La respuesta de la JCE al requerimiento de Domínguez Brito, ha reavivado el debate sobre si el proceso se adecúa a las leyes electorales o no.
La noche del pasado jueves, la Junta Central Electoral (JCE) señaló que el proceso de «consulta interna» que pretende realizar el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para escoger a su «figura presidencial más aventajada”, no cuenta con el respaldo legal de ninguna de las leyes que rigen el sistema político.
La comunicación del órgano electoral, realizada para responderle al aspirante presidencial Francisco Domínguez Brito, ha vuelto a enfrentar en el debate público a quienes están a favor y en contra a favor de la realización del proceso pautado para el 18 de octubre de este año, dentro de la propia organización política.
Uno de los que expresó su parecer fue el propio Domínguez Brito, quien solicitó a la Comisión Organizadora de la Consulta sobre Aspirantes Presidenciales (Conap) la convocatoria urgente de una reunión con todos los aspirantes presidenciales y, posteriormente, con el Comité Político señalando que esa organización política “no puede darse el lujo de ninguna consulta sin la logística necesaria, sin equipos, ni centros educativos”, lo que no se tendrá disponible si no se encuentra con el aval de la JCE.
El exfuncionario, que se inscribió en el proceso, que la JCE respondió indicando que el proceso de consulta interna del PLD no cuenta con respaldo legal dentro del ordenamiento electoral vigente ni ha sido expresamente validado por la sentencia TSE-0011-2025 del Tribunal Superior Electoral, razón por la cual considera improcedente la celebración de dicha consulta en este momento del calendario electoral.
“Se partió de premisas no ciertas y nos indujeron a decisiones incorrectas y al margen de la ley. Es mejor tomar decisiones cuando hay tiempo y no cuando el error sea incorregible”, afirmó Domínguez Brito.
Otro de los aspirantes, Manfred Mata, indicó que el partido morado debería de buscar otros mecanismos que no sea el realizar torneos electorales fuera de las fechas establecidas; el mismo sugirió realizar un consenso a través de un sondeo, realizar esa misma mecánica luego de que se realice un debate entre todos los contendientes por la candidatura presidencial, entre otros.
Ambos se suman a la posición mostrada por el excandidato presidencial Abel Martínez, quien, a pesar de ser el ganador del “proceso” en 2022, decidió no inscribirse indicando que el mismo era violatorio a lo establecido en los plazos legales de las leyes electorales.
“NO ES VINCULANTE”
Del otro lado, parte de las autoridades del PLD señalan que aún pueden realizar el proceso; Yván Lorenzo, vicepresidente del PLD, aclaró que la certificación emitida por la JCE sobre la Consulta que organiza la organización política no es vinculante con los trabajos que se realizan; al tiempo que indicó se mueven con respeto a la normativa electoral y es un criterio firme del Tribunal Superior Electoral (TSE) la autodeterminación de los partidos políticos, consagrado también en la Constitución de la República.
“Cuando nosotros hacemos este tipo de consultas, somos el único partido que pone el oído en el corazón del pueblo. Es nuestra responsabilidad escuchar y consultar al pueblo dominicano para actuar en consonancia con los deseos y los anhelos del pueblo dominicano”, expresó el exsenador al responder preguntas de los periodistas que le abordaron en la rueda de prensa de los lunes del PLD.
Este señaló que el PLD no fue consultado sobre la certificación que emitiera la JCE, que nada tiene que ver.
“Es una certificación sobre algo que un compañero quiso que le certificarán. La CONAP, a la que nosotros pertenecemos, que es la comisión que organiza la consulta, no ha sido escuchada por el órgano de comicios”, reiteró, recalcando la intención de escoger el aspirante de mayor simpatía el 18 de octubre de este año.
El secretario de Asuntos Jurídicos del PLD, José Dantés Díaz, indicó que al ser una consulta particular y no una resolución, la misma no tiene un efecto vinculante sobre lo que decida o no hacer la organización política.
“Desde el punto de vista jurídico, la comunicación remitida en respuesta a una consulta particular expresa el criterio institucional de la Junta sobre el planteamiento sometido a su consideración, pero no constituye una resolución adoptada en el ejercicio de sus potestades administrativas decisorias ni una decisión jurisdiccional con efectos vinculantes para el partido”, exclamó Dantes Díaz al ser consultado por el LISTÍN DIARIO.
En medio del reciente señalamiento, Francisco Javier García, el primero de los aspirantes en oficializar sus intenciones por contender la candidatura presidencial, respaldó el trabajo que realizan los miembros de la Conap, afirmando que esos dirigentes garantizan un proceso ordenado, justo y participativo, en beneficio de toda la organización política.
“Todos los integrantes cuentan con el reconocimiento y valoración de todos los que conocemos de su integridad, ética, transparencia, vocación de servicio y compromiso por el buen hacer, y sobre todo en beneficio de los mejores intereses de nuestra organización política, y así lo han demostrado durante toda su vida política”, refirió el exministro.
El PLD busca realizar un proceso de consulta, en donde escogerán cuál será el aspirante presidencial que encabezará su propuesta de cara a las elecciones de mayo de 2028; a través de multiples declaraciones, sus autoridades partidarias han sido especificas señalando que el mecanismo solo busca “una figura” para colocarle todo el apoyo de su estructura partidaria y que si el año próximo, alguien decide contender contra esa persona por la candidatura presidencial, “está en todo su derecho de hacerlo”.
¿QUÉ DICE LA JCE?
La JCE respondió a la solicitud de Domínguez Brito, quien pidió al órgano electoral que precise de «manera expresa» si la realización de una consulta interna para fines de selección del escogido de los aspirantes presidenciales dentro del» período previo a la precampaña» es compatible o no con las disposiciones actuales, indicando que ya el TSE, mediante la sentencia TSE/0011/2025, que el proceso violaba lo establecido en la Ley 33-18, sobre Partidos Políticos.
«La Junta Central Electoral considera que la denominada «consulta interna» del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) no tiene respaldo legal dentro del ordenamiento electoral vigente, ni ha sido expresamente validada por la sentencia TSE/0011/2025 del Tribunal Superior Electoral, por lo cual, la realización de dicho proceso resulta improcedente en este momento del calendario electoral», señala la JCE.
NO INDICAN SANCIONES
En octubre del 2022, el PLD realizó el mismo proceso que pretenden montar en octubre de este año, cuando ciudadanos no empadronados en otros partidos políticos podrán escoger qué propuesta presidencial apoyar.
En esa oportunidad la JCE, encabezada también por su actual presidente Román Jáquez Liranzo, manifestó que el proceso era violatorio de las leyes y que el mismo no debería de ser celebrado.
La misma situación se repite en este 2026, ya que aunque la JCE afirmó que la consulta no cuenta con un aval legal no señalaron algún tipo de sanción a aplicar en caso de que sí la lleven a cabo, como indican las declaraciones de sus autoridades.