Las torturas incluyeron descargas eléctricas, golpizas y asfixia.
Las autoridades estadounidenses acusaron al expresidente venezolano Nicolás Maduro de conspirar para torturar a sus conciudadanos con el fin de mantener su control del poder. La nueva acusación formal, revelada el jueves, aumenta la presión sobre el derrocado líder autoritario que ya enfrenta delitos de narcotráfico.
Maduro, quien previamente fue acusado de participar en una conspiración para enviar cocaína a Estados Unidos, ahora también enfrenta acusaciones de violaciones de derechos humanos durante su mandato como gobernante de la nación sudamericana rica en petróleo.
Maduro «autorizó el uso de la tortura contra individuos específicos y supervisó un sistema diseñado para usar la tortura, la detención arbitraria y la violencia como medio de represión contra la oposición política», dice la acusación formal revisada.
La pareja, añade la denuncia, trató de perpetuarse en el poder «aterrorizando a presuntos opositores mediante persecución y violencia». Miles de venezolanos, agrega, fueron «acosados, amenazados, arrestados, procesados, agredidos, torturados o asesinados» por personas que actuaban por orden del gobierno que él controlaba.
Las torturas incluyeron descargas eléctricas, golpizas y asfixia. Maduro, según la denuncia, autorizó métodos de tortura y amenazó con matar al hijo de un preso «como una forma de tortura psicológica».
Se envió un mensaje en busca de comentarios al abogado de Maduro; el abogado de Cilia Flores, la esposa de Maduro, debía comparecer ante el tribunal para una audiencia previamente programada. Maduro y Flores están encarcelados en Nueva York desde principios de enero, cuando fuerzas estadounidenses los sacaron de su casa en Caracas en una redada en plena noche.
Ambos se han declarado inocentes en la causa penal iniciada hace años en su contra y en la de numerosos supuestos colaboradores. Ya se enfrentaban a posibles condenas de cadena perpetua si son declarados culpables.
Flores tenía previsto comparecer ante el tribunal el jueves, donde sus abogados instarán a un juez a liberarla de la cárcel y ponerla bajo arresto domiciliario porque tiene problemas cardíacos.
Sus abogados han pedido que el caso sea desestimado con el argumento de que tienen inmunidad como líder y primera dama de un país extranjero.
Los abogados de Flores, de 69 años, también han argumentado que tiene problemas médicos que no pueden tratarse eficazmente en la cárcel, y que en su lugar se le podría permitir vivir bajo vigilancia las 24 horas en una residencia en Nueva York.
También dijeron que sufrió cicatrices permanentes cuando fue «arrojada contra una pared o una cómoda» durante la acción militar estadounidense que condujo a su captura.
Sus abogados dicen que ha perdido 25 libras (11 kilogramos) mientras estaba encarcelada en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn y que le han dicho que podría necesitar una cirugía cardíaca. Dijeron que tiene «mareos persistentes, vértigo y falta de aire» y que podría haber sufrido un infarto menor en julio.
Los fiscales se opusieron a la solicitud de libertad bajo fianza. En un escrito judicial, señalaron que Flores representa un «riesgo extremo de fuga y un peligro para el público» si es liberada. También dijeron que ha sido trasladada desde la cárcel para recibir tratamiento en un hospital local cuando se necesitó atención.
El gobierno del presidente Donald Trump ha defendido la redada para capturar a Maduro como una «operación quirúrgica de aplicación de la ley». Maduro se ha llamado a sí mismo un prisionero de guerra y ha calificado su captura como un secuestro.
Flores está acusada de participar en una conspiración de importación de cocaína con su esposo, quien se desempeñó como presidente de Venezuela desde 2013 hasta su captura por fuerzas estadounidenses en enero.
Los abogados de Flores dicen que ella no representa ninguna amenaza de fuga porque está «decidida a apoyar a su esposo con su presencia constante».
