La unidad del primer gobierno de coalición de España se enfrentó el martes a su prueba más dura en tres años en el poder, después de que los dos partidos gobernantes de izquierda discreparan sobre la reforma de una ley pionera de violencia sexual que ha llevado inadvertidamente a la reducción de penas para más de 700 delincuentes y ha causado indignación a nivel nacional.
Ambos partidos han afirmado que la coalición permanecerá intacta y terminará la legislatura de este año. Pero las heridas a consecuencia de la ley están tan abiertas que podrían presagiar el final de una fructífera alianza que ha producido varias leyes progresistas, pero que corre el riesgo de verse dividida por su causa emblemática.
La lucha se produjo un día antes de que miles de mujeres, y hombres, planearan salir a las calles de Madrid, Barcelona y otras ciudades del país en lo que se ha convertido año con año en una de las mayores concentraciones del mundo con motivo del Día Internacional de la Mujer.
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), al que pertenece el presidente del gobierno Pedro Sánchez, y el partido antiausteridad Unidas Podemos se enfrentan por una de las causas más importantes de su gobierno: una ley contra la violencia sexual que, mientras aumenta el apoyo y los recursos para las víctimas, también ha permitido inadvertidamente reducir las sentencias de al menos 721 condenados desde que entró en vigor en octubre, incluida la liberación anticipada de 74 convictos, según la rama judicial.
La Ley de Libertad Sexual debía ser uno de los logros más importantes de gobierno. En cambio, se ha convertido en un lastre político que está a punto de enfrentar a los dos socios en el Parlamento.
Unidas Podemos que patrocinó la nueva ley el año pasado, votó a última hora del martes en contra de que el Parlamento considerara una reforma propuesta por los socialistas para restablecer penas de prisión más elevadas para futuros agresores sexuales. Pero la modificación propuesta fue aprobada -por 231 votos a favor, 56 en contra y 58 abstenciones- para proseguir con el proceso legislativo.
Los socialistas la sacaron adelante con el raro respaldo del partido conservador que lidera la oposición. Unidas Podemos consideró esa alineación como una traición, tomando en cuenta los antecedentes de los conservadores de oponerse a leyes como la ampliación del derecho al aborto.
Los socialista dijeron que la ley contiene defectos y quieren introducir enmiendas técnicas para restaurar sentencias mínimas más largas. Por ejemplo, quieren que la violación reciba una condena mínima de seis años en lugar de los cuatro previstos por la nueva ley vigente.
Pero la ministra de Igualdad, Irene Montero, de Unidas Podemos que promovió la ley, insiste en que el problema radica en el sexismo endémico de algunos jueces.
Señaló que la reforma de los socialistas es contraria a la esencia de la ley, la cual estableció la falta de consentimiento por parte de la víctima como la clave para determinar si hubo delito sexual. El cambio propuesto volvería a dar importancia a si el presunto agresor empleó la fuerza.
El enconado debate en el Congreso promete ahondar la división entre los socialistas, que presumen de llevar décadas al frente de la causa feminista, y la advenediza Unidas Podemos, que pertenece a la ola de políticas más radicales de izquierda.
La legisladora socialista Andrea Fernández presentó la reforma y reprendió al socio menor de su partido señalando que: “Estamos cansadas de sus peroratas, señorías de Unidas Podemos… La Ley no está funcionando adecuadamente y hay que modificarla”.
Lucía Muñoz de Unidas Podemos respondió que la reforma significaría que los jueces tendrían que volver “a preguntarnos si cerramos bien las piernas” para demostrar que ocurrió un abuso sexual.
Los socialistas insisten que el consentimiento seguirá siendo una pieza central de la ley, algo con lo que discrepa Unidas Podemos.
