El pasado 17 de marzo, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, anunció un compromiso conjunto con el Senado y el Poder Ejecutivo para impulsar una «ola de aprobaciones».
Al marcar la medianoche de ayer, quedó formalmente cerrada la primera legislatura ordinaria del año en el Congreso Nacional, dejando una vez más un escenario recurrente: la postergación de importantes proyectos de ley que perimieron o no lograron superar el escrutinio legislativo.
El pasado 17 de marzo, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, anunció un compromiso conjunto con el Senado y el Poder Ejecutivo para impulsar una «ola de aprobaciones».
La meta trazada era priorizar un paquete de nueve iniciativas antes de la conclusión de esta legislatura, fijada para este 26 de julio.
El paquete abarcaba actualizaciones al Código Civil, la Ley de Deportes y Recreación, el Código de Trabajo, la Ley de Salud Mental y la revalorización de inmuebles.
Asimismo, contemplaba marcos regulatorios para la ciberseguridad, la búsqueda de personas desaparecidas, la alimentación escolar y un sistema de garantías recíprocas para las pequeñas y medianas empresas.
Sin embargo, de esa lista prioritaria solo una iniciativa logró completar su trámite y ser remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación: la Ley del Sistema de Alerta de Personas Desaparecidas.
Reforma laboral: paralizada y a la espera
Entre las piezas estancadas, la reforma al Código de Trabajo era la más esperada. El proyecto se encontraba en su fase final, a falta únicamente de la aprobación en segunda lectura por parte de la Cámara de Diputados para su envío a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.
No obstante, las divergencias entre distintos sectores volvieron a frenar el proceso. El presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, diputado Mélido Mercedes, atribuyó el estancamiento al Poder Ejecutivo, al declarar el pasado 9 de julio que la pieza permanecía detenida por decisión del presidente Luis Abinader.
Con este cierre, la reforma laboral deberá ser reintroducida a partir del próximo 16 de agosto, tras haber perimido dos veces consecutivas en menos de dos años.
Situación similar enfrentó la modificación a la Ley 590-16 de la Policía Nacional. Pese a que el Senado agilizó su aprobación tras mantenerla en estudio durante siete meses, motivado por el debate público en torno a la reforma policial y la formación académica de sus miembros, según reconoció el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, la iniciativa enviada por el Gobierno en diciembre pasado perimió en la Cámara de Diputados sin ser conocida en primera lectura.
El patrón de compromisos no cumplidos se repite: en agosto del año pasado, el Congreso cerró su legislatura habiendo aprobado apenas 8 de las 24 iniciativas que los buffets directivos se habían comprometido a priorizar.
Otras iniciativas pendientes
Otras reformas de alto impacto, como las modificaciones a la Ley de Seguridad Social, la Ley de Discapacidad, la legislación sobre Libertad de Expresión, la regulación sobre inteligencia artificial y el Código de Agua, continúan en la lista de espera.
Respecto a este último, el presidente de los diputados, Alfredo Pacheco, estimó que su aprobación podría lograrse antes del 13 de enero del próximo año.
Por otro lado, la propuesta «Déjala ir», impulsada el pasado 15 de octubre por un grupo de legisladoras encabezado por la diputada Kinsberly Taveras para prevenir feminicidios y filicidios mediante un paquete de unos 10 proyectos, tampoco logró avanzar en las cámaras, a pesar del respaldo público expresado inicialmente por los presidentes de ambos órganos legislativos.
En el ámbito de las reformas institucionales prometidas por la actual gestión gubernamental desde 2021, iniciativas relativas a la revisión de la Ley de Hidrocarburos, la seguridad social y el régimen fiscal continúan sin concretarse en la agenda parlamentaria.
Código Penal a la espera de promulgación
En contraste con las piezas estancadas, el proyecto del nuevo Código Penal completó su trámite en las cámaras legislativas tras las modificaciones introducidas en las últimas semanas.
La pieza se encuentra en manos del presidente de la República, quien dispone del plazo constitucional de cinco días para promulgarla u observarla, con miras a su entrada en vigencia en los primeros días de agosto.
