditores no solo sancionan, sino que también previenen incumplimientos, acompañan a los contribuyentes y promueven espacios de confianza y seguridad jurídica.
“A ello se suma el impacto de la transformación digital y de la inteligencia artificial, que permiten analizar grandes volúmenes de datos, fiscalizar en tiempo real, detectar fraudes de manera temprana y asistir al ciudadano bajo principios de transparencia y equidad”, agregó.
Sepa más
Luis Valdez Veras, en el Segundo Congreso CICI 2025.Externa
Pagos en línea del IPI
A partir del último trimestre de 2025, las operaciones inmobiliarias podrán ser pagadas y validadas en línea.
Información
La DGII obtendrá acceso oportuno a la actualización de inmuebles por procesos de subdivisión, deslinde, refundición, constitución de condominio y canje registral, mientras que el Registro Inmobiliario podrá validar en tiempo real el cumplimiento fiscal de las operaciones inmobiliarias que le son apoderadas.
Pagos con tarjetas de crédito
A partir de este próximo octubre, en colaboración con el Banco de Reservas, estará disponible la opción de realizar el pago de las obligaciones tributarias con tarjetas de crédito a través de sus canales digitales.
El detenido es José Antonio Glass (alias “Yoyon”), quien fue identificado como la persona responsable del hecho, tanto por los levantamientos de cámaras como por fuentes humanas.
La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, informó el apresamiento de un hombre de 57 años acusado de ultimar a un menor de 10 años de edad, cuyo cuerpo fue encontrado este domingo en un área boscosa del sector Los Pinos, en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte.
El menor fue identificado como Y.P, hijo de una señora de 30 años, residente en Santo Domingo Este.
De acuerdo a una nota de prensa, según el acta de levantamiento de cadáver, el cuerpo presentaba trauma en la región del cuello y fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para determinar con precisión la causa de muerte y descartar o confirmar la existencia de abuso sexual.
El detenido es José Antonio Glass (alias “Yoyon”), quien fue identificado como la persona responsable del hecho, tanto por los levantamientos de cámaras como por fuentes humanas.
Durante el levantamiento en la zona, técnicos de la Policía Científica recolectaron varias evidencias, incluyendo una bola de baloncesto color mamey, prendas de vestir y otros objetos que serán analizados como parte del proceso investigativo.
«La Policía Nacional y Ministerio Público expresan su solidaridad con los familiares de la víctima, a la vez que reitera su compromiso de llevar ante la justicia a todo aquel que atente contra la vida, la integridad y la seguridad de los niños, niñas y adolescentes», explicaron.
La institución mantiene abierto el proceso de investigación en coordinación con el Ministerio Público, a fin de que este caso sea esclarecido en su totalidad y el responsable reciba las sanciones correspondientes.
Antecedentes
El profundizar las pesquisas, los oficiales a cargo detectaron que Glass (alias “Yoyon”) había sido apresado en el año 2009 y condenado a 15 años de prisión por agredir sexualmente a un menor.
El pasado miércoles, el presidente Luis Abinader destacó durante su alocución en la octogésima Asamblea de las Naciones Unidas (ONU) los avances que ha alcanzado el país en la reducción de la pobreza moderada, situándola de “25.8% en 2019 a 18.05% en el primer trimestre” de este año.
El pasado miércoles, el presidente Luis Abinader destacó durante su alocución en la octogésima Asamblea de las Naciones Unidas (ONU) los avances que ha alcanzado el país en la reducción de la pobreza moderada, situándola de “25.8% en 2019 a 18.05% en el primer trimestre” de este año.
Cuatro días después, el exmandatario Danilo Medina reacciona a los avances económicos expresados de manera constante por el Gobierno, asegurando que la población no ha podido mantener las condiciones en las cuales vivía antes de Abinader ser escogido para asumir el Poder Ejecutivo en 2020.
Medina dijo que las declaraciones de la gestión gubernamental dirigida por Abinader sobre la mejoría económica de la ciudadanía registrada en los últimos cinco años solo son la muestra de “cifras maquilladas y manipuladas”.
“Cuando nos fuimos del Gobierno, las personas que vivían en condición de clase media eran más que los que vivían en pobreza, pero esta nefasta obra de Gobierno los ha mandado de nuevo a vivir en la pobreza. Todo lo que dicen (de que) ha bajado la pobreza son cifras maquilladas y manipuladas”, expresó al encabezar una asamblea política en la provincia Hato Mayor, como presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ante parte de la dirigencia peledeísta que asistió al encuentro.
