SANTO DOMINGO.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) promovió este martes una marcha de afiliados por calles de la Capital en la que denunció «19 años de violación a la independencia de la justicia».
El CARD afirmó que el Poder Judicial y la Procuraduría General de la República mendigan al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional la entrega de recursos necesarios para mejorar las condiciones de jueces y fiscales.
Sostuvo que las partidas para el sector justicia están contemplados en la Ley 194-04, de Independencia y Autonomía Presupuestaria, pero no son entregadas en su totalidad..
Miguel Surun Hernández, presidente del CARD, afirmó que el Poder Ejecutivo coacciona y obliga al Poder Judicial y a la Procuraduría General de la República a presentar proyectos de presupuestos...
SANTO DOMINGO.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) promovió este martes una marcha de afiliados por calles de la Capital en la que denunció «19 años de violación a la independencia de la justicia».
El CARD afirmó que el Poder Judicial y la Procuraduría General de la República mendigan al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional la entrega de recursos necesarios para mejorar las condiciones de jueces y fiscales.
Sostuvo que las partidas para el sector justicia están contemplados en la Ley 194-04, de Independencia y Autonomía Presupuestaria, pero no son entregadas en su totalidad..
Miguel Surun Hernández, presidente del CARD, afirmó que el Poder Ejecutivo coacciona y obliga al Poder Judicial y a la Procuraduría General de la República a presentar proyectos de presupuestos muy por debajo de los porcentajes dispuestos por la Ley 194-04.
Esta situación, alegó, «no solo plasma el nivel de sumisión y dependencia de la justicia, sino que genera las falencias y deficiencias en la administración de justicia, que es la principal causa de que existan 18 mil presos preventivos en condiciones infrahumanas, con procesos que se eternizan por falta de fiscales, jueces y personal que no son contratados, por falta de recursos.
“Las limitaciones de recursos han imposibilitado la puesta en funcionamiento de más de 400 tribunales aprobados por leyes especiales, que gran parte de los actuales laboren en condiciones deplorables, que los titulares y otros servidores del Ministerio Público reciban salarios pírricos y carezcan de condiciones para perseguir el crimen», dijo el jurista.
