Los comunitarios han calificado el proceder de las autoridades como “arbitrario” y “atropellante”, indicando que hace apenas 20 días recibieron la primera comunicación formal.
Decenas de viviendas, comercios y verjas perimetrales fueron destruidas con equipos pesados y bajo una fuerte presencia militar durante esta semana, como parte de los desalojos que realiza el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para la ampliación de la carretera que comunica Jarabacoa con el municipio de La Vega.
Los comunitarios han calificado el proceder de las autoridades como “arbitrario” y “atropellante”, indicando que hace apenas 20 días recibieron la primera comunicación formal. Aseguran que se les está presionando para firmar y ceder sus terrenos por los montos que el MOPC fija de manera unilateral.
Según los afectados, a quienes no accedieron a entregar sus inmuebles en el primer encuentro, se les ha amenazado con demoler sus propiedades; una advertencia que, en varios casos, ya se ha cumplido.
“Ellos vinieron y mandaron un papel el día 30 de septiembre. El jueves de la semana pasada convocaron a una reunión a los notificados, ofreciéndoles el monto que consideraban para que firmaran. A los tres días, vinieron a desbaratarle la casa a quienes no firmaron”, puntualizó Diomedes Marte, uno de los moradores de la zona.
Marte explicó que su vivienda se salvó de la demolición gracias a que un conocido intervino al pasar por el lugar. Sin embargo, la casa de su vecino fue destruida sin que este tuviera conocimiento previo.
“Al vecino se la tiraron abajo prácticamente. Una casa de dos plantas por la que le ofrecían solo 1,800,000 pesos. Le sacaron las pertenencias y le destruyeron la vivienda.
La comunidad tuvo que ayudarlo a llevar sus trastes donde un familiar en la ciudad”, relató Camilo Marte, hijo de don Diomedes.
Los comunitarios denunciaron que el MOPC pretende pagarles el metro cuadrado de tierra a RD$1,200, cuando su valor real de mercado en la zona oscila entre los RD$4,000 y RD$5,000.
“Aquí nadie se opone a la ampliación; de hecho, estamos contentos porque representa avance para nuestra comunidad y esa vía está muy arrabalizada. Lo malo es la forma en que lo están haciendo”, sostuvo Marte.
“¿Cómo es posible que a mi papá, a quien le costó 50 años hacer su casita, vengan a desbaratársela notificando solo 15 días antes, sin evaluar correctamente, sin pagar y sin decirnos hacia dónde nos van a movilizar mientras tanto?”, cuestionó.
Prisas presupuestarias y visitas oficiales
Los moradores del tramo en remodelación afirmaron que la prisa por derribar las estructuras se debe al retraso que acumula la obra y a una visita del presidente Luis Abinader proyectada en la zona, según les reveló uno de los propios ingenieros encargados.
“En el Ministerio de Obras Públicas alguien nos dijo: ‘Excusen, sabemos que esta no es la mejor forma, pero el ministro está presionando al ingeniero porque el presidente Abinader viene para acá’”, contaron las víctimas.
Asimismo, denunciaron que la institución estatal rechaza las tasaciones particulares realizadas por los propietarios y los obliga a aceptar únicamente los avalúos hechos por los tasadores oficiales de la entidad.
Impacto en el sector comercial
José Lajara, propietario de Recursos Ferreteros, es uno de los comerciantes afectados por las intervenciones. Explicó que hace menos de un mes recibió la notificación para negociar el terreno frontal de su establecimiento y sostuvo varias reuniones para intentar llegar a un acuerdo.
Sin embargo, sin previa autorización, sin plazos otorgados y sin haber concretado un plan de traslado, cuadrillas del MOPC derribaron con maquinaria pesada la pared frontal de su empresa.
“Este atropello no se puede pasar por alto. Si a mí me dicen qué es lo que el Estado puede ofrecer y me dan cinco meses para moverme, uno entiende que las cosas van en serio. Pero no puedes venir un lunes para que yo me mude el martes y venir a romper al día siguiente”, protestó Lajara.
Tras la demolición del muro frontal, Lajara se vio obligado a improvisar una verja con alambre de púas para resguardar la mercancía que las autoridades dejaron expuesta. Ahora deberá reconstruir la tienda y reubicar su almacén en otro solar.
“Es una acción arbitraria y descabellada contra un negocio que genera casi 30 empleos, que tributa correctamente y que opera con facturación electrónica desde hace un año. El capital expuesto es ajeno; nosotros manejamos operaciones y cuidamos el dinero del banco y de los suplidores”, agregó.
La incertidumbre embarga a decenas de propietarios y comerciantes a lo largo de la vía La Vega-Jarabacoa, quienes temen que las maquinarias destruyan sus inmuebles en cualquier momento por no haber firmado los convenios del MOPC.