Para Medina, el único gobierno que se dedicó a reducir la pobreza en la República Dominicana fue el encabezado por el PLD, no obstante, emitió esta expresión sin especificar a cuál de los dos se refería, teniendo en cuenta que el presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, resultó electo presidente en tres ocasiones a través de la organización política morada.
El exgobernante está convencido de que el país tiene “problemas serios”, ya que las condiciones materiales de la población se han deteriorado, razón por la cual se encuentra “sumido en el abandono y la pobreza”.
Por último, Medina mencionó diversas iniciativas edificadas por el PLD, detallando cómo las autoridades, según aseveró, no han podido mantener la calidad del servicio gubernamental ofrecido a los habitantes.
911
“El (Sistema Nacional de Atención a Emergencia) 911 era un servicio que a los 5 minutos de haberlo llamado había una motocicleta con paramédicos y a los 8 o 10 minutos iba la ambulancia para llevarlo dignamente a un hospital”, indicó.
Medina alega que sus mandatos, comprendidos desde el 2012, hasta el 2020, terminaron con “el drama de ver a un pobre tirado en una cama de una camioneta que sufría una enfermedad o una madre que estaba a punto de dar a luz”.
“Estábamos transformando la vida de los dominicanos, (pero) desgraciadamente esas cosas se han perdido”, afirmó.
Energía eléctrica
Asimismo, asegura que durante sus años de gestión gubernamental desarrollaron, “prácticamente”, la electrificación de las 32 provincias, dejando en el olvido las averías e inestabilidades visualizadas en el sistema energético.
“Sin apagones… No lo teníamos y mucho mejor todavía: tarifa barata. Bajamos la energía a niveles en que la gente nunca esperó”, expresó.
Estos señalamientos del exgobernante ocurren días después de que diversas comunidades del país estuviesen siendo afectadas por una ola de apagones, provocando una serie de protestas para pedir la mejora de este servicio. Uno de estos casos sucedió en el municipio Bonao, el pasado 14 de agosto, donde residentes realizaron una marcha pacífica para manifestar su malestar.
Medicamentos
El último caso que lamentó el expresidente Medina fue el Programa de Medicamentos de Alto Costo.
“Ese no es un programa que se hizo al azar, ni fue creado antojadizamente, nosotros vivimos la experiencia de cientos de dominicanos que tenían en sus casas un (familiar) con una enfermedad catastrófica. Cáncer, diabetes… todas esas enfermedades que requieren de medicamentos de altos costos, que no lo pueden pagar”, dijo.
Medina recordó que habilitó este mecanismo en 2015 para evitar que este tipo de trágicos padecimientos puedan ser tratados, sin importar que las familias no dispongan del dinero necesario para solventar los excesivos gastos médicos.
“En la campaña prometí porque me di cuenta de que con (esas enfermedades llegaban a las familias) esa familia, si era pobre, sencillamente se moría el paciente y arrastraba a su familia a la pobreza, obligándola a vender sus bienes y a vivir en la miseria. Ese programa está ahí para proteger a las familias dominicanas, no puede ser que esos programas sean eliminados cuando este gobierno ha manejado más recursos que ningún gobierno en la historia de la República Dominicana”, puntualizó.
Respuesta a denuncias como las de medina
Horas después, la Dirección de Acceso a Medicamentos de Alto Costo (Damac) del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mispas) alega que las denuncias realizadas en contra del programa de medicamentos se deben a “intenciones políticas y desinformación”, destacando el eficiente funcionamiento de los servicios en la actualidad.
Según la nota de prensa, el presupuesto «apenas» contenía en agosto de 2020 RD$2,786,696,976, destinados a unos 2,500 pacientes. “En contraste”, para el presente año el presupuesto de la institución asciende a RD$7,313,861,754, lo que permite cubrir a 7,400 pacientes, es decir, tres veces la cantidad atendida en 2020.
