Puerto Príncipe, 21 may.- Las celebraciones por el Día de la Bandera y el atentado contra el juez Jean Wilner Morin que investiga casos de corrupción, destacan en la semana que culmina en Haití.
Por primera vez el Gobierno trasladó los festejos por el aniversario 20 de la bicolor a la ciudad de Cabo Haitiano, en el extremo norte del país, ante la inseguridad y violencia que sufre la capital y los accesos a Arcahaie donde la enfermera y revolucionaria Catherine Flon cosió la insignia nacional el 18 de mayo de 1803.
La decisión provocó numerosas críticas al primer ministro Ariel Henry, quien en el discurso central insistió nuevamente en la necesidad de diálogo y unión ante la grave crisis que atraviesa la nación caribeña y reiteró la urgencia de celebrar elecciones.
El titular señaló que 2023 es un año decisivo para la nación y reiteró que es hora de reforzar las instituciones estatales para que puedan desempeñar su papel y dar a los ciudadanos la confianza en el futuro.
Es importante hoy invitar a todos a sentarse a discutir, a dialogar, debemos escuchar las necesidades de nuestros compatriotas que quieren vivir en paz, que quieren restituir los derechos de las personas mayores, de elegir, libremente quienes lo dirigirán, dijo Henry.
Mientras el Gobierno trasladó la ceremonia por preocupaciones con la seguridad, en la capital individuos armados abrieron fuego contra el vehículo del juez Jean Wilner Morin, quien actualmente investiga casos sensibles relacionados con la Administración General de Aduanas y el Fondo de Asistencia Social.
El magistrado y su chofer salieron ilesos, confirmó luego la Asociación Profesional de Jueces y condenó el «odioso» atentado, al tiempo que instó a las autoridades competentes asumir sus responsabilidades y garantizar a los ciudadanos el derecho a la seguridad.
Por su parte, la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití expresó preocupación por las amenazas, intimidaciones y actos violentos contra agentes de policía, jueces encargados de casos delicados y actores judiciales.
El organismo instó a las autoridades a tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los magistrados y agentes judiciales que trabajan en condiciones difíciles.
