Santo Domingo.– El Gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader dispuso que las contrataciones públicas correspondientes a programas sociales especiales sean dirigidas exclusivamente a micro, pequeñas y medianas empresas industriales de producción nacional, con el objetivo de impulsar la economía y contribuir a la generación de empleos.
La disposición está contenida en el Decreto 672-26 y comprende los procesos de compra relacionados con programas de alivio a la pobreza, alimentación, vestimenta, útiles escolares y protección de sectores vulnerables.
Según establece la normativa, las adquisiciones estarán orientadas a productos agroindustriales y manufactureros de origen nacional, elaborados en territorio dominicano y adquiridos sin intermediarios, salvo aquellos casos en los que el productor autorice previamente y por escrito la intermediación.
La aplicación de este mecanismo estará condicionada a que las empresas puedan satisfacer las cantidades requeridas por las instituciones públicas y cumplir con los estándares de calidad exigidos.
Entidades que deberán aplicar la medida
Entre las instituciones alcanzadas por el decreto se encuentran la Dirección de Desarrollo Social Supérate, la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac), el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Salud (SNS) y el Ministerio de Educación.
También figuran el Ministerio de Defensa, el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), Promese/CAL y la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, entre otras.
Sin embargo, la disposición precisa que no todas las contrataciones realizadas por estas entidades estarán sujetas al nuevo esquema, sino únicamente aquellas relacionadas con los programas y productos contemplados en el decreto.
Contrataciones serán competitivas
Los procesos deberán realizarse mediante procedimientos de selección competitiva y conforme a la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas y su reglamento de aplicación.
Antes de reservar una contratación para mipymes industriales nacionales, las instituciones deberán consultar el Registro de Proveedores del Estado (RPE), a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), para determinar si existen empresas con capacidad para suministrar los bienes o servicios requeridos.
Si no aparecen proveedores con esas características, la institución tendrá que realizar un llamado a manifestación de interés. En caso de que el procedimiento sea declarado desierto en dos ocasiones, la entidad podrá modificar el pliego de condiciones e iniciar un nuevo proceso.
Requisitos para participar
Las mipymes interesadas deberán contar con un registro industrial emitido por Proindustria y con la certificación MIPYMES otorgada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM). Las empresas encabezadas por mujeres deberán disponer de la certificación MIPYMES Mujer.
Asimismo, el decreto ordena la creación de una Mesa de Articulación Interinstitucional entre el MICM y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), que tendrá entre sus responsabilidades coordinar la implementación de la medida, dar seguimiento a sus resultados e identificar sectores industriales estratégicos.
La normativa también establece que los productos adquiridos deberán cumplir con los estándares de calidad previstos en las normas y reglamentos técnicos nacionales. Cuando no exista una regulación técnica para determinado producto, el Instituto Dominicano para la Calidad (Indocal) deberá priorizar su elaboración conforme a sus competencias y disponibilidad presupuestaria.
El Decreto 672-26 entrará en vigencia a partir de su publicación.
