El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela avaló el proyecto de reforma parcial de la ley contra el odio, una normativa cuestionada por organizaciones de derechos humanos por su presunto uso contra opositores y críticos del poder, y autorizó que el Parlamento continúe con su discusión.
La decisión fue anunciada este jueves mediante una sentencia de la Sala Constitucional, que declaró la conformidad del proyecto con la Constitución venezolana.
Con este pronunciamiento, el TSJ dio luz verde a la Asamblea Nacional para avanzar en el proceso legislativo. La decisión judicial no supone que la reforma haya sido aprobada definitivamente.
Reforma de ley contra el odio
La legislación, denominada oficialmente Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, fue aprobada en noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, instalada ese año en paralelo al Parlamento, que entonces tenía mayoría opositora.
Su aprobación se produjo después de varios meses de protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro, quien había solicitado medidas para combatir los mensajes que el oficialismo consideraba responsables de fomentar la violencia.
La ley contra el odio contempla penas de hasta 20 años de prisión por los delitos establecidos en su articulado.
Desde su entrada en vigor, organizaciones defensoras de derechos humanos han cuestionado su aplicación y solicitado su derogación.
Denuncias por ley contra el odio
La organización no gubernamental Foro Penal, dedicada a la defensa de presos políticos, informó este mes que al menos 927 personas han sido acusadas de incitación al odio por las autoridades venezolanas desde la aprobación de la normativa en 2017.
Por su parte, la ONG Espacio Público denunció en 2023 que la legislación había sido utilizada para perseguir expresiones críticas hacia sectores del poder.
Estas acusaciones forman parte de los cuestionamientos que distintas organizaciones han planteado sobre el alcance de la ley y su aplicación en Venezuela.
Delcy Rodríguez pidió cambios
El proyecto de reforma fue impulsado después de que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitara en septiembre al Parlamento revisar la normativa.
Rodríguez reconoció entonces que las autoridades habían aplicado la legislación de manera incorrecta y abusiva, una situación denunciada durante años por organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición.
La Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, está presidida por Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria encargada.
Con el aval del Tribunal Supremo, el proyecto podrá continuar su trámite parlamentario, aunque todavía no se han precisado en la información consultada los cambios específicos que serán incorporados al texto definitivo.
