Sin elecciones desde 2016, Haití no tiene desde el lunes pasado ningún representante electo a nivel nacional y las pandillas reinan en el territorio, un año y medio después del asesinato del presidente Jovenel Moise.
Los últimos diez senadores aún en funciones completaron simbólicamente su mandato, pero el Poder Legislativo dejó de funcionar de hecho en enero de 2020, cuando todos los diputados y dos tercios de los integrantes de la Cámara Alta abandonaron sus cargos, sin que fueran reemplazados.
“No podemos atrevernos a hablar de democracia”, lamenta el abogado Samuel Madistin, “y esto llega en un momento en que el Estado está perdiendo el control de la mayor parte del territorio, el 60%, en beneficio de bandas armadas”. Para este abogado, Haití “es un Estado que, prácticamente, no existe”.
La muerte de Moise
El asesinato en julio de 2021 del presidente Moise por un comando armado en su residencia privada no hizo más que amplificar la ya profunda crisis política en la que estaba sumido el país por la decadencia de las instituciones públicas.
El primer ministro Ariel Henry es quien actualmente lleva el país adelante pero, designado solo 48 horas antes del ataque que le costó la vida a Moise, su legitimidad es ampliamente cuestionada.
“Hubo un cálculo maquiavélico del régimen del PHTK (partido político de Moise) que no quiso organizar elecciones”, analiza Madistin. “El fracaso también es de la comunidad internacional y de Naciones Unidas, cuya misión era estabilizar políticamente al país”, dice el abogado.
Luego de 13 años de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (Minustah, 2004-2017), que llegó a contar con 9.000 cascos azules y más de 4.000 policías internacionales, la ONU ha ido reduciendo su presencia en el país, que hoy se reduce a una oficina política de unas sesenta personas, aunque mantiene su mandato de “fortalecer la estabilidad política y el buen gobierno”.
Que nadie en Haití sea capaz de controlar el accionar del gobierno o aprobar leyes no conmueve particularmente a los habitantes, oprimidos por la amenaza de las pandillas, la pobreza extrema o el recrudecimiento del cólera.
“Los ciudadanos no están realmente interesados en este problema de representatividad: su prioridad es la seguridad”, observa Gédéon Jean, director del Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos (CARDH).
Durante 2022, esta organización registró al menos 857 secuestros cometidos por bandas armadas.
Corruptos y traficantes
El desinterés de los habitantes por la política se ha incrementado paulatinamente ante los escándalos en los que se han visto implicados ministros, diputados o senadores, sin que la justicia actúe y dicte sanciones.
Apenas más del 20% de los votantes participaron en las últimas elecciones que organizó el país, en noviembre de 2016.
“El Parlamento se ha convertido en la capital de la corrupción: la gente vota allí por dinero, por cargos directivos”, denuncia el director del CARDH.
“Teníamos gente corrupta en el Parlamento, traficantes de drogas, gente lavaba dinero”, agrega Jean.
Efectivamente, el oprobio había caído sobre la última legislatura incluso antes de la entrada en funciones de los parlamentarios.
Como el caso de Guy Philippe: en enero de 2017, cuatro días antes del inicio de su mandato como senador que le ofrecía inmunidad, este hombre vinculado a poderosos paramilitares fue detenido en Puerto Príncipe. Extraditado el mismo día a Florida, se declaró culpable y fue sentenciado a nueve años de prisión por lavado de dinero del narcotráfico.
En noviembre de 2022, varios empresarios y políticos, incluido el presidente saliente del Senado, Joseph Lambert, fueron sancionados por Estados Unidos y Canadá que los acusan de estar involucrados en el narcotráfico y de mantener vínculos con redes criminales.