“Todos los pacientes activos, con tratamiento ya iniciado por enfermedades oncológicas y cualquier otra patología de las que son atendidas por esa dirección, tienen garantizado su tratamiento de por vida y que en sus almacenes reposa el tratamiento hasta el año 2026”, indica el director gubernamental, doctor Carlos Sánchez, en la redacción publicada en los medios de comunicación.
a jueza Fátima Veloz dispuso una garantía económica de RD$7,000,000 para Leonardo Alberto Casci Ocumárez y Raúl Ernesto Guzmán Lora; de RD$5,000,000 para Keomirys Torres López; de RD$3,000,000 para Víctor Luis Torres López; de RD$1,500,000 para Raúl Ernesto Guzmán Croes, y de RD$3,000,000 para Leony Esmeralda Croes.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso la noche de este domingo medidas de coerción, consistentes en garantías económicas, presentación periódica e impedimento de salida del país contra seis integrantes de la red de piratería digital desmantelada mediante la Operación Domo.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente también declaró de tramitación compleja el caso.
El Ministerio Público había solicitado al tribunal que impusiera a los imputados 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, y que declarara el caso complejo, pero, la jueza Fátima Veloz dispuso una garantía económica de RD$7,000,000 para Leonardo Alberto Casci Ocumárez y Raúl Ernesto Guzmán Lora; de RD$5,000,000 para Keomirys Torres López; de RD$3,000,000 para Víctor Luis Torres López; de RD$1,500,000 para Raúl Ernesto Guzmán Croes, y de RD$3,000,000 para Leony Esmeralda Croes, además del impedimento de salida del país y la presentación periódica.
Durante la audiencia, el Ministerio Público expuso que la estructura delictiva se dedicaba a la distribución y al streaming ilegal de contenidos audiovisuales, ofreciendo accesos no autorizados a películas, series y programas de televisión protegidos por derechos de autor.
Estas prácticas constituyen violaciones a la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, ocasionando perjuicios a compañías internacionales y al Estado dominicano.
El órgano acusador estuvo representado por los procuradores de corte Pedro Amador, Pelagio Alcántara y José Agustín de la Cruz Santiago, de la Unidad de Propiedad Intelectual (UPI); los procuradores fiscales Miguel Antonio Pichardo Ramírez, de la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec) y la procuradora fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, así como las fiscales Lauridelissa Aybar Jiménez, de la Unidad de Comercio Ilícito adscrita a la UPI; Katiuska Serulle Serulle, enlace de la UPI, y Marineldy Peña, encargada del Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
La Operación Domo se ejecutó el pasado 16 de septiembre y fue coordinada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, con la participación de la UPI, la Pedatec, la Procuraduría Especializada contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, la Fiscalía del Distrito Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC).
Asimismo, colaboraron el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat) y la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet) de la Policía Nacional, con el apoyo internacional del Departamento de Justicia y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de los Estados Unidos.
El primer mandatario anunció que la obra tendrá un costo de RD$658 millones de pesos, que ya fueron depositados al ayuntamiento de Santiago, quien tiene a cargo la ejecución de la reconstrucción.
El presidente Luis Abinader, anunció la reconstrucción del mercado Hospedaje Yaque, principal centro de abastos del Cibao, la construcción del proyecto Mirador del Yaque, conocida como Nueva York Chiquito y otros saneamientos.
El primer mandatario anunció que la obra tendrá un costo de RD$658 millones de pesos, que ya fueron depositados al ayuntamiento de Santiago, quien tiene a cargo la ejecución de la reconstrucción. Según informó de esa suma, aproximadamente un 70 % será destinado al Hospedaje Yaque y otra parte al saneamiento, incluyendo la cañada de Gurabo y el área conocida como “Nueva York Chiquito”, que será transformada en un parque.
“Es lo que le llaman aquí el Nueva York chiquito, que se va a convertir también en un parque y vamos a desarrabalizar parte de esa área que está al lado del río Yaque”, expresó el mandatario.
El presidente subrayó que se trata de “obras importantes, de una inversión media, pero que tienen un gran impacto en la comunidad de Santiago”, e informó que los recursos para iniciar el proyecto ya están disponibles. No obstante, insistió en que el diseño de la nueva infraestructura debe realizarse con la participación de todos los sectores vinculados al comercio en el mercado.
“Yo sí le pido a Ulises, le pido también a Hilda de Amaprosán y a todos los sectores que esto tiene que ser un diseño de consenso y que tiene que haber una inclusión de los pequeños comerciantes y de los medianos y grandes comerciantes. Esa es una solución que debe de incluirnos a todos”, enfatizó.
Abinader adelantó que, si la licitación se realiza en el plazo previsto, los trabajos podrían estar concluidos entre finales de 2026 y el primer trimestre de 2027.
