La ADP y Faprouasd rechazaron cualquier intento de acelerar la aprobación de una reforma educativa sin agotar un proceso democrático y participativo que permita evaluar integralmente la situación de la educación dominicana.
La Asociación Dominicana de Profesores (ADP), la Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (Faprouasd) y el Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la UASD (ODPP-UASD) rechazaron cualquier intento de acelerar la discusión y aprobación de una reforma educativa sin agotar un proceso democrático y participativo que permita evaluar integralmente la situación de la educación dominicana y construir los consensos necesarios para transformar el sistema.
Mediante una declaración pública conjunta, las organizaciones cuestionaron los recientes anuncios del ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía, sobre el eventual sometimiento de un proyecto de ley durante este mes, señalando que se trata de una iniciativa cuyo contenido todavía no es conocido, no ha sido consensuado y se plantea en medio de un proceso de diálogo que debe recoger las propuestas, experiencias y opiniones de todos los sectores vinculados al sistema educativo.
Advirtieron que pretender imponer plazos y promover la aprobación sumaria de una legislación de esta trascendencia introduce confusión, genera desconfianza y amenaza con obstaculizar la construcción democrática de una reforma educativa verdaderamente transformadora. En ese sentido, consideraron que las declaraciones del ministro constituyen un paso desacertado que podría afectar el proceso de diálogo que se había convenido desarrollar.
Asimismo, las entidades reiteraron su rechazo absoluto a la fusión del Ministerio de Educación (Minerd) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), al considerar que esta medida no resolvería los problemas estructurales del sistema educativo y, por el contrario, podría agravarlos, debilitar la institucionalidad pública y reducir los recursos destinados a garantizar el derecho a la educación.
Las organizaciones sostuvieron que no puede hablarse de una reforma educativa verdadera, científica y progresista sin la participación plena y protagónica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la ADP, la Faprouasd, el personal técnico, los trabajadores de apoyo a la labor docente y el estudiantado organizado.
De igual manera, plantean que cualquier propuesta de transformación debe partir de una evaluación rigurosa de la Estrategia Nacional de Desarrollo, los resultados del Pacto Educativo y los impactos reales de las políticas públicas implementadas hasta el momento.
Los gremios reafirmaron que solo una consulta ciudadana libre, la participación consensuada de los actores y la construcción democrática de las políticas públicas pueden garantizar una reforma educativa progresista, que fortalezca la educación pública como derecho y no como mercancía.
Las organizaciones se declararon en “pie de lucha” en defensa de la educación pública, la educación superior universitaria, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la educación técnica de orientación pública y los derechos adquiridos de las familias, estudiantes, docentes, personal técnico y trabajadores de apoyo.
Asimismo, exhortaron al ministro Rafael Santos Badía a retractarse de sus recientes declaraciones y reconocer que el país se encuentra en un proceso de discusión de la crisis educativa y de construcción de alternativas institucionales que requieren diálogo, responsabilidad y consenso nacional.
