El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir un presunto soborno de 10 mil dólares de parte de un testigo del caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), renunció a su cargo como miembro del Ministerio Público, informó su abogado Valentín Medrano.
El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir un presunto soborno de 10 mil dólares de parte de un testigo del caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), renunció a su cargo como miembro del Ministerio Público, informó su abogado Valentín Medrano.
El jurista explicó que, al dejar de ostentar la condición de fiscal, su representado perdió el privilegio de jurisdicción que le correspondía por razón de su cargo, lo que provocó un cambio en la jurisdicción encargada de conocer el proceso.
Medrano indicó que el expediente, que originalmente era conocido bajo el régimen de jurisdicción privilegiada, descendió a la jurisdicción ordinaria, por lo que el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, presidido por la jueza Patricia Padilla, quedó apoderado para continuar con el conocimiento de la etapa preparatoria.
El abogado señaló que ese tribunal también tendrá a su cargo el conocimiento de la audiencia preliminar, la cual fue fijada para el próximo mes de octubre.
La defensa de Valdez Alcántara sostiene que el cambio de jurisdicción constituye una consecuencia directa de su renuncia y que, a partir de ahora, el proceso deberá continuar conforme a las reglas del procedimiento ordinario.
Los abogados Albert Delgado y Valentín Medrano mantienen sus cuestionamientos a la forma en que fue realizada la investigación contra el exfiscal.
La defensa sostiene que durante las actuaciones investigativas se produjeron violaciones a disposiciones legales que regulan la actuación del Ministerio Público, así como al procedimiento aplicable a los funcionarios que gozan de jurisdicción privilegiada.
Valdez Alcántara cumple tres meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, medida que le fue impuesta por la jueza de instrucción especial Isis Muñiz.
La magistrada, quien preside la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, acogió parcialmente la solicitud del Ministerio Público luego de una audiencia que se extendió por más de diez horas.
El Ministerio Público lo acusa de haber recibido 10 mil dólares en efectivo del testigo Roberto Canaán, vinculado al expediente sobre presuntas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud.
Según la acusación, el imputado habría utilizado su posición y sus relaciones dentro del sistema de justicia para influir en el curso de las investigaciones.