“Repito, esta era una promesa que era casi de la comunidad política durante décadas; la venimos a cumplir aquí y este anuncio, ya con los recursos depositados, lo que queremos es que haya un consenso de todo para que ese diseño incluya a todos los comerciantes”, manifestó.
El alcalde del municipio de Santiago, Ulises Rodríguez, calificó la visita del presidente como “histórica” por la trascendencia de la obra, debido a que “durante muchos años hemos estado esperando que se le ponga atención a este mercado, ya que aquí se procesan y comercializan la mayoría de los alimentos que consumimos, lo que tiene un impacto directo en la salud y en la vida social de nuestra gente”.
Rodríguez reveló, además, que los recursos para iniciar los trabajos ya fueron transferidos y destacó el compromiso del Gobierno con el desarrollo de la ciudad.
“Esta obra era esperada por muchos años, porque este mercado estaba abandonado. Pero recuerden que el presidente Abinader se comprometió a poner la atención en Santiago, a impulsar su desarrollo, y dijo que quería una alcaldía que trabajara de la mano con él, y eso es lo que estamos haciendo hoy: trabajando juntos como un solo gobierno coordinado”, indicó.
El alcalde detalló que el nuevo Hospedaje Yaque será una construcción de tres niveles, diseñada para garantizar inclusión, espacio y la participación de todos los comerciantes que hacen vida en este importante centro de abastos.
Con este proyecto, tanto el Gobierno central como la alcaldía buscan no solo mejorar las condiciones del comercio en Santiago, sino también impulsar la economía regional y ofrecer un espacio seguro, limpio y digno para vendedores y consumidores.
El panorama deja una advertencia hacia el futuro: contar con ríos caudalosos o montañas cargadas de agua no garantiza la seguridad hídrica para las próximas generaciones, un asunto que se contrapone con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el 2030.
El problema es evidente. América Latina y el Caribe concentran enormes reservas de agua, pero millones de personas no las reciben en sus hogares. La contradicción se repite con diferentes matices y causas: desde la infraestructura colapsada en Venezuela, la sobreexplotación de acuíferos en México y la crisis de potabilización en Uruguay hasta la pérdida acelerada de glaciares en Perú.
El panorama deja una advertencia hacia el futuro: contar con ríos caudalosos o montañas cargadas de agua no garantiza la seguridad hídrica para las próximas generaciones, un asunto que se contrapone con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el 2030.
Sequías históricas y racionamientos
Brasil, el país más grande, poblado y biodiverso de la región, concentra algunos de los mayores caudales de agua dulce del planeta. Un completo paraíso. No obstante, en los últimos años se ha convertido en un ejemplo claro de los efectos de la crisis climática en el continente. Según datos de O Globo, las estaciones secas en la Amazonia y el Pantanal —el humedal tropical más grande del mundo— son cada vez más prolongadas, mientras que los periodos de lluvia se acortan y se intensifican: se han vuelto más violentos y concentrados.
La sequía de 2024 en la Amazonia golpeó al 70 por ciento de los municipios de la región: 79 enfrentaron sequía severa y 69 sequía excepcional, la categoría más grave. En total, 3.978 ciudades brasileñas —el 71 por ciento del país— reportaron afectaciones. Con los ríos secos, muchas comunidades amazónicas quedaron aisladas y debieron recibir donaciones por vía aérea. Y el impacto no se limitó al consumo humano: en el sur y centro-oeste, la agricultura y la generación hidroeléctrica se desplomaron por la escasez de agua.
La sequía y el calor provocaron incendios forestales históricos que, el año pasado, arrasaron más de 30 millones de hectáreas —un área mayor que Italia— y aumentaron la contaminación del aire en ciudades enteras. La deforestación, el aumento de las temperaturas y la disminución de las lluvias han puesto en riesgo uno de los mayores tesoros de Brasil: sus inmensos ríos, vitales para su futuro.
Más al norte, Colombia, no obstante ser uno de los países más lluviosos del planeta, con seis veces más agua que el promedio mundial, lleva años atravesando sequías y dificultades en el acceso en muchos de sus territorios. El más reciente ‘Estudio nacional del agua’ revela que casi una quinta parte de sus municipios es vulnerable al desabastecimiento. Entre 1998 y 2021, más de 500 municipios sufrieron escasez en temporada seca, y otros 800 durante lluvias debido a inundaciones y daños en acueductos.
