La procuradora Reynoso ofreció estos datos sobre los niveles de violencia y sus caraterísticas al ser invitada al Primer Diálogo Regional por la Convivencia Barrial, donde reveló que durante 2025 la Procuraduría General de la República recibió 236,783 casos, de los cuales 73,295 estuvieron relacionados con violencia de género, violencia intrafamiliar y violencia sexual.
Durante el Primer Diálogo Regional por la Convivencia Barrial, organizado por el periódico Listín Diario como parte de las iniciativas del Observatorio de Sostenibilidad y Desarrollo Regional (OSDER), la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, planteó la necesidad de enfrentar la violencia desde las comunidades.
Propuso un pacto de Estado contra la violencia y la criminalidad, al advertir que una parte importante de los hechos violentos tiene su origen en los conflictos sociales y no exclusivamente en la delincuencia.
La procuradora Reynoso ofreció estos datos sobre los niveles de violencia y sus caraterísticas al ser invitada al Primer Diálogo Regional por la Convivencia Barrial, donde reveló que durante 2025 la Procuraduría General de la República recibió 236,783 casos, de los cuales 73,295 estuvieron relacionados con violencia de género, violencia intrafamiliar y violencia sexual.
A esta cifra se suman más de 26,000 casos de amenazas de muerte.
Del conjunto de casos de violencia registrados, 52.57 % correspondió a violencia intrafamiliar; 34.55 % a violencia de género y 12.88 % a violencia sexual, estadísticas que, según la procuradora, evidencian el peso de los conflictos familiares y sociales en la violencia que afecta al país.
Uno de los datos centrales de su exposición fue que alrededor del 56% de los homicidios estaría relacionado con intolerancia, consumo de alcohol, disputas interpersonales y conflictos familiares.
Reynoso sostuvo que cerca de seis de cada diez muertes violentas tienen relación con este tipo de situaciones.
La procuradora señaló que la República Dominicana mantiene una tasa de homicidios cercana a 7.4 por cada 100,000 habitantes, que comparó con 17 en Costa Rica, 25 en Colombia y más de 50 en Ecuador, aunque advirtió que el país enfrenta una particularidad por el elevado peso de la conflictividad social en los homicidios.
El ruido ocupa su espacio
La contaminación sonora también ocupa un lugar importante entre los factores de conflictividad. Reynoso informó que entre el 1 de enero y el 7 de agosto el sistema de emergencias 911 recibió 91,423 llamadas relacionadas con contaminación sonora, principalmente en Santo Domingo Oeste, Distrito Nacional, Santo Domingo Norte, Boca Chica y sectores cercanos.
Del total de llamadas por contaminación sonora, 52.4 % se concentró durante los sábados y domingos, lo que, de acuerdo con la procuradora, refleja el impacto de este problema en la convivencia comunitaria.
Advirtió que el ruido puede desencadenar discusiones, agresiones, estrés y otros problemas que terminan elevando la conflictividad.
Otro dato destacado estuvo relacionado con las motocicletas. Reynoso afirmó que más del 70 % de los accidentes de tránsito con muertes involucran motocicletas, mientras que más del 80% de los atracos se cometen utilizando este tipo de vehículo, por lo que consideró necesario fortalecer su regulación y registro.
En cuanto a los teléfonos celulares, propuso que las compañías telefónicas impidan la activación de equipos reportados como robados, con el propósito de reducir el valor de estos aparatos en el mercado ilegal y, consecuentemente, disminuir los robos.
La procuradora también llamó la atención sobre la siniestralidad vial y señaló que durante el año se producen más de 40,000 eventos relacionados con violaciones a la ley de tránsito. Indicó que los accidentes constituyen una de las principales causas de muertes violentas y citó la autopista Duarte entre las vías con mayor incidencia de hechos fatales.
Reynoso sostuvo que la violencia derivada de los conflictos sociales requiere una respuesta que trascienda al Ministerio Público, la Policía y los tribunales. Citó casos ocurridos en Santiago, entre ellos una muerte originada por una discusión por 50 pesos, y señaló que en la provincia Duarte se habían registrado 54 personas heridas, muchas de ellas por disputas entre vecinos o familiares.
Fortalecer la prevención
Ante este panorama, propuso fortalecer la prevención desde las comunidades mediante la participación de juntas de vecinos, iglesias, clubes, escuelas, universidades y organizaciones sociales, además de reforzar la integración entre las familias y los centros educativos para detectar tempranamente situaciones de riesgo.
Entre las medidas planteadas figuran también una ley de convivencia ciudadana, la regulación de motocicletas, mecanismos para bloquear celulares robados, seguimiento a estudiantes que abandonan las aulas mediante trabajadores sociales y la creación de una data nacional unificada sobre seguridad ciudadana.
Reynoso insistió en que la violencia no puede enfrentarse únicamente cuando el delito ya ocurrió. Por ello, defendió el pacto de Estado como una estrategia que permita coordinar al Gobierno, Ministerio Público, Policía, comunidades, iglesias, escuelas, academia y sociedad civil para atacar las causas sociales de la violencia y prevenir que los conflictos cotidianos terminen convirtiéndose en hechos de sangre.
