El gobierno dominicano se deslió de esa práctica y destacó que el país mantiene controles institucionales orientados a proteger la integridad de sus operaciones de comercio exterior.
Unos cuarenta países, incluidos importantes socios comerciales de Washington y la República Dominicana, sirven como punto para reenviar productos, principalmente chinos, a Estados Unidos, como modo de eludir aranceles, según un informe de la Casa Blanca publicado este jueves.
No obstante, el gobierno dominicano se deslió de esa práctica y destacó que el país mantiene controles institucionales orientados a proteger la integridad de sus operaciones de comercio exterior.
En un comunicado sobre el tema, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que ha estudiado con atención el informe de la Casa Blanca y aclaró que el documento no establece que las exportaciones dominicanas, en términos generales, sean producto de triangulación ilícita ni cuantifica un volumen específico atribuible a la República Dominicana.
Asimismo, dijo que el informe no impone ni anuncia ningún tipo de sanción, penalidad, restricción comercial o medida arancelaria contra el país. Lo que hace es identificar riesgos potenciales asociados a determinadas rutas, productos y plataformas logísticas en más de 40 países.
En el caso de la República Dominicana, el informe la ubica dentro de un grupo de economías de menor escala que, por contar con zonas francas, infraestructura portuaria y logística, capacidad de manufactura especializada y acceso preferencial al mercado estadounidense, pudieran resultar atractivas para operadores ilícitos.
Precisamente por ello, el país mantiene controles institucionales orientados a proteger la integridad de sus operaciones de comercio exterior.
“La República Dominicana es una plataforma real de manufactura, zonas francas y logística. Aquí existen plantas, inversión, trabajadores dominicanos y procesos productivos que generan valor antes de exportar a los Estados Unidos. Una cosa es triangulación ilícita y otra muy distinta es manufactura legítima, inversión productiva y nearshoring”, expresó el Ministerio.
El MICM subrayó que comparte plenamente el objetivo de los Estados Unidos de impedir que cualquier empresa utilice territorio dominicano para evadir ilegalmente aranceles, falsear el origen de una mercancía, reetiquetar productos o vulnerar compromisos comerciales asumidos con socios estratégicos.
“Si existe alguna operación irregular, la República Dominicana es la primera interesada en identificarla, corregirla y sancionarla conforme a la ley. Nuestro país no promueve ni tolera prácticas dirigidas a encubrir el origen real de mercancías, evadir aranceles o afectar la confianza de nuestros socios comerciales”, indicó la institución.
EL INFORME DE EEUU
Entre los mencionados en el informe figuran los vecinos México y Canadá. También la Unión Europea, Taiwán, India, Japón, Corea del Sur y Vietnam.
Aunque el informe señala que, debido a su proximidad a China, no es sorpresa que muchos países desempeñen un “papel importante en la red”, sí llama la atención que otros “países más pequeños en el mundo” también facilitan esta estafa.
“Estos países —desde Costa Rica y la República Dominicana en Latinoamérica, hasta Kenia y Marruecos en África, pasando por Kazajistán en Asia Central, Jordania y los Emiratos Árabes Unidos en Oriente Medio— no mueven los mayores volúmenes de dólares. Pero los exportadores vinculados a China se sienten atraídos por estos países porque cada uno ofrece una ventaja comparativa especializada”, se puede leer en el escrito.
Señala que algunas de estas características especiales son la mano de obra barata, normas permisivas de las zonas de libre comercio, escasa vigilancia aduanera, acceso estratégico a puertos, almacenes aduaneros, capacidad de ensamblaje especializada y/o acceso preferencial al mercado estadounidense en comparación con China.
Asimismo, el documento es contundente al denunciar que cada dólar perdido por esta gran estafa de transbordo es un dólar robado a los trabajadores, fabricantes y contribuyentes estadounidenses, además de los efectos macroeconómicos acumulativos, el deterioro de las comunidades y los miles de millones de dólares en pérdida de Producto Interno Bruto (PIB) e ingresos fiscales federales no percibidos.
