De esta manera, la pieza culmina el procedimiento legislativo dentro del Congreso Nacional y pasa a las manos del presidente Luis Abinader, quien debe decidir si será promulgada.
La Cámara de Diputados aprobó en segunda discusión un proyecto de ley que busca prohibir la importación al territorio dominicano de productos realizados a través del trabajo forzoso.
De esta manera, la pieza culmina el procedimiento legislativo dentro del Congreso Nacional y pasa a las manos del presidente Luis Abinader, quien debe decidir si será promulgada.
Esta iniciativa, elaborada por el senador Félix Bautista, tiene el objetivo de “prevenir y erradicar” la comercialización de mercancías elaboradas a través de labores obligatorias.
Esto ocurre luego de que el pasado 23 de julio Estados Unidos impusiera un impuesto de un 12% a los exportadores dominicanos que envían sus productos a ese mercado.
La causa consiste en que, según el mandato del presidente Donald Trump, algunos empresarios dominicanos están vendiendo productos realizados en las condiciones antes mencionadas.
¿POR QUÉ PODRÍA REDUCIR LOS ARANCELES?
De acuerdo con lo planteado por el senador Bautista en el documento, con el establecimiento de ese marco legal, los empresarios de República Dominicana podrían disminuir de 12.5% a 10% la cantidad de impuestos requeridos por Estados Unidos.
“De aprobarse esta ley, estaríamos en condiciones de solicitarle a los Estados Unidos, en el marco de las negociaciones diplomáticas, que eliminen el 2.5%, como lo han hecho con otros países”, precisó el representante de la Fuerza del Pueblo (FP).
El congresista precisó que la tasa podría ser igualada a la impuesta por Estados Unidos a los artefactos enviados por El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Malasia.
“El sector exportador dominicano podría ahorrar hasta 182 millones de dólares al año (10 mil 920 millones de pesos) en costo de exportación”, dijo el senador de la provincia San Juan.
MULTAS Y SANCIONES
Esta iniciativa legislativa conformaría un régimen de castigos que sería aplicado a quienes se dediquen a exportar este tipo de productos edificados.
Las penalizaciones contemplan multas de hasta 100 salarios mínimos del sector público y periodos de suspensión del registro de importador para las empresas en el país.
Además, crearía un registro público que les permitiría a las víctimas de trabajo forzoso hacer la denuncia ante las autoridades de manera confidencial.