RIO DE JANEIRO.- La justicia electoral de Brasil llega este viernes a un momento decisivo del juicio contra el exmandatario Jair Bolsonaro, que podría quedar inhabilitado para postularse a los comicios presidenciales de 2026 por desinformar sobre el sistema de votación.
Hasta ahora, tres de los siete jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE) votaron a favor de la condena, y uno en contra. Bolsonaro es juzgado por haber cuestionado la confiabilidad de las urnas electrónicas en Brasil durante una reunión con embajadores en julio de 2022.
El próximo voto, que se conocerá a partir de las 12H00 (15H00 GMT), puede ser decisivo, ya que el veredicto se define por mayoría del pleno (al menos 4 de 7 votos).
Si es condenado, quedaría inhabilitado políticamente por ocho años.
Se espera que el TSE concluya el juicio este viernes, aunque el desenlace podría aplazarse si alguno de los magistrados pide más tiempo para examinar el caso.
Bolsonaro, ausente en todas las sesiones del juicio iniciado la semana pasada en la sede del TSE en Brasilia, tampoco tiene previsto comparecer el viernes.
Cuando reanuden las deliberaciones, el excapitán estará en Belo Horizonte (Minas Gerais, sureste), donde almorzará con miembros de su Partido Liberal (PL), informó la agrupación.
Bolsonaro, que perdió la elección en octubre ante el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva por estrecho margen, defiende su inocencia.
«No cometí ningún delito al reunirme con embajadores. Querer quitarme los derechos políticos por abuso de poder político es inexplicable», dijo el jueves a periodistas.
– «Narrativa delirante» –
El caso se centra en un evento con diplomáticos organizado por Bolsonaro en la residencia presidencial de la Alvorada, en el que aseguró sin pruebas que buscaba «corregir fallas» del sistema de urnas electrónicas con la «participación de las Fuerzas Armadas».
En su discurso, transmitido por la TV pública y las redes sociales, Bolsonaro dijo que la supuesta vulnerabilidad del sistema podía servir para manipular el resultado en su contra, algo que repitió en numerosas ocasiones durante la campaña electoral contra Lula.
Los tres jueces que ya votaron para condenarlo criticaron duramente su conducta.
El instructor del caso, Benedito Gonçalves, asoció a Bolsonaro a un «discurso violento y mentiras» que pusieron «en jaque la credibilidad de la justicia electoral», y dijo que la reunión con los diplomáticos «sirvió para incitar un estado de paranoia colectiva» sobre el sistema electoral.
El discurso de Bolsonaro se convirtió en una «narrativa delirante con efectos nefastos para la democracia», y no se trató de un acto aislado, sino de algo «concatenado estratégicamente a lo largo del tiempo, con fines electoreros», apuntó por su parte el juez André Ramos Tavares.
«¿Qué puede ser más grave para un jefe de Estado que, con objetivos electorales, movilizar el aparato de la República para transmitir intencionadamente la idea de que las elecciones brasileñas no son limpias?», agregó el magistrado Floriano Marques, al justificar su voto condenatorio.
El único parecer hasta ahora favorable a Bolsonaro fue de Raul Araújo, para quien «la intensidad del comportamiento no fue tal para justificar la medida extrema de la inelegibilidad».
– El futuro político de Bolsonaro –
El abogado de Bolsonaro, Tarcisio Vieira, anticipó que en caso de condena, recurrirá la decisión ante el Supremo Tribunal Federal.
Una inhabilitación política dejaría a Bolsonaro, de 68 años, fuera de las próximas presidenciales en 2026 y abriría una carrera por el liderazgo de la derecha en Brasil, por ahora sin alternativas claras.
Tras la derrota en octubre (por 50,9% frente a 49,1% de los votos), bolsonaristas radicales cortaron carreteras y acamparon frente a cuarteles de todo el país pidiendo una intervención militar.
El 8 de enero, una semana después de la investidura de Lula, miles de bolsonaristas invadieron y saquearon los edificios de la Presidencia, del Congreso y de la corte suprema en Brasilia.
El ultraderechista enfrenta más de una decena de otros procesos administrativos en el tribunal electoral y es objeto de cinco investigaciones en la corte suprema, con penas susceptibles de prisión.
