El Instituto Médico Legal (IML, por sus siglas en francés), la única institución encargada de realizar autopsias al servicio de la Justicia en Haití, se acerca a los dos años sin operar ante la falta de presupuesto y equipos especializados.
En Haití, en cuanto a los casos penales y de homicidio, para que la Justicia pueda investigar correctamente y tomar una decisión objetiva, necesita obligatoriamente fe una investigación forense.
«La justicia penal no puede funcionar sin la medicina forense. Sea quien sea el criminal, este saldrá en libertad si el tribunal no dispone de información clara que demuestre que esa persona no solo está muerta, sino quién la mató», afirmó el director del instituto, Jean Armel Demorcy, en declaraciones a EFE.
Sin embargo, esa institución ha dejado de existir en realidad desde hace casi dos años, ante la total indiferencia de las autoridades estatales.
Al servicio de una justicia que no sirve a nadie
«En 20 años de autopsias periódicas, la justicia nunca me ha llamado para preguntarme qué he encontrado», aseguró Demorcy, quien señala que desde que se creó el organismo solo ha habido un juicio en el que se haya recurrido al instituto. Y ni siquiera fueron los tribunales, sino organizaciones de mujeres.
Para 11 millones de haitianos, solo hay dos médicos forenses. Uno vive en Haití. La otra persona es una doctora que reside entre Haití y Estados Unidos tras escapar de un intento de secuestro en la nación caribeña.
En 20 años se han realizado entre 2,000 y 3,000 autopsias. El último caso emblemático tratado por el instituto antes de que cayera en el abandono fue la autopsia del presidente haitiano, Jovenel Moise, asesinado en su residencia privada en julio de 2021.
Herramienta fundamental para la justicia
La sociedad va un poco por delante del Estado en este tema. Rara vez la Fiscalía, a través de un juez de la Instrucción, exige una autopsia en el marco de una investigación que está llevando a cabo, criticó el experto.
Esto causa un gran impacto entre la población, porque hay muchos casos de muertes sospechosas. La gente (afectada) te llama, pero no encuentra la respuesta que necesita, porque no hay autopsia, dijo Demorcy.
«Entonces, es el reino de la impunidad porque no puedes dar explicaciones a la gente. Esto refleja una disfunción total del sistema judicial, que no puede desempeñar su papel», afirmó.
Sin embargo, según la ley haitiana, en cualquier caso de muerte sospechosa o violenta, es necesario una autopsia para determinar las causas y las circunstancias.
En la mentalidad haitiana, ninguna muerte es natural. De ahí la importancia de una herramienta como el Instituto Médico Legal.
«No se debe enterrar a alguien que ha muerto de forma sospechosa o violenta sin una autopsia», dijo Demorcy, calificando de violación flagrante de la ley la abrumadora mayoría de casos de personas que han muerto de forma sospechosa o violenta enterradas sin autopsia.
La medicina forense deja de existir
«Esto significa que el Estado no existe. Esta es una de las oportunidades que tiene el Estado de manifestarse. Esto es para garantizar el orden social. De lo contrario, es el reino de la impunidad, es el reino del ajuste de cuentas», se lamentó.
Advirtió, a manera de ejemplo, que «cuando matan a tu familia y el Estado no puede garantizar el esclarecimiento de las circunstancias para condenar al agresor, cuando conoces al agresor, la venganza parece inevitable».
Sin laboratorio, sin personal, sin material y sin presupuesto, la medicina forense en Haití está colapsada. Las consecuencias de su inexistencia son investigaciones que se prolongan indefinidamente y la prolongada detención preventiva que domina el sistema judicial haitiano desde hace al menos dos décadas.
Desde 2002 hasta hoy, apenas se han nombrado dos empleados. Un secretario y un administrador. El resto del personal técnico que se espera que dirija el instituto forense nunca es de la incumbencia del Estado.
Un instituto totalmente disfuncional
«La gota que colmó el vaso se produjo a finales de 2021, el instituto se encuentra en una situación totalmente disfuncional», afirmó Demorcy. El último dinero que se recibió del Ministerio de Justicia fue en 2021. Después, nada.
En 2012, el órgano de investigación criminal fue dotado de un marco jurídico mediante un decreto que lo sitúa bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia, que debe garantizar su funcionamiento, incluso dotándolo de material, y del Ministerio de Salud Pública, que debe nombrar a su personal.
A pesar de las peticiones para el aumento del personal, nunca se ha hecho. Por ello, en 2021 se constató que el instituto ya no funcionaba. «Ya no realizamos autopsias. Somos totalmente disfuncionales. En estos momentos no podemos realizar ninguna pericia», sentenció Demorcy.
