El texto afirma que, tras el ataque militar estadounidense del 3 de enero y el arresto del presidente Nicolás Maduro, la misión observó «una disminución significativa de las detenciones de larga duración y de las desapariciones forzadas».
Entre detenciones ilegales, desapariciones forzadas, leyes contra la disidencia, la situación de los derechos humanos en Venezuela continúa a la espera de cambios «reales y significativos», pese a unas «limitadas mejoras», consideraron investigadores de la ONU este miércoles.
«A pesar de las limitadas mejoras observadas en la situación de los derechos humanos en Venezuela, las instituciones estatales responsables de la represión, las graves violaciones de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad siguen intactas», afirmó la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela en un comunicado.
Publicado al margen de la presentación de un informe ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, el texto afirma que, tras el ataque militar estadounidense del 3 de enero y el arresto del presidente Nicolás Maduro, la misión observó «una disminución significativa de las detenciones de larga duración y de las desapariciones forzadas».
Además, en los meses siguientes al arresto de Maduro, las autoridades liberaron a cientos de personas que estaban detenidas por motivos políticos y suavizaron ligeramente las normas sobre manifestaciones y la participación de la sociedad civil, afirman los investigadores.
Sin embargo, el grupo lamenta la ausencia de «reformas institucionales necesarias para garantizar una mejora significativa y sostenida de la situación de los derechos humanos».
«Numerosas leyes utilizadas para criminalizar la disidencia siguen vigentes, y los amplios servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad del país conservan esencialmente las mismas estructuras, políticas y prácticas», alertan.
Por ejemplo, «no se ha adoptado ninguna medida para desarmar o desmantelar a los colectivos», grupos paramilitares que los investigadores consideran «un componente central del aparato represivo del Estado» y una «fuente permanente de intimidación y violencia a nivel comunitario».
Asimismo, agrega la misión, «los periodistas y otros actores de la sociedad civil siguen enfrentando obstáculos en su labor cotidiana».
«La reducción de algunas de las formas más severas de represión es significativa, pero de ninguna manera constituye una transformación del sistema que las hizo posibles», declaró Sofía Macher, presidenta de la misión.
La misión afirma que documentó «patrones de tortura y malos tratos contra personas detenidas por motivos políticos», como la intubación forzada, el confinamiento prolongado en una cisterna subterránea sellada o en celdas minúsculas bajo tierra, la exposición al frío o la privación de alimentos.
Desde el 3 de enero, la misión afirma que constató «un patrón recurrente de arrestos arbitrarios de corta duración» para «intimidar» a activistas de la oposición, periodistas y otros actores de la sociedad civil.
La misión instó «a la comunidad internacional a apoyar los esfuerzos destinados a poner fin a la represión, combatir la impunidad y restablecer el Estado de derecho».
Asimismo, exige que Caracas adopte «medidas decisivas hacia la rendición de cuentas y a establecer un marco de justicia transicional centrado en las víctimas», señaló María Eloisa Quintero, una de las expertas de la Misión.
