GANA, CONANI, UNAPEC y FINJUS analizaron los avances de la propuesta y los aspectos que deben continuar revisándose para lograr un sistema más especializado, restaurativo y orientado a la reinserción social de los y las adolescentes.
Santo Domingo. – El Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA), el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), la Universidad APEC (UNAPEC) y la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) realizaron el panel “El Código de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia”, un espacio de análisis técnico sobre las principales propuestas de modificación al sistema de justicia penal adolescente contempladas en el proceso de reforma y actualización de la Ley 136-03.
El encuentro reunió a juristas, operadores del sistema de justicia, académicos y actores relacionados con la atención a adolescentes, quienes analizaron los enfoques incorporados en el Libro III de la propuesta de anteproyecto, así como aspectos que requieren continuar siendo revisados para fortalecer la respuesta del Estado frente a los adolescentes en conflicto con la ley penal.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del rector de UNAPEC, Erik Pérez Vega, quien afirmó que la academia no puede permanecer al margen de las discusiones que inciden en el rumbo del país y subrayó que la misión universitaria trasciende la formación técnica y profesional para contribuir a una ciudadanía responsable, crítica y comprometida con el desarrollo humano. Asimismo, exhortó especialmente a los estudiantes de Derecho a asumir esta disciplina no solo como el conocimiento de las normas, sino como una herramienta para proteger la dignidad humana, garantizar derechos y transformar positivamente la sociedad.
“Confiamos en que las ideas trascenderán este escenario y contribuirán a fortalecer las instituciones de nuestro país”, expresó.
Al contextualizar el proceso de reforma, la presidenta ejecutiva del CONANI, Ligia Jeannette Pérez Peña, explicó que el proceso de reforma inició hace más de un año y ha contado con el acompañamiento de un Comité Consultivo de Alto Nivel, integrado por el GANA, el Ministerio de la Presidencia (MINPRE), el CONANI, el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y Visión Mundial. Asimismo, más de 70 instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil han participado en consultas y validaciones técnicas de la propuesta.
“La protección de la niñez no es una tarea de un gobierno ni de nadie en particular. Es una responsabilidad de todos y de todas y por eso debemos contribuir a que este instrumento sea el mejor posible para el bien de nuestra niñez y adolescencia”, expresó Pérez Peña al motivar a los asistentes a revisar la propuesta y ser parte de la revisión conjunta.
Un sistema orientado a la responsabilización y la reinserción
Para dar inicio al panel, los consultores responsables de las modificaciones al Libro III, Joan García Fabián y Yudelka Polanco, expusieron los principales enfoques incorporados en la propuesta, entre ellos el fortalecimiento del carácter especializado del sistema, la justicia restaurativa y los mecanismos orientados a la reinserción social.
Explicaron que la respuesta ante una infracción cometida por una persona adolescente debe ser diferenciada de la aplicable a los adultos, considerando su etapa de desarrollo y las condiciones de vulnerabilidad que pueden incidir en su conducta. Este enfoque procura que la intervención del sistema no se limite al procesamiento y la sanción, sino que contribuya a reducir la reincidencia y genere oportunidades para la reinserción social.
El magistrado Francisco Antonio Pérez Lora, juez presidente de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional, valoró los avances contenidos en la propuesta de reforma y planteó aspectos que, a su juicio, deben continuar siendo examinados.
Entre estos señaló la necesidad de precisar la respuesta del sistema ante los casos que involucran a niños y adolescentes inimputables; definir con mayor claridad las salas competentes para conocer determinados procesos de adolescentes; y establecer mecanismos adecuados de respuesta y acompañamiento para niños, niñas y adolescentes migrantes o que carezcan de documentación.
Por su parte, Carlos Guerrero, director nacional de Atención Integral de la Persona Adolescente en Conflicto con la Ley Penal (DINAIACLP), explicó el funcionamiento de los centros que atienden a esta población y el trabajo de los equipos multidisciplinarios responsables de su atención.
Guerrero destacó la importancia de contar con mecanismos de seguimiento a los adolescentes incluso después de su salida de estos centros, como parte de los esfuerzos para favorecer una reinserción efectiva y ofrecerles una segunda oportunidad.
El panel fue moderado por Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de FINJUS, y formó parte de las acciones de socialización y validación desarrolladas en el marco del proceso de reforma y actualización de la Ley 136-03, Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
