La grandeza de una democracia no se mide por la cantidad de leyes que aprueba, sino por su capacidad de tolerar la crítica, promover el debate y garantizar que los ciudadanos puedan expresar libremente sus opiniones sin temor a represalias.
Por esa razón, la preocupación que ha generado la denominada “Ley Mordaza” trasciende a los medios de comunicación tradicionales. Lo que verdaderamente está en juego es el derecho de miles de dominicanos a cuestionar, analizar y opinar sobre las decisiones del Estado cuando estas afectan sectores estratégicos para el desarrollo nacional.
Durante los últimos años, la República Dominicana ha experimentado una transformación sin precedentes en la forma de comunicar e informar. Los medios digitales independientes han democratizado el acceso a la información y han permitido que profesionales, técnicos y especialistas de distintas áreas puedan participar activamente en los debates nacionales sin depender de los filtros editoriales de los grandes grupos mediáticos.
En sectores altamente especializados, como la aviación civil, esta evolución ha sido particularmente positiva.
Pilotos, controladores aéreos, técnicos de mantenimiento, investigadores de accidentes, especialistas en transporte aéreo y profesionales vinculados a la industria han encontrado en los medios digitales y las plataformas informativas independientes espacios donde compartir conocimientos, alertar sobre situaciones de interés público y analizar decisiones gubernamentales que impactan directamente el futuro del sector.
Precisamente ahí radica una de las mayores preocupaciones respecto a la denominada Ley Mordaza.
Si una legislación genera incertidumbre sobre los límites de la libre expresión o crea mecanismos susceptibles de interpretaciones restrictivas, el efecto inmediato será la autocensura. No porque los ciudadanos carezcan de argumentos, sino porque muchos preferirán guardar silencio antes que exponerse a posibles consecuencias legales o administrativas.
El problema de la autocensura es que no afecta únicamente a periodistas o comunicadores. También limita la participación de expertos, académicos, técnicos y profesionales cuyo conocimiento resulta indispensable para el análisis de políticas públicas.
El sector aeronáutico dominicano ofrece un ejemplo claro de la importancia de proteger ese derecho.
Durante el debate nacional sobre el Tratado de Cielos Abiertos, importantes sectores gubernamentales promovieron la idea de que dicho acuerdo produciría una reducción significativa en el costo de los pasajes aéreos para los dominicanos. Sin embargo, desde el propio ámbito aeronáutico surgieron voces especializadas que advirtieron que la realidad era mucho más compleja y que el precio de los boletos dependía de múltiples factores económicos (cargas impositivas), regulatorios, operacionales y comerciales.
Gracias a espacios de análisis independientes, medios digitales especializados y programas dedicados al estudio y análisis de la aviación, la ciudadanía pudo conocer argumentos técnicos que contrastaban con la narrativa oficial.
Plataformas informativas especializadas y programas de análisis del sector contribuyeron a enriquecer el debate público mediante estudios, investigaciones y opiniones profesionales sustentadas en experiencia y conocimiento técnico.
Con el paso del tiempo, incluso algunas de las principales figuras que defendieron inicialmente la tesis de una reducción automática de las tarifas terminaron reconociendo públicamente que los acuerdos de Cielos Abiertos, por sí solos, no garantizan la disminución de los precios de los boletos aéreos.
Más allá de quién tenía razón, lo verdaderamente importante es que existió la libertad necesaria para que especialistas independientes pudieran presentar argumentos alternativos y someter las decisiones gubernamentales al escrutinio público.
La pregunta obligada es la siguiente: ¿qué habría ocurrido si esos análisis, opiniones y cuestionamientos hubiesen estado condicionados por el temor a sanciones o restricciones derivadas de una legislación que limitara la libre expresión?
Probablemente la sociedad dominicana habría escuchado una sola versión de los hechos.
Y cuando una democracia comienza a escuchar una sola versión de los hechos, deja de ser plenamente libre.
La misma preocupación aplica a otros sectores sensibles del país. Profesionales de la salud, expertos en seguridad ciudadana, economistas, ambientalistas, educadores, juristas y especialistas en gestión de riesgos deben conservar el derecho de expresar opiniones críticas sobre políticas públicas que afectan el interés nacional.
La transparencia gubernamental no se fortalece silenciando las voces disidentes. Se fortalece permitiendo que las decisiones del Estado sean examinadas, debatidas y cuestionadas por una ciudadanía informada.
Los medios digitales independientes han desempeñado un papel fundamental en ese proceso. Han servido de puente entre los especialistas y la población, permitiendo que conocimientos técnicos que antes permanecían confinados a círculos reducidos lleguen directamente al ciudadano común.
Por ello, cualquier legislación que pueda generar efectos inhibitorios sobre la libre circulación de ideas, opiniones y análisis especializados debe ser examinada con extremo cuidado.
La República Dominicana ha construido una reputación democrática que merece ser preservada. Esa reputación no depende únicamente de elecciones libres o del crecimiento económico. También depende de la existencia de una sociedad donde los ciudadanos puedan disentir, cuestionar y expresar sus opiniones sin temor.
La libertad de expresión no existe para proteger las opiniones populares. Existe para proteger aquellas opiniones que cuestionan al poder, desafían las narrativas oficiales y obligan a los gobiernos a rendir cuentas.
Porque cuando una nación limita la capacidad de sus especialistas para hablar, analizar y advertir sobre posibles errores, no solamente pierde información valiosa.
Pierde una de las herramientas más importantes para corregir su rumbo y fortalecer su democracia, porque una democracia fuerte no teme a la libre circulación de las ideas.
La promueve.