Santo Domingo.– Este jueves 30 vence el plazo otorgado al Ministerio Público para presentar la acusación formal u otros requerimientos conclusivos en el proceso judicial seguido contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y otros nueve imputados.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección de Persecución del Ministerio Público deberán depositar el acto conclusivo ante la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, quien posteriormente deberá apoderar al tribunal correspondiente para conocer la audiencia preliminar del caso.
El proceso se encuentra sujeto a los plazos establecidos en el Código Procesal Penal, que contempla las acciones que deben adoptarse en ...
Santo Domingo.– Este jueves 30 vence el plazo otorgado al Ministerio Público para presentar la acusación formal u otros requerimientos conclusivos en el proceso judicial seguido contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y otros nueve imputados.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección de Persecución del Ministerio Público deberán depositar el acto conclusivo ante la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, quien posteriormente deberá apoderar al tribunal correspondiente para conocer la audiencia preliminar del caso.
El proceso se encuentra sujeto a los plazos establecidos en el Código Procesal Penal, que contempla las acciones que deben adoptarse en caso de que el órgano acusador no presente el requerimiento dentro del tiempo establecido.
Recomendamos leer:
De acuerdo con el artículo 151 del Código Procesal Penal, si el Ministerio Público no cumple con la presentación del acto conclusivo, el juez de control de la investigación podrá intimar a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, como superior jerárquica de los fiscales responsables del caso, así como a los abogados que representan al Estado, para que depositen su requerimiento en un plazo común de 15 días.
