SANTO DOMINGO.- Tras acoger los acuerdos plenos de procedimiento penal abreviado establecido en la normativa jurídica, un tribunal de San Pedro de Macorís condenó a cinco años de prisión a dos miembros de una desarticulada red transnacional de narcotráfico y lavado de activos procesados por el Ministerio Público.
Aníbal Fiorentino Rondón (Súper) y Pamela Violeta Astacio Ramón (Melvin Gato), quienes admitieron su responsabilidad penal en el caso presentado por el Ministerio Público, fueron condenados por la jueza Andrea E. Corcino Cueto, del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís.
Las decisiones, contenidas en las sentencias números 341-2026-SSEN-00245 y 341-2026-SSEN-00244, declaran a los procesados culpables de violar los artículos 4-C, 5-B, 6-A, 60, 75, párrafo I, y 85 letras A, B y C, de la Ley núm. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, así como el artículo 2, numeral 26, artículo 3, numerales 1, 2 y 3, artículo 4, numeral 8, y artículo 9, numerales 1 y 2 de la Ley núm. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
El tribunal impuso, además, a Fiorentino Rondón el pago de una multa de doscientos cincuenta (250) salarios mínimos y a Astacio Ramón el pago de cuarenta (40) salarios mínimos, ambas en favor del Estado dominicano, además de ordenar el decomiso del dinero y los activos inmovilizados, en moneda nacional y extranjera, junto a sus respectivos intereses.
Los acuerdos fueron presentados al tribunal por la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera, titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conjuntamente con el procurador fiscal José Manuel Calzado, y Luis Alberto García Hernández y Pedro Medina Quezada, fiscalizadores adscritos a esa dependencia, en representación del Estado dominicano.
Ambos procesados formaban parte de la estructura criminal transnacional coordinada por Yunior Santos Restrepo, dedicada a la introducción de cargamentos de cocaína por la costa este del país y a su posterior envío hacia territorio norteamericano y europeo, así como a la colocación en el sistema financiero nacional de las ganancias generadas por esas actividades, en un período que abarcó desde el año 2013 hasta el año 2023.
Conforme a la acusación, Fiorentino Rondón recibió, transportó y entregó dinero procedente del narcotráfico mediante remesas, transferencias y mensajeros, utilizando los datos de familiares cercanos para disimular el origen de los fondos.
La investigación financiera determinó que el procesado percibió ochocientos siete mil doscientos ochenta y seis pesos dominicanos con cuarenta y cinco centavos (RD$807,286.45) y sesenta y seis mil cuarenta y siete dólares estadounidenses con diecinueve centavos (USD$66,047.19) a través del sistema financiero formal, sin actividad económica que lo justificara.
En cuanto a Astacio Ramón, de nacionalidad dominicana y estadounidense, quedó establecido que recibía en los Estados Unidos el dinero producto de la venta de drogas y lo transfería de manera estratificada hacia la República Dominicana. Entre los años 2020 y 2024 movilizó ocho millones trescientos cincuenta y siete mil trescientos cuarenta y tres pesos dominicanos con ocho centavos (RD$8,357,343.08), sin justificación económica, laboral ni comercial, y continuó colaborando con Santos Restrepo aun después del encarcelamiento de este.
En el caso de Astacio Ramón, el tribunal ordenó además el decomiso en favor del Estado dominicano de un vehículo marca Honda, modelo CR-V EX 4×2, año 2018, así como de un conjunto de prendas y joyas adquiridas con fondos de procedencia ilícita, entre las que figuran: relojes, brazaletes, cadenas, anillos y aretes descritos en la decisión.
Estas condenas se suman a las dictadas previamente contra Yunior Santos Restrepo y Yohan Altagracia Reyes Ruiz, a doce (12) y cinco (5) años de prisión, respectivamente, en el marco del desmantelamiento progresivo de la referida organización criminal.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo reiteró su compromiso de perseguir con firmeza las estructuras que utilizan el sistema financiero nacional para introducir recursos de origen ilícito y de procurar el decomiso de los bienes y activos vinculados a esas actividades.