Uno de los casos más recientes fue el de Bogotá: la capital vivió durante un año un racionamiento sin precedentes del servicio de agua potable porque los embalses que la surten desde la Orinoquia estaban en niveles históricos bajos. La paradoja es que el agua que cae en los páramos —Colombia es el país con más ecosistemas de este tipo en el mundo— y selvas no llega de forma adecuada a las ciudades por deforestación, contaminación y falta de infraestructura en algunas zonas.
Expertos como Manuel Rodríguez Becerra, primer ministro de Ambiente colombiano y experto en política ambiental, y Patricia Bejarano, científica y directora de Paisajes Sostenibles de Alta Montaña de Conservación Internacional, coinciden en que la solución pasa por proteger los páramos y bosques, entender que “el agua no viene del tubo, viene de los ecosistemas” y combinar soluciones basadas en la naturaleza con nuevas infraestructuras. Diego Restrepo Zambrano, experto en ciencias del agua, agrega un punto: “Es urgente incluir al cambio climático en las políticas públicas”.
A eso se suma el desconocimiento sobre los acuíferos subterráneos, algo que se ha convertido en un inminente riesgo: 175 municipios de Colombia dependen de ellos y no hay hoy estudios suficientes sobre su sostenibilidad. En México, al contrario, se sobreexplotan.
Un racionamiento similar vivió la isla de Puerto Rico, entre 2015 y 2020, cuando sequías severas obligaron a limitar el servicio de agua, lo que afectó a más de un millón de personas. El año pasado, el 55 por ciento del territorio enfrentó sequía moderada.
Y en 2023, otra capital latinoamericana padeció una situación semejante. Según reseña El País, aunque Uruguay parecía inmune a la escasez, por estar rodeado de ríos y con grandes acuíferos subterráneos, Montevideo y su área metropolitana vivieron la peor crisis hídrica de su historia: el agua de la llave salió salada por la falta de lluvias y la necesidad de extraer del Río de la Plata, al que llegan corrientes del Atlántico que lo convierten en estuario.
El embalse Paso Severino, que alimenta a la planta de Aguas Corrientes —la principal del país que abastece a más de 1,7 millones de habitantes—, se vació a niveles críticos. Los supermercados, durante ese año, racionaron la venta de botellas. Los filtros hogareños no servían para quitar el exceso de sodio. Y mientras tanto, el 50 por ciento del agua potabilizada se perdía en cañerías deterioradas.
Para Marcel Achkar, geógrafo uruguayo, la crisis fue un fracaso de gestión más que de una escasez real. “Ya en 2022 había evidencia científica suficiente para actuar. Se esperó a que lloviera, como en el siglo XVI, en lugar de tomar medidas modernas de gestión”, detalla. Hoy el debate está en torno a nuevas infraestructuras, desde una represa en Casupá, dos horas al norte de Montevideo, hasta una planta potabilizadora en el Río de la Plata, que puedan ofrecer una mayor seguridad ante un escenario que sin duda no es prometedor hacia el futuro.
Superado ese momento, el debate político giró en torno a nuevas infraestructuras. El expresidente Luis Lacalle Pou había promovido la construcción de una planta potabilizadora en el Río de la Plata, pero, tras asumir el Frente Amplio el gobierno, en marzo pasado, esta opción fue descartada. Se decidió la creación de una represa en Casupá, dos horas al norte de Montevideo, como el mejor camino para ofrecer una mayor seguridad ante un escenario que sin duda no es prometedor hacia el futuro.
Más al sur, en Argentina, las sequías severas han afectado al sector productivo. El 2022 fue uno de los años más secos desde 1961: más de la mitad del territorio nacional estuvo bajo algún grado de sequía. Productores agropecuarios de Santa Fe y Santa Cruz, en el centro y sur del país, aseguraron que las enormes pérdidas económicas y financieras los han obligado a vender sus terrenos o a reconvertir sus campos a cultivos como el algodón. La problemática se complejiza con el acceso al agua potable. Víctor Pochat, presidente del Instituto Argentino de Recursos Hídricos, advierte que alrededor del 20 por ciento de la población no tiene acceso a agua segura, una falencia que se acentúa incluso en el conurbano bonaerense.
Desigualdad y falta de infraestructura
Ese problema de acceso al servicio de agua es otro de los desafíos comunes en América Latina y el Caribe. Y en varios países aún es un asunto sin solución.
