Aseguran que la normativa encarecerá el costo de vida de las familias
Santo Domingo.- La rapidez con la que fue conocido, aprobado y promulgado el denominado Plan Anticrisis volvió a encender el debate entre oficialismo y oposición en el Congreso Nacional, donde legisladores de la Fuerza del Pueblo (FP) cuestionaron que iniciativas de alto impacto social permanezcan estancadas durante años mientras los proyectos de carácter fiscal avanzan en cuestión de días.
Los diputados opositores coincidieron en señalar que la misma celeridad mostrada por el Gobierno y la mayoría congresual para aprobar la nueva legislación debería aplicarse a proyectos como la reforma de la Seguridad Social, el Código Laboral, el Código Civil y otras iniciativas que, a su juicio, beneficiarían directamente a la población.
El diputado de la Fuerza del Pueblo, Heriberto Aracena, sostuvo que se ha convertido en una práctica recurrente que las iniciativas relacionadas con impuestos o financiamiento estatal reciban un tratamiento expedito en el Congreso.
“Ya es una tradición en este Congreso. Cuando se trata de producir dinero para el Gobierno, igual que los préstamos, todo se agiliza. Pero cuando son proyectos importantes para el país y para la población, los echan al olvido”, afirmó.
Aracena citó como ejemplo el Código de Trabajo, cuya aprobación considera estancada, y aseguró que la nueva legislación tendrá efectos directos sobre el costo de vida de los dominicanos.
En términos similares se expresó el diputado José Alberto Jiménez, quien cuestionó que una pieza de más de 60 páginas fuera conocida y aprobada en un corto período de tiempo.
“Ese proyecto tenía más de 60 páginas. En dos horas lo leyeron y entendían que quienes no éramos miembros de la comisión teníamos que votar por una iniciativa que no habíamos tenido tiempo de evaluar”, manifestó.
Jiménez aseguró que la rapidez demostrada para aprobar la ley contrasta con la lentitud que, según dijo, caracteriza el tratamiento de otras reformas consideradas prioritarias por distintos sectores de la sociedad. “Que hagan esa misma prontitud con la ley de Seguridad Social, que beneficia al pueblo dominicano; que hagan lo mismo con el Código Laboral y con el Código Civil”, reclamó.
Por su parte, el diputado Antonio Brito calificó el proceso legislativo como inusualmente rápido y consideró que la iniciativa llegó al Congreso prácticamente definida.
“En cuatro o cinco días se creó una comisión bicameral, se convocó a funcionarios, se conoció en ambas cámaras y terminó aprobada. Es una velocidad que pocas veces se ha visto para un proyecto de esta magnitud”, expresó.
El legislador agregó que la experiencia debe servir para reflexionar sobre la forma en que se tramitan otras propuestas legislativas de interés nacional.
Oficialismo defiende rapidez por consenso
Las críticas fueron rechazadas por legisladores oficialistas, quienes argumentaron que la rapidez obedeció al amplio consenso alcanzado antes de que la iniciativa llegara al Congreso.
El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Amado Díaz, aseguró que la pieza fue ampliamente discutida con distintos sectores económicos y sociales, lo que redujo los niveles de controversia durante su trámite legislativo.
“No hubo tal premura. Era una ley consensuada con todos los sectores. Ante un acuerdo generalizado y una receptividad excelente, lógicamente iba a tener un mayor nivel de celeridad”, sostuvo.
Díaz señaló que otras iniciativas no pueden avanzar al mismo ritmo porque generan mayores niveles de resistencia y desacuerdo entre los actores involucrados.
“Lo que hay que procurar es que esas piezas legislativas tengan el mismo nivel de consenso que tuvo esta. Lo que no vamos a hacer es acelerar proyectos que todavía tienen controversias importantes”, añadió.
De su lado, el diputado Ramón Bueno afirmó que pocas iniciativas habían recibido un respaldo tan amplio por parte de empresarios, sectores productivos y organizaciones sociales.
Por su parte, el diputado reformista Rogelio Genao Lanza también defendió la rapidez con que fue aprobado el proyecto al considerar que el país enfrenta una coyuntura económica excepcional que requiere respuestas inmediatas del Estado. El legislador sostuvo que las medidas incluidas en el Plan Anticrisis están dirigidas principalmente a los sectores de mayores ingresos y destacó que la iniciativa incorpora incentivos para la actividad económica.
“En situaciones de crisis hay que actuar con prontitud, y en el caso de este proyecto estamos enfrentando una guerra que tiene consecuencias económicas. Las medidas utilizadas en este plan anti-crisis son muy puntuales. Los recursos se recaudarán de los que más tienen, mientras que también se contemplan aspectos positivos como el desmonte gradual de los anticipos a las empresas, la indexación salarial para los que menos ganan y facilidades para que quienes tienen deudas tributarias puedan ponerse al día mediante amnistías fiscales”, expresó.
La Ley 30-26 de Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Tributaria y Mitigación de la Crisis Internacional, llegó al Congreso a través del Senado el pasado jueves 11 de junio y la Cámara de Diputados lo convirtió en ley sin modificaciones ayer, procediendo a enviarlo al Ejecutivo que lo promulgó horas después.
De acuerdo con las proyecciones del Ministerio de Hacienda y Economía, la nueva legislación permitirá captar entre RD$40,000 millones y RD$50,000 millones adicionales para las arcas del Estado. El Gobierno ha sostenido que más del 90 % de esos recursos provendrán de los sectores de mayores ingresos y grandes contribuyentes, mientras que la oposición cuestiona que parte de las medidas terminarán trasladándose al consumidor final mediante aumentos en bienes y servicios.
