Australia fue el primero en tomar la iniciativa. En noviembre de 2024, su Gobierno aprobó una de las legislaciones más estrictas del mundo para controlar el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales.
Aunque en Europa no hay una edad única para acceder a las redes sociales, el debate existe y prácticamente todos los países estudian imponer controles de verificación más estrictos o elevar la edad mínima para limitar el acceso de los adolescentes a estas plataformas.
Y el anuncio de Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, de pagar hasta 16.680 millones de dólares para resolver las demandas presentadas por varios estados de Estados Unidos -acusaban a la compañía de diseñar sus redes para generar adicción en los menores y engañar a los consumidores sobre los peligros de sus plataformas- ha traído el debate a la actualidad.
Australia fue el primero en tomar la iniciativa. En noviembre de 2024, su Gobierno aprobó una de las legislaciones más estrictas del mundo para controlar el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales, que incluye sanciones millonarias para las plataformas que incumplan la norma.
Y este mismo año, Indonesia dio el mismo paso y en marzo prohibió el acceso de los menores de 16 años a varias plataformas, entre ellas TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, Roblox y YouTube.
En junio, Malasia se convirtió en el tercer país del mundo en aplicar una restricción de este tipo. Sus leyes prohíben el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales y obligan a las plataformas a implantar sistemas de verificación de edad.
Ese mes, el primer ministro británico, Keir Starmer, anunció la prohibición del acceso a menores de 16 a TikTok, YouTube, Instagram, Reddit, Facebook, X, Threads, Snapchat, Twitch y Kick, si bien, la norma aún debe ser aprobada por el Parlamento británico.
REFORMAS LEGALES EN EUROPA
En Europa, muchos países han anunciado ya su intención de seguir esta estela y limitar el acceso a las redes en 16 años, aunque todavía son propuestas que deben discutirse y tramitarse.
España, por ejemplo, la edad mínima legal para registrarse y usar redes sociales es de 14 años pero el Gobierno ha anunciado su intención de elevar a 16 años la edad mínima para abrir una cuenta en una plataforma social.
Para ello, el Gobierno ha impulsado el proyecto de Ley de Protección de Menores en Entornos Digitales que exigirá a las empresas tecnológicas que cuenten con sistemas de verificación de edad efectivos.
La ley, además, reformará el Código Penal para castigar los deepfakes (imágenes generadas por IA para ofender) de contenido sexual o que sean vejatorios para los menores, a la vez que establece el engaño online a menores (grooming) como agravante en algunos delitos contra la libertad sexual, entre otras medidas.
Por su parte, en enero Francia aprobó un proyecto de ley para prohibir el acceso a las redes a los menores de 15, sin embargo, hace unos días el Consejo Constitucional anuló el artículo principal de esa ley, limitando el alcance la prohibición. El Gobierno ha anunciado su intención de redactar nuevamente la norma para aprobarla en 2027.
Grecia y Dinamarca también apuestan por fijar el límite en esa edad, mientras que Eslovenia y Finlandia ya han preparado los cambios legislativos necesarios para prohibir el acceso a las redes a los menores de 15 años.
Portugal, por su parte, prepara un proyecto para fijar la mayoría de edad digital en 16 años y permitir el acceso entre 13 y 16 solo con permiso paterno; Austria, tiene en marcha un proyecto para prohibir el acceso a menores de 14 años, y Noruega, una normativa para prohibir el acceso a los menores de 16.
Además, el debate está en Italia, Chipre, Eslovaquia, Irlanda, Polonia y Países Bajos que con distintas propuestas estudian imponer una regulación más dura para proteger a los adolescentes.
Y fuera de Europa, Nueva Zelanda ha anunciado su intención de vetar el acceso a menores de 16, y en Estados Unidos varias iniciativas territoriales, como Texas, Nueva York y Florida, buscan prohibir el acceso a los menores de 18, aunque no se trata de normas estatales aplicables a todo el país.