La calidad del agua en la región también está comprometida.ARCHIVO/LD
En la otrora próspera Venezuela, la crisis del agua refleja la magnitud del deterioro generalizado de los servicios públicos, según datos de El Nacional. De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, el 77 por ciento de la población tiene acceso limitado al agua y el 11 por ciento carece por completo del servicio. En la última década, la cantidad de agua distribuida se redujo en más del 60 por ciento, mientras que el funcionamiento de los sistemas de bombeo y tratamiento cayó un 90 por ciento.
En ese sentido, la calidad del agua para los venezolanos también está comprometida. En el estado de Bolívar, en el suroriente, se detectaron altos niveles de contaminación microbiológica en escuelas y centros comunitarios. El colapso ha derivado en protestas constantes: solo en agosto de 2023 se registraron 48 manifestaciones por falta de agua.
Hoy, los estados más afectados son Nueva Esparta, Anzoátegui, Falcón, Aragua y Lara, donde las familias pueden pasar hasta 25 días sin agua corriente. En Caracas, apenas dos de cada diez surtidores públicos funcionan y los bomberos carecen de suministro para atender incendios.
Los hogares en esa ciudad deben destinar entre 30 y 50 dólares al mes en camiones cisterna, un gasto desproporcionado en medio de la crisis económica.
En Perú, la abundancia de ríos amazónicos contrasta con la realidad cotidiana de 3,3 millones de personas que carecen de agua potable. Un informe de El Comercio retrata escenas dramáticas: familias que deben caminar largas distancias para abastecerse de cisternas, depósitos improvisados que se convierten en focos de mosquitos que transmiten enfermedades como el dengue o comunidades indígenas que dependen del agua de lluvia o de ríos contaminados.
La desigualdad territorial es profunda. Mientras la selva tiene agua en abundancia, carece de infraestructura; en cambio, regiones áridas como Ica dependen de acuíferos sobreexplotados que corren el riesgo de agotarse en pocos años. Loreto, Ucayali y Pasco son las zonas con menor cobertura de agua potable, con índices que no superan el 28 por ciento.
Expertos como Alberto Cairampoma y Roy Cóndor, consultados por El Comercio, coinciden en que la crisis es estructural: la débil gobernanza, la alta rotación de funcionarios encargados de solucionar estas problemáticas, los proyectos paralizados y la falta de planificación mantienen al país en un escenario cada vez más negativo en términos de seguridad hídrica.
En Argentina, la situación hídrica también está marcada por profundas desigualdades regionales, según informa La Nación. Mientras que la provincia de Buenos Aires y la región del Litoral cuentan con abundante agua —aunque frecuentemente contaminada por desechos urbanos, agropecuarios e industriales—, dos tercios del territorio nacional son áridos o semiáridos.
Vacíos legales en el Caribe y Centroamérica
Si se mira hacia Centroamérica, esta problemática tiene varias aristas. Costa Rica presume una cobertura del 93 por ciento en agua potable, pero la cifra esconde desigualdades. En algunos cantones —la división administrativa de segundo nivel del país—, la cobertura no llega al 60 por ciento. Según datos de La Nación, la sequía de 2023 redujo más del 80 por ciento de las fuentes superficiales, de las cuales depende la mitad del consumo nacional.
Las pérdidas por fugas y conexiones ilegales superan el 50 por ciento del territorio costarricense. En la Gran Área Metropolitana, que incluye las conurbaciones de las cuatro ciudades más grandes de ese país, el déficit hídrico ronda el 20 por ciento, mientras que, en Guanacaste, en la costa del Pacífico norte, la presión por el turismo y la agroindustria agudiza la sobreexplotación. En el Caribe sur del país, además, la contaminación por aguas residuales sin tratamiento afecta la calidad del recurso.
América Latina y el Caribe no tienen un problema de carencia absoluta de agua, sino de mala gestión, desigualdad, degradación ambiental y vulnerabilidad al cambio climático.EXTERNA
Para John Diego Bolaños, investigador de la Universidad de Costa Rica, el país enfrenta problemas de gestión y planificación. “Aunque llueva mucho, las sequías son cada vez más prolongadas y la infraestructura no alcanza. El agua se distribuye de forma inequitativa, privilegiando al turismo o a quienes tienen más recursos”, explica. Cabe anotar que solo el 15 población tiene infraestructura que permita el tratamiento de sus aguas residuales, una deuda estructural que compromete la sostenibilidad del país.
