Santiago.-. El Ministerio Público solicitó este lunes 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo contra los principales implicados en la Operación Onco14, una presunta red criminal acusada de desviar millones de pesos destinados al tratamiento de pacientes con cáncer en el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), en uno de los expedientes de corrupción más sensibles investigados en el sector salud de la República Dominicana.
La solicitud fue presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago contra Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer; Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida y esposa del principal imputado; y Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exvicepresidenta del patronato y exesposa de Lora Cruceta.
Según el Ministerio Público, los acusados encabezaban una estructura que habría saqueado recursos provenientes del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), fondos que estaban destinados a cubrir tratamientos, medicamentos y servicios médicos para pacientes oncológicos de escasos recursos.
El expediente sostiene que la red operó mediante una amplia gama de maniobras fraudulentas que incluyeron falsificación de documentos médicos, uso de sellos falsos, alteración de indicaciones clínicas, doble facturación al Estado, entrega incompleta de medicamentos, comercialización de fármacos donados gratuitamente y desvío de recursos económicos que debían ser utilizados en la atención de personas afectadas por cáncer.
Las investigaciones también revelan presuntas operaciones de contrabando utilizando exoneraciones fiscales, tráfico de sustancias controladas, reembolsos irregulares de gastos de viajes y hoteles, utilización de áreas del centro médico para cirugías estéticas, sabotaje informático, robo de archivos digitales y lavado de activos.
De acuerdo con la acusación, las empresas Vargas Lora & Asociados, hoy denominada Vargas Guzmán Accounting Center, y la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida habrían sido utilizadas como parte del esquema para movilizar recursos obtenidos de manera ilícita.
El Ministerio Público afirma que la estructura no solo provocó pérdidas millonarias al Estado dominicano, sino que además afectó directamente a pacientes con cáncer que dependían de los servicios financiados por el régimen subsidiado de SeNaSa, convirtiendo un programa de asistencia médica en una fuente de enriquecimiento ilícito para los investigados.
Los imputados fueron arrestados durante los allanamientos ejecutados en la Operación Onco14 por la Dirección General de Persecución, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la Fiscalía de Santiago, con el apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC). En las intervenciones fueron ocupados dinero en efectivo, un arma de fuego, vehículos, títulos de propiedad, computadoras, celulares y abundante documentación considerada clave para el proceso.
La investigación establece que Héctor Antonio Lora Cruceta asumió la presidencia del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer en octubre de 2018 por un período estatutario de dos años, pero permaneció en el cargo hasta octubre de 2025. Para el órgano acusador, esa permanencia le permitió consolidar un control absoluto sobre la institución y ejecutar las operaciones que hoy son objeto de investigación.
Los encartados enfrentan cargos por asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología, acceso ilícito a sistemas informáticos y lavado de activos.
Con la solicitud de prisión preventiva y la declaratoria de complejidad, el Ministerio Público busca evitar riesgos de fuga, proteger las pruebas y profundizar una investigación que apunta a una presunta estructura que, según las autoridades, convirtió recursos destinados a salvar vidas en un mecanismo de enriquecimiento ilícito.
