Entre 2016 y 2019, las recaudaciones vinculadas a la actividad minera en el país ya superaban los RD$57,000 millones.
Las actividades mineras en República Dominicana han levantado revuelo en las comunidades donde se realizan y, sobre todo, han alimentado un debate sobre el verdadero beneficio que obtiene el Estado de la explotación de sus recursos naturales.
En un período de diez años, utilizado como referencia para este trabajo, el debate vuelve a cobrar fuerza debido a que, mientras la minería representa una fuente importante de ingresos para las finanzas públicas, comunidades cercanas a distintos proyectos extractivos han denunciado contaminación ambiental, enfermedades, afectaciones a sus fuentes de agua y desplazamientos asociados a las operaciones.
Desde Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel hasta San Cristóbal y Santiago, durante la última década se han registrado denuncias de residentes y organizaciones que atribuyen a las actividades mineras distintos problemas ambientales y de salud.
En Las Lavas, Villa González, por ejemplo, los comunitarios aseguran que al menos cinco personas han fallecido en los últimos meses en circunstancias que relacionan con las condiciones ambientales de la zona. Sin embargo, hasta el momento no existe una determinación oficial que establezca que esas muertes fueron provocadas por las operaciones mineras.
¿Cuánto le aporta la minería al Estado y cuál ha sido el costo que, según las comunidades, han tenido que asumir quienes viven alrededor de estas operaciones?
APORTE ECONÓMICO
Entre 2016 y 2019, las recaudaciones vinculadas a la actividad minera en el país ya superaban los RD$57,000 millones, de acuerdo con cifras oficiales recopiladas por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo a partir de información de la Dirección General de Impuestos Internos.
En esos años, los ingresos provenientes de la actividad minera estuvieron compuestos, entre otros conceptos, por el Impuesto sobre la Renta, la Participación en Utilidades Netas y el Retorno Neto de Fundición.
La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI-RD) señala en su portal web que para 2021 y 2022, los ingresos fiscales provenientes de la actividad minera en el país ascendieron a otros RD$47,804.7 millones, de los cuales RD$33,215.5 millones correspondieron a 2021 y RD$14,589.2 millones a 2022.
Y en 2025, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, afirmó que en los cinco años anteriores el sector había aportado más de RD$99,000 millones a las finanzas públicas.
“En los últimos cinco años, el sector ha aportado más de RD$99,000 millones a las finanzas públicas, reafirmando su importancia estratégica para la nación”, expresó Santos.
Esto coloca a la minería entre las actividades económicas de mayor importancia para las finanzas públicas y para la generación de divisas del país que, en 2025, alcanzaron además un récord superior a US$2,590 millones, un 52% más que en 2024, según el Ministerio de Energía y Minas.
CONFLICTOS
Sin importar el impacto económico y los aportes de este sector, algo que parece venir de la mano con este tema es el impacto generado por las actividades extractivas en su entorno.
Desde el deterioro ambiental y la contaminación de fuentes de agua hasta las denuncias de enfermedades, afectaciones respiratorias, conflictos por el uso del territorio y procesos de reasentamiento, son algunas de las problemáticas que durante años han acompañado las discusiones sobre minería en República Dominicana.
Diferentes sectores han levantado la voz para exigir a las autoridades revisar los permisos, supervisar las operaciones y determinar si las actividades cumplen con las normas ambientales.
Uno de los casos que permite dimensionar la permanencia de estas denuncias se encuentra en Zambrana, provincia Sánchez Ramírez.
En 2016, dirigentes comunitarios de La Piñita, La Cerca, Las Lagunas y El Naranjo presentaron un listado de 84 personas que, según denunciaron, habían muerto desde 2012 como consecuencia de situaciones que atribuían a la presencia de empresas mineras en la zona.
Dos años después, en 2018, el Movimiento Popular Dominicano denunció que más de 600 familias de seis comunidades próximas a la explotación de Barrick Gold estaban afectadas por la contaminación. La organización afirmó que más del 85% de los residentes padecían enfermedades de la piel y más del 60% sufrían infecciones respiratorias.
En Villa González, las protestas contra las operaciones mineras en Las Lavas se remontan a 2022. En aquel momento, residentes denunciaron que el polvo generado por los camiones y las operaciones afectaba la salud de la comunidad y señalaron además problemas en el suministro de agua.
Cuatro años después, las denuncias volvieron a tomar fuerza y esta vez estuvieron acompañadas de un levantamiento realizado por Salud Pública. El caso de Las Lavas adquiere particular importancia porque permite pasar de la denuncia comunitaria a la existencia de información sanitaria levantada por una institución pública.
“Entre las condiciones reportadas, las alergias respiratorias alcanzaron un 56%, seguidas por el resfriado común, con 46.7%; asma bronquial, 31.3%; rinitis, 30%; y enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (EPOC), 26.7%”, señaló el doctor Rafael Polanco, de la Dirección Provincial de Salud Pública de Santiago
SAN CRISTÓBAL
En las Cuevas del Pomier, las actividades de extracción han generado durante años otro de los conflictos mineros más importantes del país. En 2024, un estudio preliminar presentado por el Ministerio de Medio Ambiente estableció que, al menos 16 cuevas identificadas en la zona, fueron afectadas por actividades mineras y de cantera.
En este caso, el elemento documentado no es una cifra de enfermos o fallecidos, sino el daño ambiental reconocido por las propias autoridades.
La discusión sobre la minería dominicana, por tanto, parece estar situada entre dos realidades que coexisten: por un lado, el aporte económico, pues la actividad ha generado decenas de miles de millones de pesos en ingresos fiscales.
Por otro lado, las comunidades que conviven con las operaciones continúan reclamando respuestas sobre sus efectos ambientales y sanitarios.
En los últimos diez años se han documentado denuncias de enfermedades, muertes atribuidas a contaminación, afectaciones a fuentes de agua, deterioro ambiental, daños a áreas protegidas y conflictos por el reasentamiento de comunidades.
Sin embargo, una revisión de los casos publicados también deja una interrogante abierta: ¿cuántas de esas enfermedades y muertes han sido oficialmente vinculadas a la actividad minera y cuántas permanecen únicamente como denuncias de las comunidades?