Estos montos serán liquidados anualmente por las empresas privadas ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGIl).
El Congreso Nacional convirtió en ley la modificación a la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, para regular el manejo de los desechos en República Dominicana.
La pieza propuesta por el senador Antonio Marte, modificada por la Cámara de Diputados, y aprobada por el Senado de la República, siendo el aumento en el sistema de contribuciones económicas que financia la gestión de los residuos, uno de los puntos más debatidos.
Tras esto, la ley queda habilitada para ser promulgada por el presidente Luis Abinader.
En su artículo 36, la ley establece un aumento en el pago de la contribución especial obligatoria que realizan las empresas y entidades gubernamentales al fideicomiso para apoyar la gestión de los residuos sólidos.
Las empresas con ingresos de cero pesos hasta cinco millones, aportarán RD$5,000, mientras que las empresas con ingresos hasta RD10, 000,000, tributará RD$6,000; las entidades con ingresos de hasta RD$25 millones pagarían RD$20,000; hasta RD$50 millones aportarían RD$90,000; hasta RD$80 millones contribuiría RD$120,000; hasta RD$100 millones entregarían RD$150,000; hasta RD$300 millones aportarían a RD$400,000.
De igual forma, las empresas que posean ingresos hasta RD$500 millones, pagarían RD$500,000; hasta RD$700 millones aportarían RD$675,000; hasta RD$1,000 millones solventarían RD$750,000; hasta RD$2,500 millones pagarían RD$1,700,000 y, en caso de que sea superior a ese monto, la empresa deberá pagar RD$2,200,000.
Estos montos serán liquidados anualmente por las empresas privadas ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGIl). No obstante, establece que podrá optarse por realizar la liquidación de manera semestral, con un 50% en junio y un 50% en la fecha límite de cada año.
En cuanto a las instituciones públicas, la Dirección General de Presupuesto (Digepres) determinará anualmente del fondo general del presupuesto, el monto correspondiente a dicha contribución, el cual deberá ser una suma similar a lo recaudado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), por concepto de contribución especial, del ejercicio del año fiscal anterior
ELIMINACIÓN DEL FOAM
Esta ley establece, además, que solo se permitirá un vertedero por provincia y, en cuanto a las procesadoras, solo habrá una por cada 10 regiones que estén ubicadas en un radio de 70 kilómetros, a excepción de la región Ozama ya que es la más poblada.
Establece que el foam deberá ser biodegraden en un 20 % del primer año y el 90% en cinco años.
La pieza legislativa prohíbe, la importación de sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas fabricados en plástico, así como vasos y cualquier otro producto fabricado en poliestireno (foam), que no tenga certificación de biodegradabilidad en los términos de la presente ley. Esta medida entraría en vigor seis meses luego de que la ley haya sido promulgada.
CONEP EN DESACUERDO
Previamente, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) criticó que la modificación realizada a la Ley de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos concentre una parte importante de las nuevas cargas económicas sobre las mismas empresas que recientemente asumieron un incremento de la tasa del Impuesto sobre la Renta, y que sostienen una parte significativa de las recaudaciones tributarias del país.
«La proporcionalidad exige ponderar el impacto conjunto de las obligaciones regulatorias y tributarias, evitando que la reiterada concentración de cargas sobre un mismo segmento termine afectando la competitividad que el país necesita preservar», sostuvo el gremio empresarial en un comunicado enviado a los medios de comunicación.
