Coinciden en que retrasar la ley por reparos puntuales estancaría la lucha contra la delincuencia organizada y los nuevos delitos modernos.
El expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Milton Ray Guevara; el exmagistrado Alejandro Moscoso Segarra y el jurista Miguel Valerio plantearon la necesidad de no postergar la entrada en vigencia del nuevo Código Penal dominicano, pautada para el próximo mes de agosto.
En momentos en que el Ministerio de Justicia ultima los detalles para entregar al Congreso el anteproyecto de enmiendas a la pieza, los juristas coinciden en que retrasar la ley por reparos puntuales estancaría la lucha contra la delincuencia organizada y los nuevos delitos modernos.
Por su parte, el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, anunció que la comisión especial de juristas designada por el Poder Ejecutivo tiene listo dicho anteproyecto, el cual será presentado formalmente ante el Congreso Nacional en los próximos días.
Frente a las solicitudes formuladas por diversos sectores de la sociedad civil y jurídica, como la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), que han pedido prorrogar el periodo de vacación legal de la normativa, Peralta aclaró el panorama institucional.
Al ser abordado por la prensa, sostuvo que cualquier extensión debe ser canalizada ante el Congreso Nacional, por ser el órgano competente debido al rango de ley de la pieza.
Postura equilibrada desde el Poder Ejecutivo
Respecto a la posibilidad de modificar el plazo de entrada en vigencia, previsto para el próximo 3 de agosto, el ministro Peralta adoptó una postura ponderada, señalando que una extensión no le parece «absurda» pero tampoco «indispensable», catalogando el debate como un ejercicio legítimo y democrático.
El funcionario rememoró que, desde la promulgación de la ley, la Consultoría Jurídica reconoció que el texto era susceptible de recibir ajustes.
Sin embargo, enfatizó que la proporción de normas positivas era significativamente mayor que los aspectos a corregir, por lo que procedía su aprobación tras décadas de espera.
«Prolongar la vigencia solo beneficia a la delincuencia»
Milton Ray Guevara advirtió que detener la aplicación general de esta normativa va en detrimento de la ciudadanía. Cuestionó los motivos detrás de las constantes trabas a una pieza que lleva entre 30 y 40 años bajo análisis sin que los sectores logren un acuerdo definitivo.
«Parecería que hay un acuerdo tácito para que no tengamos código mientras la delincuencia se expande, mientras los dominicanos sufren y donde la justicia parece que solamente es para los ricos», manifestó con profunda preocupación.
Ray Guevara argumentó que la existencia de cuatro o cinco figuras discutibles no justifica suspender toda la norma, urgiendo la necesidad de sancionar penalmente flagelos como los feminicidios y los ataques con «ácido del diablo».
Destacó que el nuevo código contempla unos 40 nuevos tipos penales que resultan fundamentales para la convivencia pacífica y para frenar delitos modernos que «laceran el sentimiento y el corazón de los dominicanos».
Moscoso Segarra alerta de peligroso vacío legal
En perfecta sintonía, el exjuez de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia y decano de la Facultad de Derecho de UNAPEC, Alejandro Moscoso Segarra, consideró que la nueva legislación representa un avance significativo respecto al ordenamiento actual.
Advirtió que retrasar su implementación significaría mantener un vacío legal frente a múltiples modalidades delictivas que hoy permanecen sin sanción, afectando de manera directa la eficacia del sistema judicial.
Respecto a los debates sobre la constitucionalidad de ciertos artículos, Moscoso Segarra admitió que algunos tipos penales presentan posibles visos de inconstitucionalidad, pero aclaró que esto no justifica postergar su vigencia.
«Lo procedente es que el Tribunal Constitucional conozca y decida las acciones directas de inconstitucionalidad que han sido sometidas, garantizando así el control de constitucionalidad previsto por nuestro ordenamiento jurídico», precisó el académico.
Asimismo, ante lo que calificó como un amplio desconocimiento del contenido de la norma por parte de la comunidad jurídica, Moscoso Segarra tildó de «indispensable» la puesta en marcha de un plan estratégico nacional de capacitación, sugiriendo que dicha labor sea coordinada por el Ministerio de Justicia.
De su lado, el jurista Miguel Valerio manifestó su total acuerdo con la posición fijada por el ministro Antoliano Peralta respecto a las características fundamentales y principios rectores que deben primar en la legislación dominicana.
Valerio afirmó que la ley penal posee condiciones estrictas e inalienables que garantizan el debido proceso y la seguridad jurídica en el país.
Destacó que la aplicación de la ley penal hacia el pasado opera únicamente cuando beneficia de manera directa al reo y que, ante la existencia de una duda razonable durante el proceso judicial, se debe aplicar siempre la interpretación más favorable para el imputado.
El profesional del derecho concluyó recordando que las reformas o aplicaciones de la ley penal no pueden operar en el vacío, sino que deben responder estrictamente al marco constitucional y a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos asumidos por el Estado dominicano, elementos que se encuentran blindados dentro del espíritu de la nueva normativa.