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, sostuvo que la educación constituye la principal fuerza para transformar la sociedad y planteó recuperar la integración entre escuela, familia y comunidad. Defendió que los centros educativos sean espacios abiertos para la convivencia comunitaria y abogó por devolver a los maestros su autoridad y fortalecer el contacto directo con los padres. También propuso dar seguimiento, mediante trabajadores sociales, a los estudiantes que abandonan las aulas, al considerar que la deserción escolar aumenta el riesgo de pobreza y criminalidad.
Reynoso explicó que la conflictividad que se origina en el entorno familiar termina trasladándose a los espacios públicos. En ese contexto, recordó que la Procuraduría General de la República recibió 236,783 casos durante 2025, incluyendo más de 70,000 relacionados con violencia de género, intrafamiliar y sexual, además de más de 26,000 amenazas de muerte.
A su juicio, estas cifras reflejan un problema social que debe ser atendido antes de que los conflictos familiares terminen convirtiéndose en hechos violentos.
Mercados criminales
Sobre los llamados mercados criminales, identificó entre los principales delitos el robo de celulares, motocicletas y metales, y planteó concentrar esfuerzos en combatir las estructuras que permiten la comercialización de esos bienes.
En el caso de las motocicletas, presentó tres datos que, según afirmó, justifican una mayor regulación: más del 70% de los accidentes de tránsito mortales ocurren con motocicletas, más del 80% de los atracos se cometen utilizando estos vehículos y las motocicletas figuran como el segundo bien más robado.
En cuanto a los teléfonos celulares, Reynoso planteó que las compañías telefónicas asuman mayor responsabilidad e impidan la activación de equipos reportados como robados. Sostuvo que si se cierra el mercado para los teléfonos sustraídos, disminuiría el incentivo para robarlos, al tiempo que advirtió sobre el nivel de violencia utilizado en algunos atracos.
Fortalecer compromiso
Durante la actividad, realizada en la sede de la Universidad Católica Nordestana (UCNE), Miguel Franjul, director de Listín Diario y vicepresidente del OSDER, destacó que el desarrollo debe ser integral y solidario, al tiempo que llamó a fortalecer el compromiso con la protección del medioambiente y la construcción de una sociedad basada en la justicia social y ambiental.
Durante el diálogo de Listín Diario se abrió una vía de solución para 82 niños sin cupo en el Laboratorio de Recuperación Pedagógica (LARPE).
Pablo Ulloa, defensor del Pueblo, y Franklin Romero, senador de la provincia Duarte, gestionaron una respuesta temporal a las familias que mantienen su solicitud de cupo en la escuela modelo. Un espacio para atender temporalmente a 82 niños y niñas sin cupo en el LARPE.
Ulloa fue abordado por familias durante el evento y acudió junto al senador Romero a escuchar a la comunidad educativa. De ese encuentro surgió como propuesta de solución una propiedad que Romero facilitó para uso del centro durante este año escolar, con las condiciones básicas del inmueble.
“Al escuchar a las familias, entendimos que debíamos contribuir con una respuesta inmediata. Por eso facilitamos este local para que los niños y niñas puedan recibir sus clases mientras se gestiona la solución permanente que necesita el centro”, expresó el senador Romero.
En el diálogo, que contó con la presencia de la diputada Jeovanny Ventura, participaron la directora del centro, Enma de la Cruz; la presidenta de la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (APMAE), Ramona Solís Villar, y la representante de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en el plantel, Mileisy Paulino.
Las tres, junto a los padres y madres presentes, reiteraron la solicitud formal de construcción de una escuela modelo como respuesta permanente. Según los datos presentados durante el encuentro, el LARPE tiene capacidad para 180 estudiantes frente a una demanda de 262, lo que deja a 82 pendientes de ingreso.
El centro atiende a niños y niñas con discapacidad que requieren apoyos pedagógicos específicos.
Gran integración
En el diálogo y otras iniciativas como el foro regional convocados por Listín Diario han participado la academia, autoridades nacionales y regionales, líderes comunitarios y representantes de diferentes sectores de la vida nacional, con el propósito de identificar prioridades y promover acciones dirigidas al desarrollo de la región.
El Diálogo Regional por la Convivencia Barrial, impulsado por Listín Diario con el respaldo del Banco Popular Dominicano, tuvo como propósito identificar y visibilizar los conflictos que afectan la vida cotidiana de los barrios y propiciar espacios donde sus residentes puedan expresar sus preocupaciones y propuestas.
La jornada estuvo encabezada por monseñor Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís y gran canciller de la UCNE, quien destacó el papel que está llamado a desempeñar el OSDER en la identificación de los desafíos de las provincias que integran la región y en la búsqueda de alternativas para su desarrollo sostenible.
De la Cruz Baldera afirmó que el observatorio no fue concebido únicamente para recopilar estadísticas o medir indicadores, sino como una herramienta para conocer las realidades del territorio y contribuir a la protección de los recursos naturales y al bienestar de las futuras generaciones.