SOBRE LA PRÁCTICA
La práctica denunciada consiste en realizar el montaje final de los productos chinos en un país diferente para que no sean considerados como «hechos en China», afirma el documento.
Esto permite a las empresas enviar productos terminados a Estados Unidos desde países con aranceles aduaneros más bajos, según el gobierno estadounidense.
El informe destaca que estos países «presentan un alto riesgo de reenvío» de productos, al ver allí una «red que opera tanto en líneas de producción como en líneas logísticas».
Para Washington, esta práctica es ilegal.
CÓMO OPERA LA RED
De acuerdo con el reporte, algunos países y corredores funcionan como puntos de conexión donde los insumos de origen chino reciben cierta manipulación física antes de su exportación al país norteamericano, yendo desde ensamblaje, acabado o etiquetado que no constituyen una transformación sustancial a efectos aduaneros.
Otros figuran como nodos logísticos, sirviendo de enrutamiento, almacenamiento, documentación, la refacturación, el reetiquetado o la reexportación con nueva documentación.
«Desde hace años, China lleva a cabo una auténtica estafa mediante el reenvío de productos, enmascarando su origen durante el tránsito por unos cuarenta países, robándonos nuestro presupuesto en decenas de miles de millones de dólares», acusó el asesor comercial de Donald Trump, Peter Navarro, durante una rueda de prensa telefónica.
«Un motor chino en un sillón reclinable vietnamita sigue siendo un motor chino y es un trabajo estadounidense destruido. El presidente Trump ha prometido poner fin a esta confiscación mediante aranceles más altos y una frontera mejor protegida», añadió.
De igual forma, los países señalados se dividen en tres grupos de la red de transbordo clandestina, donde la nación caribeña es atribuida al nivel tres, clasificada junto a demás naciones como “pequeños oportunistas objetivos chinos”.
“Economías más pequeñas con volúmenes de transbordo absolutos más bajos, pero con ventajas específicas en sus puntos débiles (como mano de obra barata, zonas francas, acceso a puertos o fronteras, almacenamiento en depósito aduanero, capacidad de ensamblaje especializada, acceso preferencial a EE. UU. o capacidad limitada de control aduanero), que las convierten en objetivos atractivos y oportunistas para el desvío de mercancías hacia China” es la descripción que otorgan a este nivel.
Junto a República Dominicana figuran Argentina, Azerbaiyán, Bangladesh, Camboya, Chile, Colombia, Costa Rica, Georgia, Jordania, Kazajistán, Kenia, Laos, Marruecos, Myanmar, Omán, Panamá, Perú, Filipinas, Singapur, Sri Lanka, Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán.
El nivel uno corresponde a los “líderes” por sus volúmenes de bienes vinculados a China y amplias redes, mencionando a Canadá, Unión Europea, India, Israel, Japón, México, Corea del Sur y Taiwán.
El nivel dos está compuesto por Brasil, Indonesia, Malasia, Tailandia, Turquía y Vietnam por sus “importantes volúmenes de transbordo combinados con una mayor integración en cadenas de suministro vinculadas a China”.
Así mismo, los estados señalados son reclasificados por la función que desempeñan dentro de la red, explicando que República Dominicana responde a “puertas de enlace marítimas” por su reexportación en zona franca, transbordo en puerto de aguas profundas, consolidación de contenedores y refacturación.
De manera específica, sostuvieron que el “corredor Caucedo-Haina de la República Dominicana transporta conductores aislados y conjuntos de cables con conectores en el código HS 854442, ejerciendo presión sobre el corredor de cables y conectores Portland-Seattle-Spokane”.
PROPUESTA
Como solución, propone una nueva frontera detectiva con IA capaz de procesar y analizar datos del comercio mundial, identificar patrones de enrutamiento anómalos y dirigir las medidas de control hacia los infractores con mayor probabilidad de cometer delitos.