En El Salvador, la situación no es muy diferente. El 27,9 por ciento de los habitantes no reciben agua a través de sus cañerías, según reseña La Prensa Gráfica. Ambientalistas como Adela Bonilla y Ricardo Navarro, presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada, puntualizan que el servicio es precario y se distribuye de forma racionada incluso donde existe. A esto se suma una infraestructura en crisis: la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda) reconoce que en San Salvador se pierde el 50 por ciento del agua por fugas en tuberías obsoletas, lo que agrava la escasez y refleja décadas de falta de inversión pública en el sector.
La contaminación del agua representa otro eje crítico en este país. Luis González, de la oenegé Unidad Ecológica Salvadoreña, alerta que los cuerpos de agua del país están contaminados con heces fecales, metales pesados y agroquímicos, lo que causa que el 95 por ciento de las aguas superficiales sean inseguras para el consumo humano. Además, existe una distribución inequitativa, según los expertos consultados, pues sectores industriales acaparan la mayor parte del recurso, mientras comunidades empobrecidas carecen de acceso regular.
La recién aprobada Ley General de Recursos Hídricos (2021) es señalada por expertos como un factor de controversia, pues ambientalistas advierten que la normativa carece de un enfoque de derecho humano al agua, tiene una visión mercantilista y presenta vacíos que limitan la participación ciudadana. Los expertos concluyen que, sin una gobernanza adecuada, inversión estatal sostenida y una gestión que priorice el acceso equitativo y la sostenibilidad ambiental, la crisis del agua en El Salvador continuará profundizándose.
Y en el Caribe hay casos como el de República Dominicana, que, aunque cuenta con seis grandes regiones hidrográficas y una red de presas y acueductos, tiene serias desigualdades. En 2024, si bien la producción de agua potable alcanzó los 51 millones de metros cúbicos en 2024, su distribución refleja fuertes disparidades territoriales. Un informe de Listín Diario señala que la nación insular padece de una sequía estacional agravada por el cambio climático, lo que ha reducido las precipitaciones de manera significativa. Para muchos de sus habitantes, la situación es crítica: el 78 por ciento de la población se abastece de la red pública, pero sólo el 26 por ciento recibe servicio continuo las 24 horas.
Las regiones más afectadas por la escasez son las del suroeste y el noroeste, donde subregiones como Valdesia, Enriquillo, Cibao Norte e Higuamo presentan alto riesgo de sequía, exacerbando la vulnerabilidad de comunidades que ya sufren pobreza y limitaciones en el acceso al recurso. Mientras Santo Domingo y Santiago lideran la producción, provincias como Pedernales, Elías Piña e Independencia —ubicadas en el sur— registran los volúmenes más bajos. Nueve de las 31 provincias ya sufren de “escasez crónica” y se proyecta que esta cifra aumente a 16 para el cierre de 2025.
Sobre esto hay especial atención en el sector agrícola, que utiliza el 82 por ciento del agua nacional, pero desperdicia el 70 por ciento debido a sistemas de riego ineficientes. El Gobierno dominicano impulsa el ‘Pacto por el Agua 2021-2036’, que busca invertir 8.500 millones de dólares en 15 años para mejorar la infraestructura hídrica. Sin embargo, el país arrastra décadas de vacíos legales e institucionales: 18 instituciones intervienen en la gestión del agua sin una autoridad unificada, lo que genera duplicidad y falta de coordinación.
Expertos como el ingeniero Milton Martínez González reclaman una autoridad nacional del agua que priorice el interés común sobre los particulares y enfrente desafíos como la sobreexplotación, la contaminación y los efectos del cambio climático.
Cambio climático, un acelerador de escasez
Rodeado del Caribe azul, Puerto Rico enfrenta una creciente inseguridad hídrica que ha empeorado por los recientes desastres naturales que han azotado a este pequeño territorio insular.
Datos investigados por El Nuevo Día revelan que los patrones de lluvia cambiarán de forma drástica en el futuro, pues se proyecta un 20 por ciento menos de precipitaciones en los próximos 25 años. Las sequías, que antes ocurrían cada dos décadas, ahora se presentan cada cinco años.
A esto se suma la sedimentación de los embalses —agravada por el huracán María en 2017—, la intrusión salina por el aumento del nivel del mar y una alarmante pérdida de agua: la Autoridad de Acueductos ha perdido el 66 por ciento del agua que produce en fugas, roturas o conexiones ilegales.
