El tribunal presidido por la magistrada Esmirna Gisselle Méndez Álvarez e integrado por las juezas Tania Yunes Sánchez y Jissel Naranjo Tejada, determinó que los imputados utilizaron sus funciones públicas para desfalcar al Estado dominicano, lavar activos y enriquecerse de manera ilícita.
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, además de condenar entre los tres y los 20 años de prisión a los principales implicados en el Caso Coral, ordenó el decomiso masivo de una millonaria cantidad de bienes incautados con el objetivo de resarcir el daño económico provocado al erario público.
El tribunal presidido por la magistrada Esmirna Gisselle Méndez Álvarez e integrado por las juezas Tania Yunes Sánchez y Jissel Naranjo Tejada, determinó que los imputados utilizaron sus funciones públicas para desfalcar al Estado dominicano, lavar activos y enriquecerse de manera ilícita.
El tribunal ordenó el decomiso de múltiples pistolas de marcas como Glock y Beretta, escopetas calibre 12 mm (Mossberg, Maverick, EGE), rifles Beeman, miles de municiones encamisadas de calibres 9mm, .38 especial y 40 S&W, adaptadores de conversión tipo carabina (Micro Roni) y grilletes de seguridad Smith & Wesson.
Colecciones de relojes de lujo de marcas exclusivas como Rolex (modelo dorado de colección 16233), Bulova, Montblanc, Giorgio Milano, Frederique Constant Geneve y Guess.
Un maletín con un equipo de polígrafo computarizado profesional (CPS pro), un drone Mavic Air 2 Fly More Combo, computadoras Dell y Acer, discos duros externos de alta capacidad (hasta 6TB), dispositivos DVR Hikvision para almacenamiento de video, tabletas electrónicas y múltiples teléfonos iPhone 11 y Samsung.
Un porta tarjetas con múltiples plásticos de códigos del Banco de Reservas expedidos a nombre de terceros y un arsenal de sellos gomígrafos falsificados utilizados para falsificar documentación oficial correspondientes a los altos mandos del Ministerio de Defensa, la Contraloría General de las Fuerzas Armadas, la Dirección General de la Policía Turística (Politur) y entidades académicas como la Universidad del Caribe.
Además, condenó al mayor general Adán Cáceres Silvestre (exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial, Cusep) y al general Juan Carlos Torres Robiou a 20 años de prisión y al pago de una multa de 400 salarios mínimos.
Fueron hallados culpables de asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, estafa contra el Estado, enriquecimiento ilícito, incremento patrimonial y lavado de activos agravado por su condición de servidores públicos.
Rafael Núñez de Aza, fue sentenciado a 20 años de prisión y al pago de 400 salarios mínimos tras ser encontrado culpable de los mismos cargos anteriores, sumando de forma particular el delito de soborno.
Julio Camilo de los Santos Viola, fue condenado a 15 años de prisión y al pago de una multa de 400 salarios mínimos bajo los cargos de desfalco, estafa, enriquecimiento ilícito y lavado de activos agravado.
Franklin Antonio Mata Flores, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez y Erasmo Roger Pérez Núñez, fueron condenados individualmente a 10 años de prisión y al pago de una multa de 200 salarios mínimos por delitos conexos de lavado de activos, incremento patrimonial, enriquecimiento ilícito y uso de documentos de comercio falsos.
Kelman Santana Martínez, fue sentenciado a 10 años de prisión y al pago de una multa de 300 salarios mínimos.
CONDENAS MENORES, PENAS SUSPENDIDAS Y CASO GIRÓN
El tribunal fijó penas de entre 3 y 5 años de prisión para otros coimputados de menor jerarquía operativa en la red, como pena cumplida para Raúl Alejandro Girón Jiménez, el tribunal computó de forma íntegra los 5 años, un mes y diez días que cumplió bajo la medida de arresto domiciliario desde mayo de 2021.
Al equivaler este tiempo a la pena impuesta de 5 años, se declaró oficialmente como pena cumplida.
CONDENAS CON PRISIÓN DE 3 Y 5 AÑOS
Recibieron sentencias condenatorias Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara (5 años), Pedro Roberto Castillo Nolasco (3 años) y Carlos Augusto Lantigua Cruz (3 años).
SUSPENSIÓN DE LA PENA Y LABOR COMUNITARIA
Se ordenó la suspensión total de la ejecución de la pena a Manuel de Jesús Alba Solano, Élida María Trinidad Santiago, Epifanio Peña Lebrón, Onoris Beatriz Soto de los Santos, Lucía de los Santos Viola y Raymel Pastor del Rosario Viola.
Carlos Augusto Lantigua Cruz obtuvo una suspensión parcial por un periodo de dos años.
Todos los beneficiados bajo esta modalidad regulatoria deberán cumplir 100 horas de trabajo de utilidad pública y asistir a charlas coordinadas por el Juez de la Ejecución de la Pena.
DISOLUCIÓN FORZOSA DE EMPRESAS Y ABSOLUCIONES
El fallo desmanteló de manera definitiva el entramado de carpetas comerciales utilizado para el blanqueo de capitales. Las razones sociales CSNA Universo Empresarial, S.R.L., Randa Internacional Company, E.I.R.L., Aldom Glass Aluminium, S.R.L., Hacienda Kelman, S.R.L., R & F Agroindustrial S.R.L. y Rawel Importadores, S.R.L. fueron sentenciadas al pago de una multa de 200 salarios mínimos, ordenándose su clausura definitiva y disolución legal.
Por otro lado, argumentando insuficiencia de pruebas para destruir la presunción de inocencia, el tribunal dictó la absolución total de responsabilidad penal a favor de Miguel Alfredo Ventura Pichardo, Eric Daniel Pereyra Núñez, Tanner Antonio Flete Guzmán, Guillermo de Jesús Torres Robiou, Enmanuel Antonio Alba Trinidad y Santiago Antonio Suárez Peguero, así como de la entidad de carácter religioso Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo, A.S.F.L.
