Diputados de una comisión de la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, acordaron este lunes reformas al Código Penal de El Salvador para que el delito de feminicidio no prescriba, según informó dicho órgano de Estado.
De acuerdo con la fuente, los parlamentarios de la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género emitieron un dictamen favorable para realizar cambios a los artículos 32 y 34 del Código Penal.
Además, aprobaron incorporar el artículo ’58-A’ a la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) para «reforzar la no caducidad de este tipo de hechos cometidos en contra de las mujeres y para que no queden en la impunidad», apuntó.
Agregó que las iniciativas serán presentadas al pleno legislativo, para su posterior aprobación, en l...
Diputados de una comisión de la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, acordaron este lunes reformas al Código Penal de El Salvador para que el delito de feminicidio no prescriba, según informó dicho órgano de Estado.
De acuerdo con la fuente, los parlamentarios de la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género emitieron un dictamen favorable para realizar cambios a los artículos 32 y 34 del Código Penal.
Además, aprobaron incorporar el artículo ’58-A’ a la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) para «reforzar la no caducidad de este tipo de hechos cometidos en contra de las mujeres y para que no queden en la impunidad», apuntó.
Agregó que las iniciativas serán presentadas al pleno legislativo, para su posterior aprobación, en la próxima sesión plenaria.
La feminista Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) indicó recientemente que, según sus estimaciones basada en el seguimiento de las noticias, en 2022 ocurrieron al menos 68 casos de muertes violentas de mujeres y feminicidios.
Esta cifra representaría un caída del 46 %, con 35 casos menos en 2022 respecto a 2021.
Según datos de la Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres de 2017, las salvadoreñas muestran un muy bajo nivel de confianza en la administración de justicia.
Solo 6 de cada 100 mujeres denuncian los actos de violencia contra ellas, cifras que bajan al 0 % de denuncias en los casos de violencia contra mujeres afrodescendientes e indígenas.
