SANTO DOMINGO.- El partido Opción Democrática respaldó las acciones del Ministerio Público en la denominada Operación Calamar, por medio a la que fueron detenidos los exministros Administrativos de la Presidencia, José Ramón Peralta, de Hacienda, Donald Guerrero y de Obras Públicas y Comunicaciones, Gonzalo Castillo, por alegados actos de corrupción.
Mediante un comunicado la organización calificó la iniciativa como una acción importante en la lucha por lograr un país libre de impunidad. “Tenemos la seguridad de que respetando el debido proceso y haciendo cumplir la ley, los tribunales de este país serán capaces de producir justicia”, expresó a través de un comunicado.
La entidad que dirige Minú Tavarez Mirabal dijo que la falta de justicia ante décadas de corrupción administrativa es uno ...
SANTO DOMINGO.- El partido Opción Democrática respaldó las acciones del Ministerio Público en la denominada Operación Calamar, por medio a la que fueron detenidos los exministros Administrativos de la Presidencia, José Ramón Peralta, de Hacienda, Donald Guerrero y de Obras Públicas y Comunicaciones, Gonzalo Castillo, por alegados actos de corrupción.
Mediante un comunicado la organización calificó la iniciativa como una acción importante en la lucha por lograr un país libre de impunidad. “Tenemos la seguridad de que respetando el debido proceso y haciendo cumplir la ley, los tribunales de este país serán capaces de producir justicia”, expresó a través de un comunicado.
La entidad que dirige Minú Tavarez Mirabal dijo que la falta de justicia ante décadas de corrupción administrativa es uno de los grandes reclamos de la sociedad dominicana, “por eso hemos participado con mucho entusiasmo en cada manifestación social convocada desde enero 2017”, sostuvo.
Advirtió que la justicia sólo se puede medir por cómo terminan de ser juzgados en los tribunales los hechos punibles, no por cómo se comienza o las expectativas que generan los medios de comunicación, ni mucho menos el aparataje poco útil a la causa de la justicia.
Afirmó que es tiempo de que cada quien rinda cuentas sobre su manejo de los recursos públicos, y que quienes hayan violado la ley paguen las consecuencias.
