Los robles de Baní cayeron a finales de este octubre, y con ellos llegó una pregunta que va más allá del porqué: ¿quién responde cuando el que corta es el propio Estado?
La Gobernación de Peravia no es un caso aislado. Desde el año 2022 se han registrado talas en parques, avenidas, playas, terrenos protegidos y hasta en el patio de una casa del Distrito Nacional.
Algunas terminaron en sometimientos o despidos; otras, en permisos firmados de antemano, explicaciones técnicas o silencio.
Este medio revisó registros periodísticos, comunicados y documentos oficiales para reconstruir en orden cronológico algunos episodios de talas injustificadas.
El funcionario que se adelantó al permiso
En mayo de 2022, el Ministerio de Medio Ambiente sometió a la justicia a José (Richard) Valdez Mora, director municipal de Palmarejo Villa Linda, en Los Alcarrizos. Lo acusó de talar 330 árboles en un área verde protegida de Pantoja, en el kilómetro 17 de la autopista Duarte.
Según registros de la fecha, la institución había indicado que Valdez Mora solicitó un permiso ambiental que le fue denegado.
El entonces ministro, Orlando Jorge Mera, lo resumió así: “Por alguna razón, él se fue por encima de la ley”. Aunque hubo un sometimiento, el caso dejó roces institucionales.
La Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente se quejó de que ni el ministerio ni el Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa) le notificaron lo ocurrido, y de que los troncos fueron trasladados sin presencia del Ministerio Público, lo que calificó como una “obstrucción”.
El Mirador Sur y el cruce de culpas
Dos años más tarde, en junio de 2024, el exvicepresidente de la República Jaime David Fernández Mirabal difundió un video de árboles podados en el parque Mirador Sur, en el Distrito Nacional.
Según denunció, la intervención se hizo a petición del propietario de una de las torres frente al parque porque, supuestamente, le tapaban la vista al mar.
Medio Ambiente envió técnicos y concluyó que hubo una “poda inapropiada” instruida por la administración del parque, bajo la responsabilidad de la Alcaldía del Distrito Nacional.
La alcaldía respondió con una investigación interna que determinó que 17 árboles fueron podados en sus copas sin supervisión técnica ni autorización del departamento de Foresta Urbana.
Como consecuencia, la alcaldía separó a dos colaboradores y anunció una denuncia ante la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente. A la fecha, no se conoce públicamente el resultado de esa acción ni si hubo consecuencias para quien solicitó la poda.
El año de las obras
Durante 2025, las talas se sucedieron entre febrero y agosto, afectando distintos sectores del Distrito Nacional.
La primera ocurrió en febrero, entre Güibia y el muelle de Los Pescadores, en el Malecón de Santo Domingo, donde aparecieron troncos y ramas de uva de playa y almendros sobre la arena.
Medio Ambiente, a través del Viceministerio de Recursos Costeros y Marinos, confirmó que no otorgó permiso para dicha tala e investigaba a los responsables. Sin embargo, no se publicó información sobre los resultados de las indagatorias.
Entre finales de febrero y marzo, la construcción del túnel bajo la Plaza de la Bandera, en la avenida Luperón, implicó el retiro de decenas de árboles de la isleta norte del monumento para preparar el terreno de excavación.
En julio estalló el caso del Centro Olímpico. El 18 de ese mes se denunció la caída de unos 300 árboles en el recinto.
En medio de la polémica se reveló que la intervención contaba con la autorización número 016-2025 de Medio Ambiente, fechada el 13 de mayo, la cual aprobaba la tala de 901 árboles (325 de ellos con más de 10 centímetros de diámetro).
La medida buscaba facilitar la remodelación de las instalaciones a cargo del Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived), de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
La respuesta oficial llegó el 22 de julio, cuando el comité organizador y los titulares de Vivienda y Deportes garantizaron el respeto a las áreas verdes y calificaron la tala como una intervención puntual.
Meses después, el Mived anunció la creación de una “acera bosque” con siembra de árboles en el perímetro del complejo.
En agosto, el foco se movió a Arroyo Hondo y Cuesta Brava, donde los vecinos denunciaron la destrucción de una franja protegida del Cinturón Verde por proyectos inmobiliarios en la zona, señalando a un viceministro del Mived como propietario de la constructora ejecutora.
El 13 de agosto de 2025, la Asociación de Vecinos de Cuesta Brava y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (Insaproma) querellaron al ministro de Medio Ambiente, Armando Paíno Henríquez, y al referido viceministro.
Sostuvieron que se otorgó un permiso ilegal para más de 300 apartamentos en una zona donde las construcciones multifamiliares están prohibidas. La constructora, por su parte, aseguró contar con toda la documentación en regla.
Un decreto firme y dos casos sin respuestas
El 2 de septiembre de este año, el presidente Luis Abinader firmó el Decreto 615-26, que declaró de alto interés nacional el combate al “terrorismo medioambiental”. Pese a esta medida, dos hechos recientes consternaron a distintas comunidades.
El primero involucra a una anacagüita ubicada en la calle Rafael Abreu Licairac esquina Altagracia Saviñón, en Los Prados, declarada patrimonio natural en 2022. El árbol crecía en un patio privado y su propietario llevaba años solicitando intervención por los daños a la estructura de su vivienda.
En mayo de 2026, los vecinos denunciaron un deterioro intencional del árbol, mientras la Alcaldía y Medio Ambiente se deslindaban del caso. Finalmente, en septiembre le fue retirada la condición de monumento y en octubre fue talado. Aún no se ha divulgado el estudio técnico que justificó el retiro de su protección.
El corte y tumbe de Baní
Por otro lado, a finales de septiembre, la remodelación del edificio de la Gobernación de Peravia y de las oficinas públicas de Baní, con una inversión de RD$57.5 millones, provocó la tala de robles y árboles de mango que brindaban sombra frente a la Gobernación, las oficinas y el hospital Nuestra Señora de Regla.
La vocería de la Gobernación justificó la medida calificándola como un “mal necesario”. Sin embargo, las indagatorias de este medio constataron que no se tramitaron permisos ni ante Medio Ambiente ni ante el ayuntamiento de Baní, y ninguna de las dos instancias intervino.
Mientras el Ministerio Público difunde con frecuencia arrestos de particulares por la tala ilícita de árboles, la acción institucional se paraliza cuando la autoridad es quien derriba ejemplares centenarios.
Tala e impacto en los humanos
El corte de árboles en zonas urbanas durante periodos de calor extremo impacta de forma directa e inmediata la salud, la economía y la calidad de vida de las personas.
Las principales consecuencias para los ciudadanos incluyen:
1. Intensificación del fenómeno de “Isla de Calor”
Las estructuras de concreto, asfalto y ladrillo absorben la radiación solar durante el día y liberan ese calor progresivamente durante la tarde y la noche. Los árboles actúan como acondicionadores de aire naturales a través de la evapotranspiración (proceso por el cual absorben agua del suelo y la liberan como vapor por sus hojas, enfriando el aire circundante).