El senador Julito Furcal atribuye la responsabilidad del corte de árboles a una decisión unilateral de la contratista Servicios Ingenieriles y Mineros SRL, ejecutada, al parecer, a espaldas del Gobierno durante un fin de semana.
El proyecto de infraestructura de 57 millones de pesos destinado a remozar las instalaciones gubernamentales en Baní no fue lo que encendió la indignación ciudadana, sino la descabellada medida de mutilar la vida de robles centenarios y matas de mango.
La tala de estos robles longevos, con más de 84 años de historia, según expertos, y árboles de sombra situados en las inmediaciones de la Gobernación Provincial y de diversas oficinas públicas, ha provocado la repulsa de ambientalistas, estudiantes, sindicatos de motoconchistas y munícipes.
Hoy, a poco más de una semana de consumarse la eliminación de este pulmón verde en pleno centro urbano, el silencio gubernamental empezó a agrietarse.
Mientras en el lugar de los hechos sólo permanece el letrero promocional de Bienes Nacionales, con la imagen del presidente Luis Abinader y su director Rafael Burgos Gómez, junto a la empresa contratista Servicios Ingenieriles y Mineros SRL, representada por el ingeniero Saúl Calderón Hernández (Codia 28864), las figuras políticas locales intentan apartarse del escándalo.
La reacción tardía de Fulcar
Tras días de rechazo popular y denuncias de alcance nacional, con Listín Diario dando seguimiento continuo en cumplimiento de su compromiso con la preservación del medio ambiente y los recursos naturales, el senador por la provincia Peravia, Julito Fulcar, rompió el silencio para fijar su postura.
En su intervención recogida por el noticiario Peravia Noticias, del canal 8 de Peravia Visión, en Baní, el legislador aseguró respaldar la indignación de los ciudadanos y ambientalistas.
«No es necesario hacer una tala de árboles tan indiscriminada», indicó, advirtiendo que previamente debió tomarse en cuenta que eran «árboles centenarios, que sirven de protección al medio ambiente, además de que constituyen un pulmón para la sociedad y el entorno».
Por otro lado, el legislador liberó de culpa a la gobernadora de Peravia, Yadira Báez, una reconocida ciudadana con una trayectoria ejemplar de servicio social y comunitario, asegurando que ella «no tuvo nada que ver con esa decisión».
Según la versión del senador Fulcar, la empresa contratista ejecutó el corte de los árboles de manera sorpresiva durante un fin de semana.
«Cuando vinimos a darnos cuenta, los árboles ya estaban cortados», agregó. Como supuesta salida al problema, afirmó que, dado que el hecho ya ocurrió, lo que corresponde ahora es «resarcir el daño» junto a la compañía contratista, sustituyendo las especies destruidas por plantas nuevas.
Incongruencias de la versión oficial
Bastante lejos de contener la controversia, la justificación del legislador ha reavivado las críticas al dejar al descubierto graves incongruencias y omisiones de carácter institucional.
El senador atribuye la responsabilidad a una decisión unilateral de la contratista Servicios Ingenieriles y Mineros SRL, ejecutada a espaldas del Gobierno durante un fin de semana.
Sin embargo, lo que resulta asombroso es que maquinaria pesada derribara árboles de gran volumen en pleno ámbito de la Gobernación sin que ningún inspector de Medio Ambiente, fiscalizador de obras públicas ni autoridad municipal detuviera la maquinaria.
De hecho, la Alcaldía de Baní, dirigida por el alcalde Santo Ramírez, denunció formalmente que la obra se ejecutó sin los permisos ni autorizaciones municipales correspondientes.
Al liberar de culpa a la Gobernación, el alegato del senador confunde la autoría material con la responsabilidad de fiscalización, según explicaron a Listín Diario abogados ambientalistas, arbolistas e ingenieros agrónomos consultados para evaluar el impacto de la crisis.
Autoría material es, según la definición estricta, la ejecución física y directa de la acción que, en este caso, recae sobre Servicios Ingenieriles y Mineros SRL y sus operarios, quienes encendieron las motosierras y talaron los árboles.
Mientras, la responsabilidad de fiscalización es “el deber legal, administrativo e institucional de vigilar, inspeccionar y supervisar que la obra respete las leyes y normativas ambientales”.
Esta obligación recae directamente sobre los funcionarios de la Gobernación Provincial, los inspectores del Ministerio de Medio Ambiente y la Alcaldía de Baní, quienes debieron exigir las licencias previas y frenar la tala a tiempo.
El «ya ocurrió» para “parar todo ahí”
Pretender cerrar este problema con la frase «ya el problema ocurrió» y una simple siembra de otras especies de plantas, parece desconocer la dureza de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Hasta la fecha, el Ministerio de Medio Ambiente no ha depositado querellas formales, no se han anunciado sanciones ni multas ejemplares contra la contratista, ni se han establecido responsabilidades penales ni administrativas.
Mientras los troncos mutilados han tomado un destino desconocido como evidencia del daño realizado, en Baní se mantiene firme el reclamo de justicia.
Por el momento, ningún sector social de la jurisdicción se conforma con la promesa de plantar nuevos arbustos; al contrario, se está exigiendo el sometimiento a la justicia de la empresa involucrada, la destitución de los funcionarios que actuaron por omisión o negligencia y la presentación pública del expediente técnico y permiso ambiental que autorizó la remodelación.