Puerto Rico, que ya figura entre los diez territorios más afectados por la crisis climática, según Germanwatch, enfrenta un futuro donde los acuíferos estarán cada vez más comprometidos y la población deberá adaptarse a un escenario de menor disponibilidad.
En Argentina, el cambio climático ha intensificado los fenómenos extremos: lluvias hasta un 30 por ciento más intensas causan inundaciones recurrentes, sobre todo en el norte bonaerense, donde las ciudades no están preparadas. La expansión urbana desordenada agrava el problema, al obstaculizar el natural escurrimiento del agua.
Y en México, la crisis por el agua se ha convertido en una enfermedad que empeora con los años. En el primer semestre de 2025, pese a una leve tregua de lluvias que elevó el nivel de las represas al 65 por ciento, más del 40 por ciento del territorio seguía en sequía (al 15 de marzo de 2025). El norte y noroeste —Sonora, Chihuahua, Durango, Baja California— viven bajo condiciones casi permanentes de aridez.
En la Ciudad de México, el fantasma del “día cero” —cuando se prevé que la capital se quede sin agua suficiente— es cada vez más real. Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam) advierten que el volumen de agua por habitante cayó de 191 metros cúbicos en 2005 a 139 en 2025. La sobreexplotación de acuíferos, la contaminación de ríos como el Lerma y el Atoyac, y la corrupción en la gestión agravan la crisis, según documenta El Universal.
La escasez también genera fenómenos de ilegalidad: en Ecatepec, al norte de Ciudad de México, surgieron sistemas clandestinos para vender agua a los vecinos, mientras en Sonora, en la frontera con Estados Unidos, la tribu yaqui denuncia que su río está seco y los proyectos oficiales no cumplen lo prometido. Aunque el Gobierno lanzó programas de tecnificación y tratamiento, las proyecciones señalan que para 2030 la disponibilidad promedio anual de agua caerá por debajo de los 3.000 metros cúbicos por persona, tres veces menos que en 1960.
Una paradoja con solución
El balance regional es contundente. América Latina y el Caribe no tienen un problema de carencia absoluta de agua, sino de mala gestión, desigualdad, degradación ambiental y vulnerabilidad al cambio climático.
Como regla casi generalizada, en la mayoría de los países de la región la sequía se intensifica y se vuelve más recurrente; la infraestructura envejecida y con pérdidas es un factor común; la distribución inequitativa privilegia a sectores como el turismo, la industria o la agroexportación, en detrimento de comunidades rurales e indígenas; y los gobiernos reaccionan tarde, con proyectos paralizados, falta de coordinación y débil gobernanza.
Y aunque la región esté encerrada en una paradoja, esta problemática no es una fatalidad inevitable. Este balance del GDA muestra que, en la mayoría de los casos, la crisis responde a una combinación de cambio climático y mala gestión, un binomio que puede mitigarse con planificación, inversión y protección de ecosistemas.
Proteger páramos, selvas y glaciares; reparar fugas, invertir en saneamiento, diversificar las fuentes con acuíferos y aguas lluvias y garantizar equidad territorial son pasos indispensables. Pero, sobre todo, entender el agua como lo que es: un bien público esencial, no un privilegio de pocos. Solo así se puede cambiar el futuro de una región rica en el recurso más importante del mundo, pero que hoy reparte su riqueza de manera desigual.
Rosario, Dajabón. – Como cada año, Camilo’s Motor Import dijo presente en las tradicionales Fiestas Patronales de Rosario, reafirmando su compromiso con la cultura, la comunidad y el desarrollo de la región.
En esta edición 2025, la empresa realizó importantes aportes para engalanar la celebración:
Una pasola 0 km, entregada a la Reina de las Fiestas Patronales.
Un motor 0 km, destinado a ser rifado entre los asistentes al evento.
Durante el acto de entrega, el Lic. Julio González, presidente de Camilo’s Motor Import, expresó su orgullo de apoyar una vez más las festividades que identifican a la comunidad.
“Estamos orgullosos de seguir acompañando a nuestra gente y de ser parte de estas festividades que nos unen como familia. Camilo’s Motor Import siempre estará comprometido con el desarrollo de su pueblo”, destacó González.
Con estas contribuciones, la empresa fortalece su tradición de respaldo a las actividades sociales y culturales de la provincia, reiterando su compromiso de continuar al lado de su gente y celebrando la identidad y la alegría de Dajabón.
