Las autoridades describen el caso como inédito por la magnitud de la vulneración de derechos que representa.
Un hombre que estaba recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Beller, en Dajabón, desde el 20 de junio de 2006, sin que un tribunal dictara nunca una sentencia definitiva sobre su caso, logró salir en libertad.
La libertad de “Chiquin Jimene”, se produce luego de que la Oficina de Defensa Pública del Departamento Judicial de Monte Cristi, interpusiera el conocimiento de un recurso de habeas corpus y posteriormente un recurso de apelación.
Según la defensa pública, el hombre ingresó bajo una medida de prisión preventiva, pensada para ser excepcional y temporal, pero que en su caso se extendió casi veinte años sin resolución judicial.
Los defensores públicos de Monte Cristi detectaron la irregularidad al asumir su representación legal y comenzar a revisar el expediente a fondo.
Se reunieron con la representación jurídica del centro penitenciario y realizaron gestiones ante los tribunales para reconstruir el historial procesal del caso.
Esa revisión sacó a la luz informes médicos que documentan problemas de salud mental del interno. También reveló que, el 19 de marzo de 2009, tanto la Defensa Técnica como el Ministerio Público habían pedido al Tribunal Colegiado de Dajabón que aplicará un procedimiento especial para personas inimputables, en atención a su condición psiquiátrica.
El tribunal rechazó esa solicitud
En su lugar, ordenó suspender la acción penal hasta que el hombre recuperara la salud mental, una decisión que sin que nadie retomara el caso se convirtió en un encierro indefinido de casi veinte años.
Habeas corpus y apelación revierten el caso
Ante esta situación, la Defensa Pública montó una estrategia legal para restituir los derechos del hombre, dando seguimiento continuo al caso y agotando los recursos judiciales disponibles.
El equipo presentó una acción de habeas corpus y, posteriormente, un recurso de apelación.
La Corte falló a favor el 25 de febrero de 2026 y ordenó la puesta en libertad inmediata del ciudadano, poniendo fin a lo que las autoridades califican como una de las restricciones más prolongadas del derecho a la libertad registradas en el país.
La postura institucional
El director nacional de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, señaló que el desenlace confirma el compromiso de la institución con la protección de los derechos fundamentales de las personas en situación de vulnerabilidad.
Indicó que ningún ciudadano debe quedar invisibilizado dentro del sistema de justicia y que la dignidad humana, el acceso a la justicia y las garantías constitucionales deben guiar el trabajo diario de la institución.
Más allá de la libertad obtenida, el episodio pone en evidencia fallas en los mecanismos de control y seguimiento de los casos dentro del sistema penal dominicano.
La intervención de la Defensa Pública corrigió una situación que se prolongó por casi veinte años, y recuerda la necesidad de una vigilancia constante para evitar que otras personas permanezcan privadas de libertad sin que su situación jurídica se resuelva conforme a los principios del Estado de derecho.
