Pekín.- China inició una investigación de ciberseguridad sobre los productos que la estadounidense Palo Alto Networks comercializa en el país por posibles riesgos para las infraestructuras críticas y la seguridad nacional, informó este jueves la Administración del Ciberespacio de China (CAC).
La Oficina de Revisión de la Ciberseguridad anunció la apertura del procedimiento al amparo de la Ley de Seguridad Nacional, la Ley de Ciberseguridad y las Medidas para la Revisión de la Ciberseguridad, sin detallar los productos afectados ni los motivos concretos de la investigación.
El organismo se limitó a señalar que la medida busca «salvaguardar el funcionamiento seguro y estable de las infraestructuras críticas de información, prevenir riesgos y amenazas para la ciberseguridad y proteger la seguridad nacional», según el anuncio oficial.
Palo Alto Networks es uno de los mayores proveedores mundiales de soluciones de ciberseguridad para empresas y administraciones públicas.
Sus productos protegen redes corporativas, centros de datos, servicios en la nube e infraestructuras críticas, precisamente el ámbito cuya seguridad invocaron las autoridades chinas para justificar la investigación.
La apertura del procedimiento se produce en un momento de renovadas tensiones tecnológicas entre China y Estados Unidos y forma parte de un paquete de medidas anunciado el miércoles por Pekín.
Ese día endurecieron los controles a la exportación hacia EE.UU. de drones y otros productos de doble uso, sancionaron a seis entidades estadounidenses por su presunto apoyo a las restricciones impuestas por Washington sobre supuestos trabajos forzosos en Xinjiang y anunciaron una investigación de seguridad nacional sobre determinadas impresoras y fotocopiadoras importadas.
La investigación supone además un nuevo paso en el escrutinio sobre Palo Alto Networks, después de que medios internacionales informaran en enero de que determinadas organizaciones chinas debían sustituir productos de ciberseguridad de varias empresas estadounidenses e israelíes, entre ellas esa compañía, por supuestos riesgos para la seguridad nacional.
Las medidas llegan después de que el Gobierno estadounidense incorporara la semana pasada 43 empresas chinas a la lista de entidades sujetas a restricciones de importación en virtud de la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur (UFLPA), decisión que Pekín calificó de «coerción económica» y de incumplimiento del consenso alcanzado por ambas potencias para mantener estables sus relaciones económicas y comerciales.
China ya recurrió a este mecanismo en 2023, cuando investigó al fabricante estadounidense de chips Micron y posteriormente le prohibió suministrar productos para infraestructuras críticas por considerarlos un riesgo para la seguridad nacional.
El caso de Palo Alto Networks refleja cómo la competencia tecnológica entre ambas potencias se ha extendido de los semiconductores y las telecomunicaciones a la ciberseguridad, un ámbito cada vez más vinculado por ambos gobiernos a la protección de la seguridad nacional y las infraestructuras críticas.
Tanto Washington como Pekín han recurrido con creciente frecuencia a investigaciones regulatorias, controles a la exportación y otras restricciones dirigidas contra empresas tecnológicas del otro país.
